Vecinos víctimas del Cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez denuncian a las instituciones bancarias del país ante la Asociación de Bancos de México (ABM). Son cómplices de la red de corrupción en el sector de bienes raíces. Han entregado créditos hipotecarios desde 2001, basados en documentos falsificados, para financiar la construcción de edificios irregulares.
“La banca participa y ha participado activamente sin realizar la comprobación física-técnica de los documentos entregados por los solicitantes de los créditos hipotecarios”, argumentaron.
De acuerdo con la agrupación y comité vecinal, son alrededor de 3 mil las construcciones edificadas bajo dicho contexto. Una cifra que supera en más de 1700 por ciento los datos detectados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Además, 1 mil 015 inmuebles no cumplen con la norma de separación de colindancias sísmica. Esta información se puede consultar a través del mapa de edificaciones irregulares e ilegales en www.alcaldiabenitojuarez.com.
Para los vecinos, es alarmante que los inmuebles no cuenten con las mínimas normas de construcción. Ya que en caso de un sismo –de mediana o grave intensidad–, los daños y/o colapsos no podrán ser cubiertos por las aseguradoras. Ésto debido a que es “fácilmente demostrable que no cumplen con las normas elementales de construcción en materia sísmica”. En un tiempo, sufrirán daños graves o sucumbirán. Y sus habitantes estarán en riesgo de morir.
Otras irregularidades se presentan en los servicios públicos de agua, drenaje, movilidad y seguridad. Pues hay:
-Una sola toma de agua no individualizada
-Un solo medidor de luz. También sin individualizar
-Vicios ocultos al interior de los departamentos
-Elevadores de carros sin funcionar
-Filtraciones de agua
-Mal sellado de ventanas
-Estacionamientos sin espacio para abrir la portezuela
“Estas compras de departamentos se han realizado de buena fe, confiando en las constructoras, y terminan siendo habitaciones riesgosas o endebles ante un sismo determinante”, recalcó la asociación vecinal. En consecuencia, demandó el cese y terminación del financiamiento hipotecario para la construcción de inmuebles irregulares e ilegales. Los préstamos hipotecarios sólo deberían darse, luego de que los clientes hayan certificado, físicamente, la veracidad de la separación de colindancias sísmicas y las otras normas de construcción vigentes.
En ese contexto, también exhortaron a los ciudadanos, quienes hayan terminado de pagar, a demandar por la vía civil o penal –si está en sus posibilidades– a las instituciones bancarias, a la alcaldía Benito Juárez y a las compañías constructoras. Ello con el objetivo de que les sea devuelto su capital e intereses.
Actualmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha detectado más de 130 inmuebles irregulares –los cuales violan el uso de suelo– edificados entre 2014 y 2021 en la Benito Juárez. Asimismo, se ha llevado a cabo la detención de ocho exfuncionarios por su presunta relación con la red de corrupción en el sector de bienes raíces. Entre ellos, se encuentran Sofía Soraya “N”, Christian Von Roehrich y Nicias René “N”. Se presume coludidos a Santiago Taboada –actual alcalde de la demarcación–, Jorge Romero Herrera –diputado del Congreso de la Unión de México– y Víctor “N” –director general de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana de la alcaldía–.
