En México, 41.5 millones de personas de todas las edades están subalimentadas o malnutridas, revela un estudio de la ONU. La desigualdad económica; la falta de aplicación –por décadas– de políticas de seguridad alimentaria, y el abandono a las familias campesinas durante el neoliberalismo tiene al 32.2 por ciento de la población con problemas para alimentarse sanamente. La pandemia causó más estragos entre este sector y retrasó los efectos de los nuevos programas sociales

En México, 33 millones 900 mil personas no pueden permitirse una dieta saludable. Se trata del 26.3 por ciento de la población, según un estudio multidisciplinario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Otros 7 millones 600 mil personas están subalimentadas por otras razones. En total, en el país hay 41 millones 500 mil personas malnutridas, detalla el informe.

La pandemia de Covid-19 encontró a una población mexicana vulnerable por falta de alimentación adecuada y altos porcentajes de emaciación o adelgazamiento morboso.

Asimismo, en todo el mundo la pandemia profundizó las desigualdades y provocó una crisis económica que padecen más los estratos pobres. Todos los países presentan retrocesos o estancamientos en la lucha por garantizar mejor niveles de nutrición a sus poblaciones.

El informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022. Adaptación de las políticas alimentarias y agrícolas para hacer las dietas saludables más asequibles está fechado en diciembre pasado y fue elaborado por cinco organismos de la ONU: la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés); el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su acrónimo en inglés).

En el caso de México, detalla que de los 41.5 millones malnutridos, un total de 7 millones 600 mil (el 6.1 por ciento de la población) padecen subalimentación. Otros 4 millones 800 mil (3.7 por ciento) se encuentran en inseguridad alimentaria grave. Y 28 millones 900 mil (22.4 por ciento), en inseguridad alimentaria moderada.

De entre todo ellos, se cuentan 200 mil niños y niñas menores de 5 años con emaciación, es decir, adelgazamiento morboso. Se trata del 1.4 por ciento de los infantes de ese rango de edad.

También hay 1 millón 300 mil menores de 5 años (12.1 por ciento del total) con retraso en el crecimiento debido a factores de asociados con la nutrición.

El estudio multidisciplinario de la ONU también arroja que el costo diario de una dieta saludable en México asciende a 3.293 dólares por persona, unos 64 pesos mexicanos. El monto está fuera del alcance de 33 millones 900 mil personas, bajo el entendido que en una familia de cinco integrantes requiere diariamente de 16.465 dólares, unos 320 pesos al día.

En el documento, México es considerado un país de ingresos medianos altos; pero con profundas desigualdades. Por ello, recomienda al gobierno mexicano “otorgar prioridad a las inversiones públicas en la agricultura, teniendo también en cuenta la nutrición”.

De manera específica sugiere al país “invertir en el sector de la caña de azúcar, pues proporciona los mayores beneficios en relación con el crecimiento de la producción, el bienestar y la reducción de la pobreza en comparación con otros sectores agrícolas”.

Advierte que las cosechas en este sector no se deben destinar al incremento de la producción de bebidas azucaradas ni confitería. De hecho, recomienda gravar estos productos de escaso valor nutricional al consumo final. Lo que el estudio recomienda es “aprovechar el potencial del sector como principal materia prima para la obtención de biocombustible”.

Además de apoyar la agricultura, el Estado debe, al mismo tiempo, otorgar prioridad al apoyo relacionado con los servicios generales a los que tiene derecho la población. Los presupuestos públicos se deben orientar a estos dos rubros “para garantizar que los objetivos de transformación agrícola […] estén adecuadamente armonizados con el objetivo de reducir el costo e incrementar la asequibilidad de las dietas saludables”.

Y recomienda que para minimizar los efectos negativos que estas medidas pudieran tener, los presupuestos destinados a la agricultura se deben adaptar “de manera muy cuidadosa para garantizar que puedan beneficiar a todos los actores de manera colectiva, en particular a las mujeres y los jóvenes”.

También recomienda a México ampliar los programas de apoyo existentes, y “crear nuevas iniciativas de protección social para apoyar los medios de vida de los hogares en caso de crisis, en particular a causa de los cambios en las políticas”.

Evalúa que el Programa de Apoyo al Campo (Procampo, que luego se convertiría en Proagro) no resultó adecuado para garantizar la seguridad alimentaria. Recuerda que esta iniciativa se puso en marcha tras la liberalización del comercio agropecuario luego de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994.

Detalla que el Procampo fue en realidad una supuesta transferencia de ingresos compensatoria dirigida a los productores frente a la disminución prevista de los precios internos de los cultivos básicos, por la llegada de los granos cultivados en Estados Unidos.

Sin embargo, tras 25 años de funcionamiento, el principal resultado del programa fue que “benefició en mayor medida a los productores más ricos y grandes que a los productores más pobres y pequeños, ya que las transferencias estaban vinculadas principalmente a la superficie de producción que poseían los beneficiarios”.

De manera marginal tuvo efectos positivos con respecto a la reducción de la pobreza y las desigualdades.

Reconoce que el Procampo fue sustituido por una nueva iniciativa en 2019, con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los resultados podrán conocerse en un  próximo estudio.

Como se recordará, el actual gobierno sustituyó el Procampo por una serie de programas con dos objetivos generales. El primero es apoyar de manera integral a las familias rurales. Al mismo tiempo se busca que incrementar la producción agropecuaria para que México sea autosuficiente en materia alimentaria.

En sustitución del Procampo, hoy se aplican en las 32 entidades federativas seis programas: Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Precios de Garantía, Bienpesca, Abasto Rural y Abasto Social de Leche.

El estudio muestra que en materia de nutrición y seguridad alimentaria todos los países retrocedieron o se estancaron con la llegada de la pandemia de Copvid-19.

El informe destaca que la evaluación de los resultados obtenidos a nivel mundial “debería disipar cualquier duda que quede de que el mundo está retrocediendo en sus esfuerzos por acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas”.

Advierte que sólo faltan 7 años para 2030, el año fijado para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La distancia para alcanzar la mayoría de las metas establecidas se ha ampliado aún más, sobre todo las del Objetivo 2, correspondiente al Hambre y Seguridad Alimentaria. Con respecto a este rubro, incluso cada vez se vuelven más difíciles de alcanzar.

“Se están realizando esfuerzos para avanzar hacia el logro del ODS 2, aunque están resultando ser insuficientes en un contexto más difícil e incierto”, señala. Advierte que entre 702 y 828 millones de personas se enfrentan hambre en todo el mundo. Es decir, 180 millones más que cuando se puso en marcha la Agenda 2030 para alcanzar los ODS.

Detalla que la mayoría de las personas que se agregaron a esta estadística lo hicieron luego de la pandemia de Covid-19. Y entre quienes no pasan hambre pero sí resultan afectadas en materia de seguridad alimentaria se incrementaron en 350 millones desde 2019, para llegar a 2 mil 310 millones. Es decir, uno de cada tres seres humanos en el mundo padece alguna dificultad para alimentarse de manera sana.

Señala que “las dietas saludables, cruciales para mejorar la seguridad alimentaria y prevenir todas las formas de malnutrición, también están ahora aún más fuera del alcance de las personas de todas las regiones del mundo”.

Agrega que en todo el planeta casi 3 mil 100 millones de personas no pueden permitirse una dieta saludable, “lo que representa un incremento de 112 millones de personas respecto de 2019”.

En estudio se señala que la nutrición no sólo es un asunto de disponibilidad de alimentos de cualquier tipo, sino de aquellos que son saludables y de que las personas puedan elegir lo que es sano.

“Hacer que los alimentos nutritivos sean más ampliamente accesibles y asequibles es una condición necesaria, aunque insuficiente, para que los consumidores puedan elegir, preferir y consumir dietas saludables. Por ende, el vínculo con políticas complementarias que promuevan dietas saludables resulta crítico para el éxito.”

Detalla que los sistemas agroalimentarios de los países deben enfocarse en la producción de alimentos sanos. Y las autoridades deben trabajar en la generación de nuevos entornos de consumo informado.

Se refiere a “la importancia de las políticas que promueven cambios en los entornos alimentarios y el comportamiento de los consumidores en favor de hábitos alimentarios saludables. Estas pueden incluir la aplicación de límites obligatorios o metas voluntarias para mejorar la calidad nutricional de las bebidas y alimentos elaborados, cumpliendo así la legislación sobre comercialización de alimentos, y aplicando políticas de etiquetado nutricional y de adquisición saludable a fin de garantizar que los alimentos que se sirven o venden en las instituciones públicas contribuyan a dietas saludables”.

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