Más de 4 mil servidores públicos han sido sancionados durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha presentado 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), de las cuales 53 han derivado en vinculaciones a proceso.

La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro Sánchez, informó en la conferencia matutina que, en materia administrativa, 4 mil 193 servidores públicos han sido sancionados. De ellos, 3 mil 528 incurrieron en faltas no graves y 665 en faltas graves.

Detalló que entre las conductas que concentran las sanciones se encuentran otorgar o autorizar pagos indebidos, aprobar pagos por bienes o servicios que no fueron entregados, realizar compras innecesarias o injustificadas, sustraer información bajo resguardo de los servidores públicos, ocultar bienes o incrementos patrimoniales, falsificar documentos y cometer hostigamiento o acoso sexual.

Asimismo, explicó que en el caso de las faltas graves la Secretaría no puede imponer directamente la sanción, por ello, ha remitido 1 mil 737 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). De estos, 87 ya fueron notificados como sancionados y 1 mil 650 permanecen en proceso.

Reportó 286 personas morales sancionadas: 222 fueron inhabilitadas y multadas, mientras que 64 recibieron únicamente una multa. En conjunto, las sanciones económicas impuestas ascienden a 147.3 millones de pesos.

Entre las principales irregularidades detectadas en estos casos están la presentación de documentación falsa en licitaciones, el incumplimiento de contratos, la simulación de experiencia técnica, personal o capacidad económica y el ocultamiento de conflictos de interés.

La funcionaria explicó que una de las prácticas detectadas consiste en que distintas empresas que participan en la misma licitación pertenecen al mismo propietario, con lo que aparentan competencia entre sí pese a que existe un interés común detrás de las propuestas.

A estas sanciones se suman 51 particulares sancionados en materia de protección de datos personales, con multas que alcanzan 118.5 millones de pesos, como parte de las atribuciones que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asumió tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

De acuerdo con la titular de Anticorrupción, durante los primeros dos años del gobierno federal se han presentado 517 denuncias contra servidores públicos, de las cuales 53 han derivado en vinculaciones a proceso.

Entre los delitos identificados se encuentran enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.

Buenrostro puso como ejemplo un caso ocurrido en la entonces Policía Federal, relacionado con la contratación, en 2015, de un servicio de inteligencia por 130 millones de dólares. Posteriormente, se solicitaron 65 millones de dólares adicionales con el argumento de que serían destinados a gastos de seguridad nacional; sin embargo, de acuerdo con la funcionaria, esos recursos fueron entregados sin que correspondieran al pago del servicio contratado.

La Secretaría identificó en el caso abuso de funciones y desvío de recursos, por lo que impuso inhabilitaciones de 15 y 20 años a dos exfuncionarios y solicitó la reparación del daño por los 65 millones de dólares. Además, presentó una denuncia ante la FGR, donde el caso continúa en investigación.

Otro de los casos corresponde a un contrato de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para producir y envasar más de 2 mil toneladas de frijol. El contrato tenía un valor de 80 millones de pesos, pero antes de que se prestara el servicio se entregaron 73.6 millones de pesos al proveedor. El servicio, sin embargo, nunca se realizó.

La dependencia consideró que se trató de un pago indebido, además de posibles actos de abuso de funciones y desvío de recursos. En el caso están involucrados nueve servidores públicos y un proveedor. El expediente fue enviado al TFJA por la vía administrativa y también se presentó una denuncia ante la FGR por la posible comisión de delitos.

Un tercer caso se detectó en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde fueron encontradas cajas de medicamentos que habían sido reetiquetadas, principalmente productos oncológicos. Las modificaciones se realizaban en un almacén privado que prestaba servicios al instituto y, de acuerdo con Buenrostro, en estas acciones estaban involucrados tanto servidores públicos como personas externas.

Por este caso, en 2025 se presentó una denuncia penal contra servidores públicos, un particular y quienes resultaran responsables. Posteriormente, en febrero de 2026, la Secretaría integró un expediente administrativo por faltas graves, entre ellas abuso de funciones y daño patrimonial, que fue enviado al Tribunal.

Los casos, de acuerdo con la funcionaria muestran las dos vías que puede seguir una irregularidad detectada por la Secretaría: cuando se trata de una falta administrativa grave, el expediente se remite al Tribunal para que determine la sanción correspondiente; cuando los hechos pueden constituir un delito, también se presenta una denuncia ante la FGR para que realice la investigación penal.

Aunque la Secretaría reportó 83.8 mil millones de pesos en ahorros preventivos durante los primeros dos años del gobierno, Buenrostro señaló que la estrategia también contempla actuar cuando las irregularidades ya fueron detectadas. De acuerdo con el desglose presentado, 29 mil millones de pesos corresponden a mejoras en compras públicas, 42.2 mil millones al seguimiento de contratos, 7.8 mil millones a eficiencia en la estructura gubernamental y 4.8 mil millones a multas y sanciones.

La funcionaria llamó además a utilizar Denuncias MX para reportar posibles actos de corrupción, mecanismo mediante el cual se pueden presentar denuncias por distintas vías, incluso de manera anónima.

Te podría interesar: México, entre los países de la OCDE con menor deuda respecto al PIB: Sheinbaum