De los 1 mil 77 casos investigados entre 2012 y junio de 2018 por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), menos del 13 por ciento fueron llevados ante tribunales o resueltos mediante acuerdos reparatorios. Sólo cinco de esas investigaciones –menos del 1 por ciento– resultaron en condenas.
El informe Cambiando el curso de la impunidad precisa que después de la fecha límite (junio) establecida para el análisis de datos, se lograron otras cinco condenas hasta diciembre de 2018. Sin embargo, detalla, ninguna correspondía a homicidios, desapariciones o secuestros, “y aún no está claro si serán apeladas”.
“La incapacidad del gobierno mexicano para investigar y sancionar adecuadamente los ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos ha dejado a esta población vulnerable ante los ataques”, señala la investigación publicada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y Brigadas Internacionales de Paz.
En el caso de las investigaciones iniciadas por las procuradurías y fiscalías estatales por delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, menos del 4 por ciento de los casos fueron llevados a juicio en el sexenio pasado. Este porcentaje fue a partir de los datos de Chiapas, Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, “porque son los únicos que nos proporcionaron información sobre el estado de sus investigaciones”.
“Uno de los principales desafíos que inhiben los esfuerzos para reducir la impunidad en estos casos es que muchas fiscalías y procuradurías no mantienen bases de datos sistematizadas con estadísticas desagregadas, lo que impide la supervisión procesal y dificulta los esfuerzos de los ministerios públicos para analizar las tendencias criminales”.
Feadle, sin disposición a investigar
El informe califica de “renuente” el desempeño de la Feadle, ya que a pesar de que desde 2013 tiene la facultad de asumir investigaciones estatales –cuando hay un funcionario involucrado o no han sido debidas las diligencias– sólo se atrajeron 54 casos.
“Con frecuencia, las víctimas han tenido que recurrir a la presentación de amparos para forzar a la Feadle a asumir sus casos, como ocurrió en el caso del periodista Moisés Sánchez Cerezo, quien fue secuestrado y asesinado en el estado de Veracruz en enero de 2015”.
La falta del ejercicio de sus facultades no es el único problema de la Feadle. Aún si estuviera dispuesta a asumir cada caso, “su capacidad para procesarlos se vería severamente limitada por una falta de recursos humanos y financieros. El presupuesto de la Feadle se redujo en un 54 por ciento entre 2014 y 2018, de más de 39 millones de pesos a alrededor de 18 millones, y cuenta apenas con 22 ministerios públicos y 14 policías ministeriales”, detalla el informe.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto, al menos 161 personas defensoras de derechos humanos y 40 periodistas fueron asesinados. Su mandato se caracterizó por registrar un “incremento de la hostilidad hacia las voces críticas y disidentes, y por una manifiesta incapacidad de proteger sus espacios de acción”, concluye la investigación.
Marcial Yangali
