México ocupa el séptimo lugar mundial y el tercero en Latinoamérica en muertes ocurridas por siniestros viales, señaló la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM). Las pérdidas ocasionadas por este tipo de accidentes representan el 0.68 por ciento del producto interno bruto (PIB), advirtió Nicolás Rosales Pallares, presidente del organismo, durante el VIII Congreso Internacional de Obras y Servicios Públicos “Infraestructura Verde Resiliente”.

Ante representantes de diversos países –algunos de manera presencial y otros vía internet–, la AMTM también dio a conocer que cada año mueren en México 20 mil personas por efectos de la contaminación del aire, lo que tiene un costo del 1.17 por ciento del PIB. Además, la congestión vial cuesta a nivel nacional 257 mil 123 millones de pesos anuales, es decir, el 1.19 por ciento del PIB.

Rosales Pallares añadió que México ya es una de los principales centros de población de altos costos en cuanto a su sostenimiento, sustentabilidad y calidad de vida. La rentabilidad de las ciudades va en constante decrecimiento, destacó.

Convocado a esta reunión como especialista en materia de transporte público, Nicolás Rosales reconoció los “esfuerzos gubernamentales”, pero hay indicadores preocupantes: el 87.76 por ciento del transporte público colectivo concesionado sigue operando bajo el modelo hombre-camió́n, “lo que se traduce en inseguridad, congestionamiento, baja calidad de servicio, altos costos ambientales y un esquema financiero difícil de transparentar, aún cuando se trata de servicio público”.

Detalló que, en términos generales, en las ciudades mexicanas se ha buscado resolver el problema de la movilidad haciendo crecer el parque vehicular del transporte público. Se trata de una medida adecuada, pero ahora debe tenerse en cuenta que ese parque adopte todas las medidas sanitarias para la prestación del servicio, ante la pandemia de Covid-19. Ese es “uno de los principales desafíos para los operadores de transporte”.

Asimismo, informó que la emergencia sanitaria provocó una caída en la demanda de transporte público del 80 por ciento. “La crisis sanitaria se convirtió en una crisis financiera y provocó retrasos en los procesos de modernización”.

Expuso que es necesario un cambio en el modelo de negocio y de prestación del servicio. Aclaró que el nuevo esquema debe ser acordado por todos los actores involucrados: autoridades, operadores, consultores, organismos no gubernamentales, universidades y sociedad civil.

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