Ministros de la Corte ocultan percepción adicional a su sueldo

La presidenta de la Corte, Norma Piña, y los otros ministros y ministras de la Suprema Corte clasificaron como “confidenciales” una percepción adicional a su sueldo, el monto total de lo que ganan quincenalmente y las deducciones que se les aplican, bajo el argumento de que “son personas físicas identificadas o identificables”. Esta decisión violaría la Ley General de Transparencia, que establece como obligación revelar cuánto se les paga a todos los servidores públicos. Hasta ahora, lo que se puede documentar plenamente son los 5.6 millones de pesos que cada uno de ellos se embolsa al año por: sueldo, aguinaldo, pago por riesgo, dos seguros y dos primas. No obstante, hay otras canonjías que se les pagan con el erario: dos camionetas de lujo blindadas tipo Suburban; viajes para ellos y su familia nuclear; internet, iPads, computadoras y videovigilancia en sus casas; personal de apoyo para sus hogares; 22 mil pesos para gasolina, entre otras. Con la llegada de Lenia Batres a la SCJN podría revelarse por primera vez con exactitud cuánto ganan los integrantes del Pleno, pues la nueva ministra se comprometió a devolver a la Tesofe los indebidos excesos

El 14 de noviembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación clasificó como “confidencial” el monto total de los sueldos, percepciones y deducciones de los ministros y ministras, bajo el argumento de que los juzgadores son “personas físicas identificadas o identificables” y que, según su criterio, se trata de datos personales. En particular, censuró el pago de una percepción adicional a los sueldos de la presidenta del máximo tribunal, Norma Lucía Piña Hernández, y de los ministros y ministras: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek, Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, y el ahora exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Hasta ahora, lo que se puede documentar plenamente es el ingreso anual por 5 millones 612 mil 432 pesos que cada uno de ellos se embolsa, por conceptos de: sueldo, aguinaldo, pago por riesgo, dos seguros y dos primas. Y permanece oculta una percepción adicional, de acuerdo con lo que se observa en los documentos contables donde consta el pago quincenal a cada uno de los juzgadores, empezando por Norma Piña.

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No obstante que la Corte argumenta que esa percepción es “confidencial” por tratarse de “datos personales”, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en su artículo 70, fracción VIII) determina que ese máximo tribunal y todas las instituciones públicas están obligados a transparentar: “la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”.

La censura sobresale no sólo porque estaría contraviniendo la ley, sino también porque los ministros y ministras de la Corte se han asumido como defensores de la “transparencia”, al asumir la defensa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: en agosto de 2023 falló para que el pleno del Inai sesionara con cuatro comisionados; y en octubre de ese mismo año, para que el Senado discutiera el nombramiento de los tres comisionados que faltan.

La Suprema Corte tomó la decisión de censurar los datos del sueldo total y de la percepción adicional, luego de que Contralínea solicitó –desde el 9 de mayo de 2023– copias de los comprobantes de pago de cada uno de los ministros y ministras, tanto en activo como en situación de retiro. Estos documentos permitirían conocer con exactitud los pagos que les hace el erario de la nación de forma directa; sin embargo, seis meses después, el máximo tribunal respondió a cada una de las peticiones de acceso a la información que en dichas copias “se suprime en color negro la siguiente información confidencial de las incidencias de nómina de los ministros: los datos personales relativos al número de expediente; RFC; forma de pago, número de cuenta bancaria; concepto y monto de las percepciones y deducciones derivadas de sus decisiones personales, así como el total de percepciones y deducciones, al ser personas físicas que las hacen ser identificadas o identificables”.

En los documentos obtenidos por medio de la Ley General de Transparencia, se documenta que cada ministro y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cobra del erario nacional al menos 5.6 millones de pesos anuales, a razón de: un sueldo bruto mensual de 297 mil 403.77 (3 millones 568 mil 844.4 pesos anuales); pago por riesgo bruto anual de 640 mil 585.3 pesos; aguinaldo bruto de 585 mil 503.7 pesos; seguro de separación individualizado bruto mensual por 44 mil 65.2 pesos (528 mil 782.4 pesos al año); prima vacacional semestral bruta, de 47 mil 737.3 pesos (95 mil 470.6 pesos anuales).

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Adicionalmente, en los informes abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia se evidencia que la Suprema Corte le paga a cada uno de los juzgadores de su Pleno un seguro de gastos médicos mayores por 12 mil 953.2 pesos mensuales (155 mil 438.4 pesos al año), y un seguro de vida institucional mensual por 3 mil 150.6 pesos (37 mil 807.2 pesos anuales). Esto es que cada ministro y ministra de la Corte gana mensualmente al menos 467 mil 702.6 pesos.

Ahora, con la llegada de Lenia Batres Guadarrama a la SCJN, podría revelarse por primera vez con exactitud cuánto ganan los integrantes del Pleno, pues la nueva ministra se comprometió a devolver a la Tesorería de la Federación los excesos indebidos.

Incluso en su discurso de imposición de la toga, el pasado 4 de enero de 2024, la nueva juzgadora exhibió a sus pares, al indicar que, desde hace 14 años, la Suprema Corte ha incumplido “el artículo 127 constitucional, que fija como límite para la remuneración de las personas servidoras públicas la establecida para el presidente de la República. Disposición que no fue impuesta ni por el actual mandatario [Andrés Manuel López Obrador] ni por las mayorías parlamentarias actuales, sino que entró en vigor en 2010. La insistencia en este tema no responde a una política o a ideales de una cierta visión partidista, simplemente considero que nos corresponde acatar la Constitución”.

El expediente que entregó la Suprema Corte a Contralínea –después de prorrogar los tiempos en más de cinco ocasiones– demuestra que a los ministros y ministras de la Corte se les paga quincenalmente su sueldo. Las copias de los “reportes de incidencias de nómina” indican que el pago quincenal se integra de la siguiente manera:

“0001 Sueldo Base [por] 27 mil 135.05 [pesos]; 0002 Compensación Garantizada [por] 116 mil 76.87 [pesos]; 0004 Prestación de Previsión Social MM [por] 1 mil 90.71 [pesos]; 0005 Prestación inherente al cargo [por] 4 mil 399.27 [pesos]”, lo que hace un total quincenal de 148 mil 640 pesos (297 mil 403.77 al mes).

Sin embargo, hay un pago que figura en el mismo espacio de las percepciones que fue intencionalmente testado en todos los comprobantes, y que cada quincena aparece como parte de la nómina. De éste se censura todo: el concepto, la clave y el monto, por lo que no es posible conocer por qué se justifica como un ingreso “derivado de sus decisiones personales”. Además, se oculta en las copias el pago total, por lo que tampoco se puede conocer la cifra global de las percepciones de los ministros y ministras de la Corte.

Tal como acusó la ministra Lenia Batres, los ingresos de sus pares violan la Constitución. Al respecto, el pasado 5 de enero de 2024, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador insistió en que debe haber una política de austeridad de Estado. Y criticó: “¡cómo es posible que un ministro que está obligado a cumplir con la Constitución esté violando la Constitución porque gana más que el presidente, cuando el artículo 127 de la Constitución establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República, y ellos ganan cuatro veces más que lo que yo percibo! Y no es porque yo quiera ganar como ellos, sino porque se me hace ofensivo, habiendo tantas necesidades, tanta pobreza, los que imparten justicia se sirvan con la cuchara grande”.

El primer mandatario observó que la ministra Lenia Batres expuso en el pleno de la Corte ese mismo señalamiento, y dijo que eso significa “que ella no va a cobrar eso. Y ojalá y hagan lo mismo otros, y que cumplan con el compromiso que hicieron de que se fideicomiso que tienen para esas prestaciones especiales, extravagantes, onerosas, para garantizarles privilegios; esos 15 mil millones los destinen a ayudar en la recuperación, rehabilitación y apoyo a la gente damnificada de Acapulco y de Coyuca, como lo habían ofrecido, nada más que se desviaron y empezaron, imagínense, a promover amparos ellos mismos, los jueces. Es lamentable, los jueces empiezan a promover amparos, un poco lo que hicieron para no bajarse el sueldo”.

López Obrador cuestionó: “¿cómo le hacen, si la Constitución establece que nadie puede ganar más que el presidente? ¿Cómo retorcieron la ley? Se ampararon para seguir ganando lo mismo, es decir, para seguir manteniendo los privilegios. Bueno, en este caso del fideicomiso, igual, de repente un juez se ampara y luego otro juez se ampara. Y lo que no sucede cuando se imparte justicia para otros ciudadanos, muy rápido, justicia rápida y expedita, llega a la Corte y ahí está el ministro [Javier] Laynez [Potisek]. Y el ministro que tiene interés en el caso, como juez y parte, resuelve de que no procede lo que se aprobó en el Poder Legislativo, que es un poder independiente, que tiene como facultad la aprobación de las leyes, y anulan la decisión del Poder Legislativo, se sitúan por encima del Poder Legislativo, se rompe el equilibrio y la división de poderes”.

Ingresos adicionales

Acerca de esos privilegios que señala el presidente de la República, en mayo de 2023, el entonces senador Ricardo Monreal reveló los privilegios de los ministros y ministras de la Corte con cargo al dinero del pueblo, que además de los elevados sueldos que contravienen la Constitución, incluyen otras canonjías pagadas con dinero del pueblo:

1. Sueldo de 297 mil 404 pesos mensuales, que es muy superior al del presidente de la República.
2. Aguinaldos de 586 mil 93 pesos, que representan 40 días de sueldo.
3. Primas vacacionales de 95 mil 475 pesos, que equivalen a 10 días de sueldo.
4. Un fondo para comer en restaurantes de lujo, por 723 mil 690 pesos
5. Un comedor especial en la SCJN, donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas.
6. Presupuesto de 5 millones 540 mil 930 pesos mensuales para contratar personal.
7. Dos vehículos blindados tipo Suburban, con valor acumulado de 6 millones de pesos, que se renuevan cada dos años.
8. Pago por riesgo de más de 640 mil 372 pesos al año.
9. Apoyos para gasolina por 22 mil pesos mensuales.
10. Apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopista.
11. Escoltas del Servicio de Protección Federal para algunos ministros y ministras.
12. Seguros para autos y casa habitación.
13. Atención especial a ministras y ministros para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y otros.
14. Atención personalizada en el aeropuerto, que cuenta con personal de la SCJN, para que ministras, ministros y sus acompañantes no hagan filas ni sean revisados.
15. Viáticos para vuelos, hospedaje y comidas en viajes oficiales tanto en México como en el extranjero, para lo cual se les otorgan pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear.
16. Salones especiales en el aeropuerto, en donde se les ofrecen comidas y bebidas exclusivas.
17. Dos periodos vacacionales al año, de 15 días cada uno.
18. Tres equipos de cómputo e impresión.
19. Seis teléfonos celulares de gama alta para ministras, ministros y familiares y personal de apoyo, con plan ilimitado de datos, que se renuevan cada año.
20. Tres iPads con servicio de internet ilimitado.
21. Papelería personalizada.
22. Computadoras, impresoras e internet en su domicilio, pagados por la SCJN.
23. Apoyo de soporte técnico por parte del personal de la SCJN.
24. Posibilidad de instalar videovigilancia en sus casas, con cargo al erario.
25. Seguro de gastos médicos para ministras, ministros y su familia nuclear, por 30 millones de pesos en adelante.
26. Un monto de 188 mil 99 pesos al año para compra de medicamentos.
27. Atención especial por parte de personal de la SCJN y aseguradoras en cualquier trámite de seguros.
28. Seguro de vida institucional por 12 millones de pesos.
29. Pago por defunción de un millón 189 mil 615 pesos.
30. Ayuda para gastos funerarios por 30 mil pesos.
31. Apoyos económicos para lentes por 3 mil 100 pesos para ministras, ministros, cónyuge y descendientes.
32. Cuando se retiran, reciben una pensión vitalicia por casi la totalidad de su sueldo.
33. Al dejar sus funciones, también tienen derecho a un haber de retiro.
34. En la jubilación, conservar los vehículos que tuvieron asignados.
35. Dos “personas de apoyo” para estar a su servicio durante la jubilación, pagadas por la SCJN.
36. Seguro de separación individualizado, de aproximadamente 20 millones de pesos al final de sus 15 años de servicio.
37. Acceso a un área de atención especial para ministras y ministros jubilados.
38. Un estímulo por antigüedad de 1 mil pesos anuales.
39. En 14 fideicomisos, el Poder Judicial suma recursos por 20 mil 149 millones 765 mil 377 pesos, que se utilizan principalmente para mantener estas prestaciones de por vida.
40. Todo lo anterior da como resultado un presupuesto de 80 mil millones de pesos.