El alcalde siempre fue un empresario inmobiliario. Ahora que ostenta, en La Paz, Baja California Sur, la titularidad del tercer nivel de gobierno, impulsa negocios de este sector a costa de los derechos de la población y del medio ambiente. Lo peor es que él solo aprobó un proyecto que debería contar con la autorización estatal y federal. El desarrollo que buscó realizar ahora podría llevarlo a juicio

En una de sus últimas acciones como alcalde del municipio de La Paz, Baja California Sur, el morenista Rubén Gregorio Muñoz Álvarez operó violando la ley y usurpando funciones, en un acto de abuso de poder con el fin de beneficiar a los desarrolladores inmobiliarios Si Now, Firme y Century 21, grupos apoyados por el gobernador del Partido Acción Nacional (PAN) Carlos Mendoza Davis. El antecedente a este conflicto lo dimos a conocer en el artículo “Un soldado sudcaliforniano de AMLO al servicio de los desarrolladores inmobiliarios” (https://www.contralinea.com.mx/2020/12/29/un-soldado-sudcaliforniano-de-amlo-al-servicio-de-desarrolladores-inmobiliarios/), en el que expuse que el 16 de diciembre de 2020, en la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Honorable XVI Ayuntamiento de La Paz, Muñoz Álvarez y siete regidores votaron en contra del dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, documento en el que claramente se señala que ni los regidores, ni el presidente municipal tienen facultades para otorgar cambios de uso de suelo en alusión al trámite solicitado al municipio por parte de los constructores que pretenden edificar el complejo inmobiliario denominado “Misión Punta Norte”.

El desarrollo inmobiliario está proyectado para ser edificado en el predio denominado “Zacatecas” ubicado junto a la carretera Transpeninsular a 21 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz y contempla 4 mil 665 lotes urbanizados. De acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la ciudad de La Paz (PDUCP-Lpz) los terrenos en cuestión están catalogados con el uso de suelo H6-Vivienda Residencial Turística, ya que se encuentran en una zona de Bienes Nacionales y de Protección Ecológica de Aprovechamiento; por lo que en éstos no es legal emplazar desarrollos de alta densidad poblacional con áreas comerciales que corresponden al uso de suelo de complejos habitacionales de interés medio y corredor urbano, como pretenden los desarrolladores inmobiliarios, a menos de que se obtenga el cambio de uso de suelo de acuerdo con la reglamentación existente y conforme con el protocolo establecido para ello.

Para obtener un cambio de uso de suelo es obligatorio modificar el PDUCP-Lpz. En diciembre del año pasado la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente recomendó en un dictamen oficial darle el cause legal y reglamentario a la solicitud de cambio de uso de suelo de los desarrolladores inmobiliarios de acuerdo con La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo, así como a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur en la que se establece que para modificar el PDUCP-Lpz es indispensable realizar consultas públicas con la intervención de todas las autoridades pertinentes, pero Rubén Muñoz cabildeó entre los regidores y logró desestimar por mayoría dicho dictamen y transferir el asunto a la Comisión de Gobernación, Seguridad y Tránsito, que él preside e integra con Juán Ramón Domínguez y Pilar Eduardo Carballo. Aunque en ese momento la ciudadanía sudcaliforniana emitió varias alertas en las redes sociales y diversos comunicados condenando las ilegales maniobras del alcalde, éste dejó pasar 3 meses antes de retomar el asunto, en los cuales se dedicó a promocionarse para la candidatura a la gubernatura de la entidad, hasta que perdió en la encuesta entre la militancia frente al actual candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Víctor Castro Cosío, y entonces retomó sus actividades inmobiliarias.

Documento: Dictamen de la Comisión de Gobernación Seguridad y Tránsito

Muñoz convocó a la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del Cabildo, que se celebró a puerta cerrada el jueves 25 de marzo, justo antes del periodo vacacional de Semana Santa, en la cual sólo se dio lectura al dictamen de la comisión de Gobernación, Seguridad y Tránsito, con respecto al cambio de uso de suelo para autorizar “Misión Punta Norte”. Como resultado de la sesión extraordinaria y con el apoyo de ocho regidores: Irma Yolanda Robledo Galavaiz, Juán Ramón Domínguez Leyva, David Castillo Duarte, Beatríz A Hernández Paredes, Pilar Eduardo Carballo Ruiz, Pedro Barroso Agramont (hermano del priísta Ricardo Barroso candidato a la alcaldía de La Paz), Virginia del Pilar Villavicencio y Judith Esmeralda Lizárraga Elías; el presidente municipal Rubén Gregorio Muñoz emitió un dictamen, el cual hasta el cierre de esta edición no aparecía en la página oficial del Cabildo, documento al que Contralínea tuvo acceso. Dictamen del que vale comentar que más allá de la aprobación del proyecto en cuestión, busca justificar el actuar de Rubén Muñoz y promocionar “Misión Punta Norte” tal como lo haría un grupo de promoventes inmobiliarios. Aquí sólo reproducimos la parte esencial del mismo:

“Primero.- En ejercicio de las Atribuciones de Estudio, dictaminación y Propuestas de Solución, la Comisión Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, propone integralmente, la aprobación del Proyecto ‘Misión Punta Norte’, en la  ciudad de La Paz, Baja California Sur.

“Segundo.- Se instruye al Secretario General Municipal del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto, comunique el presente dictamen a la dirección General De Desarrollo Urbano y Ecología, a efecto de que dentro del ámbito de competencia, proceda a llevar a cabo las ponderaciones técnicas y legales correspondientes y de estimar que es procedente conforme a sus más amplias atribuciones, emita el cambio de uso de suelo solicitado para desarrollar el Proyecto ‘Misión Punta Norte’ en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

Tercero.- El presente Dictamen entrará en vigor al día siguiente de su aprobación” (sic).

Queda claro que el presidente municipal y los regidores que controla han cometido diversas irregularidades y violaciones a la ley, entre las que destacan a primera vista que: ni los regidores ni el presidente municipal, así como tampoco el Cabildo en su conjunto cuentan con las atribuciones legales para autorizar un cambio de uso de suelo ni para ordenar su autorización; tampoco para dar el permiso de edificación a un desarrollo inmobiliario, independientemente de sus características. Además, la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito no tiene competencia en cuestiones de desarrollo urbano. Y aunque tras esa sesión extraordinaria se dejaron escuchar voces de protesta en las redes sociales y los medios alternativos retomaron el acto del Cabildo, con la Semana Santa en puerta, la protesta social se diluyó rápidamente.

Cabe señalar que Rubén Gregorio Muñoz tuvo junto con su esposa, Rosa Armida Cordero Esparza, y su hijo, Rubén Eduardo Muñoz Cordero, la empresa inmobiliaria Desarrolladora y Promotora Inmobiliaria Sunset View, SA de CV, mejor conocida como “Hogares Verdes”, misma que a principios de la década pasada se vio envuelta en diversas irregularidades y sanciones al ser proveedora para el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por lo que fue dada de baja por este organismo. Coincidentemente, Muñoz fue delegado del Infonavit en Sudcalifornia en la época en que su empresa se dio de alta como proveedora para el mismo organismo público. También, el actual alcalde paceño fue empleado del grupo Century 21, por lo que el despliegue de las maniobras politiqueras para aprobar ilegalmente el desarrollo “Misión Punta Norte”, de no obedecer a intereses más allá del beneficio social, cuando menos generan suspicacias al respecto.

Desafortunadamente para el alcalde, su estrategia no surtió efecto y el miércoles 7 de abril varios colectivos aglutinados en el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), así como ciudadanos independientes realizaron un mitin informativo en la explanada del palacio municipal, en donde colgaron una enorme lona con las fotografías de Rubén Muñoz y de los regidores que aprobaron dicho dictamen, en la que los llaman traidores al pueblo. Los activistas acudieron para protestar y pedir explicaciones al alcalde, pero Rubén Muñoz no salió a dialogar con los ciudadanos.

Todo parece indicar que la sociedad sudcaliforniana más combativa contra la depredación inmobiliaria, minera y que defiende el agua en una tierra desértica está dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias para echar a bajo la ilegal aprobación del desarrollo en cuestión. En el mitin externaron que actuarán en varias vías: el equipo legal del Freciudav, encabezado por el doctor en derecho Arturo Rubio Ruiz, ya prepara las acciones legales pertinentes para confrontar al alcalde y a sus regidores en los tribunales; asimismo, señalaron que llamarán a la población a protestar y emplazar actos de resistencia civil como ya han hecho en otras ocasiones contra corporaciones nacionales y transnacionales, inmobiliarias y mineras, que han intentado depredar la entidad; y, dejaron en claro que, como antes, hoy en esta nueva lucha que inicia tendrán éxito, pues puntualizaron que la aprobación de Misión Punta Norte, además de ser ilegal, pone en riesgo la supervivencia de los sudcalifornianos, sobre todo la de los paceños, ya que aseveraron que el acuífero que abastece a la ciudad de La Paz se encuentra sobreexplotado, por lo que permitir la urbanización del predio “Zacatecas” sólo empeoraría el frágil equilibrio entre la población y su entorno semidesértico. Y es que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el acuífero en cuestión presenta un déficit de 7.83 millones de metros cúbicos anuales.

Cabe señalar que mencionaron que el pozo de agua ubicado en el predio “Zacatecas” tiene altos índices de contaminación por arsénico, por lo que la propuesta del alcalde y los regidores de destinarlo al uso exclusivo de la ciudad de La Paz era una burda maniobra para justificar la ilegal autorización. Asimismo, enfatizaron que la promesa de los desarrolladores de construir una desaladora para abastecer “Misión Punta Norte”, misma que fue ratificada verbalmente por Muñoz en la sesión extraordinaria, a la que además el alcalde y los regidores sumaron la propuesta de construir una planta de tratamiento de aguas residuales, son simplemente inviables, debido a la catalogación de la Ensenada de La Paz como sitio Ramsar protegido por la NOM-059-Semarnat-2010, que señala que a esta ensenada no se deben drenar o verter aguas residuales, lo que sucedería en ambos casos, pues la desalación de agua salobre produce salmueras de desecho. Y en el caso de la planta de tratamiento, ésta genera líquidos residuales. Los activistas señalaron que la ilegal aprobación de “Misión Punta Norte” va en contra de la salud de la población y del medio ambiente, ya que han estimado que tan sólo para la construcción del complejo urbano se necesitarían alrededor de 10 millones de metros cúbicos de agua.

Hasta la fecha, ni los desarrolladores inmobiliarios ni sus promoventes al interior del cabildo paceño han mostrado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que debe expedir la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y tampoco la evaluación de impacto ambiental que debe emitir La Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad (Setues) del gobierno de Baja California Sur. Estas evaluaciones son indispensables por tratarse de un “nuevo centro poblacional”, que al rebasar el límite permitido de viviendas para el uso de suelo H6 del predio en cuestión, que es de 250 unidades, sin duda generaría un gran y negativo impacto ambiental en la zona; por lo que para autorizar el cambio de uso de suelo y de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur (LEEPAE-BCS) es obligatoria la evaluación de impacto ambiental de la Setues estatal. Además, de que conforme a su artículo cuarto, fracción V, le corresponde al gobierno estatal “…promover ante el gobierno federal la evaluación de impacto ambiental de obras o actividades a realizarse dentro del territorio del estado, que puedan alterar el equilibrio ecológico o el ambiente, y en su caso condicionar el otorgamiento de autorizaciones para uso de suelo o de las licencias de construcción u operaciones respectivas, al resultado satisfactorio de dicha evaluación”, lo que implica sin duda la MIA de la Semarnat.

Debido a lo anterior, el dictamen emitido por el alcalde de La Paz, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, y los ocho regidores que lo convalidaron es a todas luces ilícito, además de que como se ha podido constatar está violando varias leyes ecológicas y de gobierno al sobreseer los trámites y permisos fundamentales e indispensables para otorgar el cambio de uso de suelo y dar permiso a la construcción de “Misión Punta Norte”. Ya veremos las consecuencias legales de sus actos. Por lo pronto, el actuar del alcalde paceño y sus comparsas desacredita al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) rumbo a la elección del 6 de junio, ya que se percibe que los más altos intereses en dicho desarrollo inmobiliario los comparte el presidente municipal con la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN) estatal. En este sentido cabe señalar que a diferencia de lo que se pensaría, los medios de comunicación predominantes en la entidad e identificados con la derecha prianista no han retomado el asunto con el entusiasmo que abordan otros temas o casos que desacreditan a la 4T cuando sus miembros se ven involucrados en delitos o irregularidades, lo que en plena temporada electoral resulta inverosímil.