Al culminar la transición al Nuevo Modelo de Justicia Laboral en todo el territorio nacional, el director general del Centro Federal Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, destacó que esto significa decir adiós al coyotaje y a la industria del litigio, que igual sangra al trabajador que al empleador. Ello, porque el anterior modelo derivaba en juicios interminables plagados de trampas y chicanas.
Durante la ceremonia de arranque de la tercera etapa de la reforma laboral, el funcionario detalló que también se busca eliminar los contratos de protección y la simulación en los procedimientos de negociación colectiva; así como el corporativismo, los sindicatos blancos o de papel y las dirigencias sindicales donde las trabajadoras son relegadas o inexistentes.
En el acto –celebrado en el Patio del Trabajo de la sede central de la Secretaría de Educación Pública–, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, indicó que “se trata de un cambio integral, de dimensiones impresionantes, que busca transformar el mundo del trabajo en beneficio de trabajadores del sector productivo, y de la sociedad en general. Se pretende impulsar la conciliación como pieza clave del modelo, recuperar la dignidad del trabajo como patrimonio común, impulsar el diálogo social, contar con una justicia cercana a las personas trabajadoras y a los empleadores, cumplir con los compromisos internacionales, evitar la discriminación, incluir la agenda de género y recuperar la negociación colectiva auténtica que concilie los justos reclamos de los hombres y mujeres que trabajan con las necesidades de quienes invierten en las fuentes laborales”.
Asimismo, informó que los 11 estados que se integran en la tercera y última etapa de instrumentación son Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, así como Baja California Sur y Guerrero a nivel local.
La secretaria de Estado consideró que esta convocatoria da cuenta de todas las instituciones, mujeres y hombres, que han contribuido para llegar a este día, donde todas las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto la Federal como las Locales, cierran sus puertas a nuevos juicios, conservando la gran responsabilidad de concluir con el rezago de miles de asuntos en trámite, y en su lugar abren sus puertas los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales.
Recordó que esta transformación inició en 2019, con la publicación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y que a pesar de la pandemia, “continuamos con el plan de concluir en tres años la implementación del nuevo modelo de justicia laboral y hoy estamos aquí quienes participamos en esta hazaña, con el liderazgo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador”.
Luisa María Alcalde destacó que se han instalado 151 Centros de Conciliación, 44 federales y 109 locales, a cargo de 802 profesionistas de la mediación; y 148 sedes de Tribunales Laborales, 41 federales y 107 locales, a cargo de 317 juezas y jueces. Y aseguró que se avanza en el terreno de la libertad y la democracia sindical, donde 350 mil trabajadores han elegido a sus dirigentes a través del voto secreto y directo; 2 millones de personas trabajadoras han decidido si aprueban o no sus contratos colectivos en más de siete mil consultas de legitimación, que han tenido una participación por encima del 80 por ciento; y los contratos colectivos legitimados ofrecen 5.7 por ciento mejores salarios que aquellos que no lo han sido.
“Se decía al inicio de esta transición, que la reforma laboral inhibiría la llegada de inversiones, que habría inestabilidad, qué se acabaría la paz laboral y se perderían fuentes de empleo; por el contrario, en México hoy nos encontramos en máximos históricos de inversión, de empleo y de salarios promedio registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social”, señaló la funcionaria.
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