Por primera vez en décadas, el gobierno mexicano marca una línea con el estadunidense, observa la latinoamericanista Ramírez Kuri. Y aunque López Obrador no rompe con la administración de Joe Biden, sí abre sus relaciones no sólo a los gobiernos progresistas de América Latina sino incluso a las potencias que le disputan la hegemonía a Estados Unidos

 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha logrado replantear la política exterior que el país siguió las últimas décadas, observa Georgette Ramírez Kuri, doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin salir al extranjero, el actual titular de Poder Ejecutivo está modificando el papel del Estado mexicano en el concierto internacional.

 

Investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), con estudios en geopolítica por la Universidad Estatal de Río de Janeiro (Brasil), en geografía crítica y ciencias sociales por la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y en el Estado en América Latina por la Universidad de Buenos Aires (Argentina), señala que luego de seis sexenios, el gobierno mexicano está poniendo límites a la intervención de Estados Unidos en el país, está incidiendo en las políticas de la región latinoamericana y ha dado pasos en el sentido de estrechar lazos con potencias de otras latitudes, incluso en abiertos conflictos diplomáticos y económicos con los estadunidenses: China y Rusia.

 

No hay rompimiento alguno del gobierno mexicano con el estadunidense, aclara; por el contrario, hay entendimiento en los principales temas de la compleja relación bilateral: comercio, migración, seguridad. Lo que está logrando es un equilibrio basado en el respeto a la soberanía y autodeterminación.

Ejemplifica con el hecho de que México ha planteado una política de programas sociales en Centroamérica para combatir “de raíz” el fenómeno de la migración. Y Estados Unidos ha terminado por apoyar estos esfuerzos. Al mismo tiempo, estrecha relaciones con Bolivia, Cuba, Argentina y Venezuela, cuyos gobiernos mantienen rispideces con el estadunidense que hoy encabeza Joseph Biden. Incluso abre el diálogo y la posibilidad de acuerdos en materia económica, de ciencia y tecnología y sanitaria con China, Rusia, la India.

 

Y es que durante seis sexenios los presidentes que se llenaban la boca de globalización y se consideraban “de mucho mundo”, en realidad su horizonte se agotaba en Estados Unidos. Prácticamente cancelaron la política exterior mexicana y abrazaron la agenda estadunidense como propia.

 

Ramírez Kuri, investigadora adscrita al Observatorio de Lawfare del Celag señala que la actual relación con Estados Unidos puede complicarse. El gobierno de Biden cuenta con varias opciones para presionar al de López Obrador. Ejemplifica con el tema de la seguridad, en que los estadunidenses seguirán insistiendo en que no hay control en varias regiones del país, en que el trasiego de drogas se mantiene y en que ellos tienen el derecho de intervenir porque el fenómeno les afecta directamente.

 

No debe perderse de vista que la complejidad de la relación con Estados Unidos tiene como marco la disputa interna que vive México. Para Ramírez Kuri sí es claro que hay una andanada contra el gobierno de López Obrador por parte de los poderes fácticos que se sienten desplazados por la 4T.

Tal conflicto dejó de ser sólo una hipótesis con el desarrollo del pasado proceso electoral, en el que sin ambages contendió una alianza de empresarios con los tres partidos del viejo sistema político mexicano Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), en una suerte de reacción al proyecto obradorista.

 

Georgette Ramírez Kuri observa que en pasada coyuntura electoral se jugó “parte importante” del proyecto del gobierno actual. Con la renovación del Congreso federal y los congresos locales, la oposición de derecha se aglomeró en una alianza “sin sentido ético ni político”. Explica que su cohesión tuvo un sentido meramente “electorero”, con la intención de perder lo menos posible de presupuesto, votantes, escaños en el Poder Legislativo, gubernaturas. Fue una alianza de partidos que históricamente han sido antagónicos y que han perdido mucho apoyo dentro de la ciudadanía mexicana.

 

—¿Qué programa político puede proponer a la ciudadanía una alianza de partidos tan distintos [que si bien no ganó el Congreso sí logró obtener algunos escaños adicionales a los que ya contaba]?

 

—La oposición carece totalmente de una propuesta construida o en construcción. Tampoco tiene liderazgos de ningún tipo, ni político ni carismático, de ninguna índole. En lugar de tener una propuesta para la ciudadanía lo que hace es apostarle al Frenaa [Frente Nacional Anti AMLO], a frenar el proyecto actual del gobierno sin importarle que se trate de un gobierno electo democráticamente por las amplias mayorías de la sociedad mexicana. La derecha está recurriendo a recursos muy poco éticos como lo mediático. Recurre a la descalificación, a las falsas noticias, a las campañas de odio, a la censura, recurre a Organizaciones No Gubernamentales [ONG], a asociaciones civiles, medios de comunicación, redes sociales. Vemos que recurre a la judicialización de la política, a interponer recursos judiciales para frenar los proyectos que este gobierno intenta desarrollar.

—¿Qué intereses defiende esta clase política que ahora se aglutina en un nuevo Frente?

 

—Tenemos que reconocer que la denominada Cuarta Transformación, 4T, sí está buscando transformaciones que, en efecto, amenazan intereses económicos privados. Lo que no quieren perder [los partidos de la derecha] son los privilegios que históricamente han acumulado. Lo que hicieron el PRI y el PAN en años anteriores fue mantener una estructura política al interior del Estado, en lo constitucional, en el Poder Ejecutivo, en las leyes, que les permitiera incrementar sus riquezas. No por nada en México tenemos a varios de los hombres más ricos del mundo contra una gran mayoría de la población que no tiene acceso garantizado a derechos básicos como la alimentación, la educación, la salud o la vivienda.

 

—¿Quiénes hicieron posible esta alianza?

 

—Las clases dominantes, las clases altas, las empresas multimillonarias, la clase política coludida con una clase económica de las altas esferas de este país. El gran problema de los gobiernos de izquierda son las clases altas, que acaparan un gran porcentaje de la renta nacional, por lo que cuentan con los medios que requieren para hacer campañas en contra de los gobiernos que no les gustan. Las empresas multimillonarias han sido afectadas, por ejemplo, mediante las políticas de mayor recaudación fiscal, porque son empresas acostumbradas a no pagar impuestos desde hace décadas en México. Además, el actual gobierno está regulando los salarios, la subcontratación laboral y le está apostando a una reindustrialización de los sectores estratégicos del país, como el petróleo, los hidrocarburos. Es un gobierno que está priorizando a las empresas estatales por encima de las empresas privadas. Intenta salvaguardar los recursos estratégicos y energéticos.

 

—¿Esta alianza es legítima, es una oposición natural, dentro de un sistema democrático, o se inscribe en una estrategia más amplia de interrupción de las transformaciones políticas e, incluso, de un ensayo de un probable golpe blando contra la administración de López Obrador?

 

—Se perfilan dos frentes hacia la manufacturación de un golpe blando contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por una parte está el poder fáctico de los medios de comunicación y, por el otro, el frente de la judicialización de la política. En el ámbito mediático se emprenden campañas políticas de medios de supuestas voces expertas, organizaciones no gubernamentales, de la academia, etcétera.

 

—¿En qué consisten estas campañas?

 

—En el Celag, hemos vislumbrado hasta ahora seis ejes discursivos en contra del gobierno que buscan generar consenso. Por una parte, la supuesta sobreposición del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes, es decir, el carácter “súbdito” del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo de López Obrador; segundo, las fallas en el Sistema Judicial, achacadas a la intervención de Ejecutivo; tercero, una supuesta mala gestión de la pandemia; cuarto, una supuesta mala gestión del gasto público; quinto, la militarización del país, y sexto, el deterioro de la seguridad. Dependiendo de los acontecimientos que se van presentando se van activando estos ejes discursivos.

“Por la parte judicial, observamos que a través de sectores del Poder Judicial, órganos autónomos como el INE [Instituto Nacional Electoral] están interponiendo recursos judiciales bajo la línea de inconstitucionalidad. También tienen tres grandes apuestas: 1) prohibir las conferencias mañaneras de la Presidencia; 2) revertir iniciativas de ley en materia de recursos energéticos y 3) cancelar los megaproyectos de infraestructura, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas.

 

—¿Tiene oportunidad esta oposición de derecha destituir a López Obrador?

 

—Por la vía electoral-democrática me parece que la probabilidad no es alta, el gobierno de AMLO sigue gozando de buena opinión pública. El gobierno de López Obrador se enmarca en la ola de gobiernos progresistas que ha tenido América Latina en el siglo XXI. Y contra estos gobiernos de izquierda Estados Unidos, al igual que la derecha trasnacionalizada, ha implementado el uso del derecho con fines políticos, es decir, la vía judicial de guerra política para derrocar gobiernos con alto grado de legitimidad y amplia base social porque afecta sus intereses. Un pronóstico de si se va a lograr o no depende mucho de la correlación de fuerzas. Ya hubo un intento de destituir al fiscal general [Alejandro Gertz Manero] y, en ese sentido, quizá, tratar de apropiarse de la Fiscalía General de la República (FGR), en tanto órgano autónomo, y hacerlo operativo como poder fáctico. Me parece que dependen mucho de las decisiones que se van tomando, tanto de los poderes Ejecutivo y Legislativo como el de la ciudadanía

 

—¿Juegan algún papel en esta alianza otros actores, como la delincuencia organizada o, incluso, sectores del interior de las Fuerzas Armadas?

 

—No pasó de un rumor que había un sector dentro de las Fuerzas Armadas que no estaba de acuerdo con las actuales políticas. Las Fuerzas Armadas en México sí tienen la autonomía suficiente como para hablar de ellas como un cuarto poder. Sin embargo, la política que ha implementado el gobierno al interior del Estado y, por lo tanto, al interior de las Fuerzas Armadas ha sido muy estratégica. El actual gobierno cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero hay otros fenómenos y actores. Se debe hacer énfasis en la cuestión geopolítica, es decir, en los elementos geopolíticos de la oposición para frenar al gobierno de AMLO. El gobierno de izquierda de López Obrador también se ha caracterizado por ejercer una política exterior que reconoce la particularidad de las relaciones internacionales, que trata de ejercer una soberanía nacional como principio rector hacia la autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de conflictos, es decir, se suma a los gobiernos progresistas que en América Latina inauguran un ejercicio de política exterior y geopolítica no alineada a las directrices de Estados Unidos.

 

“Podemos leer una política de no subordinación, en las relaciones internacionales, a Estados Unidos. Hay una búsqueda de autodeterminación de México. Por ejemplo, con la propuesta de Sembrando Vida, como una alternativa a la visión militarista de Estados Unidos en el problema migratorio, también vemos que se está retomando una diplomacia mucho más autónoma, multilateral, con países como Rusia, China, Cuba, Argentina, Bolivia, etcétera; se está retomando esta diplomacia progresista.

 

—¿Y Estados Unidos lo acepta sin mayor problema?

 

—El Departamento de Estado y el Departamento de Justicia estadunidenses  están haciendo un llamamiento directo al gobierno mexicano para mantener una cooperación bilateral que había estado vigente en décadas anteriores. Esta cooperación, en realidad, no ha rendido buenos resultados. Pero Estados Unidos tiene otro tipo de mecanismos de injerencia para tratar de salvaguardar sus intereses, por ejemplo el financiamiento a organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, medios de comunicación. Ha sido muy llamativo que en este tema de la militarización del país y el deterioro de la seguridad, ha insistido a través de medios de comunicación internacionales, en estas críticas al actual gobierno mexicano. Además, promueve la idea de es indispensable la participación de Estados Unidos para resolver estas problemáticas.

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