No hay una persecución política en contra de Christian Von Roehrich –exdelegado de la alcaldía Benito Juárez–, ni de los miembros del Partido Acción Nacional (PAN), aseveró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Lo que se busca es la “cero impunidad frente a la corrupción y frente a otros delitos”.
Para ello, “quién actúa es el Tribunal Superior de Justicia frente a la denuncia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”. Sheinbaum ratificó que se ha actuado, aun cuando algún funcionario o colaborador de su administración realizó el hecho delictivo. Al ejemplificar, recordó el caso del extitular de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), José Arturo Blanco Hernández:
“Hace algunos años, trabajó conmigo en la alcaldía Tlalpan; [y] una policía denunció abuso por parte de esta persona y, de inmediato, se abrió la carpeta de investigación; […] hoy, está privado de su libertad”.
Por otra parte, desde las instalaciones del Faro Cosmos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo indicó que será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la que deberá brindar más información sobre las futuras aprehensiones, relacionadas con la red de corrupción en el sector de bienes raíces de la alcaldía Benito Juárez. Señaló que la ilegalidad en la construcción de los edificios, particularmente en dicha demarcación, generó problemas para la ciudadanía en términos de los servicios públicos: agua, drenaje, movilidad y seguridad:
“Durante muchos años, los vecinos plantearon que estaban en contra de tanta construcción de edificios que, además, violaban el uso de suelo. Hoy, sabemos que era parte de una colusión con las jefaturas delegacionales y la Alcaldía. Lo hicieron de manera ilegal, y además, con beneficios personales”. Por ello, dijo que actualmente se cuida para que no se repliquen los casos de corrupción inmobiliaria. En caso de existir denuncias, se van a investigar.
A través de un comunicado, el PAN proclamó que Christian Von Roehrich es víctima de una persecución política. Manifestó que la aplicación de la justicia era sesgada y bajo criterios políticos; por lo cual, demandó que sea un juez, quien determine el caso del exdelegado:
“Cuando se trata de opositores, el Gobierno de la Ciudad de México persigue con toda la fuerza del Estado, pero cuando se trata de correligionarios o funcionarios de Morena, se protege”.
