Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa abandonaron la reunión que tenían agendada este 11 de enero con el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración –de la Secretaría de Gobernación (Segob)–, Félix Medina Padilla, porque también se citó a esa junta a familiares que marcharon a favor del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca –presuntamente implicado en el ataque a los jóvenes normalistas–, con los que se encuentran en conflicto. No obstante, pidieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por la mañana, el primer mandatario acusó que no confía en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni en la Organización de Estados Americanos, pues habrían entorpecido las acciones de búsqueda de los estudiantes. E indicó que su gobierno está comprometido con la investigación. Al respecto, recordó los obstáculos que ha enfrentado su administración en ese sentido, por el manejo irregular que se hizo de la información con la mal llamada “verdad histórica”, por parte del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam; y por la actuación del exfiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo.
En ese contexto, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos llegaron hoy a su reunión en la Segob, e interpretaron como un acto de provocación la presencia de los otros familiares. En conferencia, también señalaron que el gobierno federal aún no ha entregado algunos documentos que, consideran, existen en los archivos de la Secretaría de Defensa (Sedena). Por ello, indicaron que está por perder la confianza en la actual administración.
Cristina Ascencio –madre del joven desaparecido Benjamín Ascencio Bautista– consideró que el gobierno invitó al grupo de padres que marcharon a favor de uno de los presuntos responsables con el objetivo de crear una confrontación.
“Hoy íbamos a tener una reunión [con el nuevo subsecretario Félix Medina] y nos llevó la sorpresa de que a nuestros representantes legales no les avisaron, ni a nosotros, de que iba a estar un grupo pequeño de madres y padres que iban a estar presente. Llegamos, vimos que estaban ahí ellos. ¿Qué es lo que están haciendo? Aunque le duela al presidente de la República [Andrés Manuel López Obrador] decimos que es el mismo como el gobierno anterior, porque nos quieren confrontar entre compañeros padres. Eso es lo que pasó hoy para que nosotros peleemos”, indicó Cristina Ascencio durante la conferencia.
Y aunque dijo que no le quitan el derecho a esos padres de estar presentes, consideró que se trata de una estrategia similar a lo que aplicó el gobierno de Enrique Peña Nieto al querer dividir a los familiares de los 43 desaparecidos. Expuso que esos padres fueron expulsados de su grupo porque se aliaron con los exgobernadores de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega, y con el empresario Pedro Segura, y defendieron a José Luis Abarca. “Cuando sabemos, todos saben, que ellos son los responsables de la desaparición forzada de nuestros hijos; donde asesinaron a tres normalistas, donde los dejaron en coma, y a los demás heridos. Por eso, nosotros hoy nos levantamos porque no queremos confrontarnos con ellos”.
Por su parte, Mario González –padre del joven desaparecido César Manuel González– señaló su inconformidad sobre la declaración efectuada por el primer mandatario esta mañana en su conferencia acerca de que no confiaba en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. “Es el mismo reparto que el sexenio anterior: ha querido dividirnos atacando a nuestro equipo, atacando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], atacando a la ONU, atacando a nuestros licenciados, y es una manera de división que nosotros ya habíamos pasado con el gobierno anterior. Ahora, otra de las divisiones que trata de hacer es una confrontación entre padres”.
Mario González señaló que desafortunadamente por esos hechos ya han empezado a perder la confianza que tenían en el presidente López Obrador. Esa confianza, dijeron, la tenían por el decreto presidencial para encontrar a los jóvenes y conocer la verdad. Pero, cuando se trató de que el Ejército cooperara con la investigación “empezamos a batallar bastante”.
Por ello, consideró “que la mayoría de los padres está terminando la confianza con el presidente o ya se terminó”. Sobre la posibilidad de que sigan dialogando con el subsecretario Medina Padilla y con el otro grupo de padres, expresó que hasta el momento “lo principal es con el presidente de la República. Pedir la reunión con el presidente de la República para poder avanzar, porque no tiene caso que el presidente diga una cosa si en la Covaj [Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa] se declara otra cosa”.
El representante legal de los padres y madres de este grupo, Vidulfo Rosales, también se sumó a los reclamos contra el gobierno federal. “Hay algunas prácticas de este gobierno que son similares a las de los gobiernos anteriores”. Sin embargo, añadió: “no estamos diciendo que este gobierno sea igual que el anterior. Hay un matiz ahí; es decir, hay prácticas que se empiezan a ver parecidas al gobierno anterior como en este intento de descalificar. Hoy en día esa descalificación sigue. O sea, hoy en día un servidor sigue con estas descalificaciones. Ahora, los compañeros del Prodh, el GIEI, lo fue en el gobierno anterior y lo sigue hoy. O sea, siguen las mismas descalificaciones. Este intento de división lo sufrimos”.
Por último, Rosales reiteró que los padres y madres de los 43 seguirán insistiendo para que el gobierno federal exhorte al personal de la Sedena a entregar los documentos faltantes del caso –alrededor de 800 folios–, pues consideran que ayudarán a esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos forzosamente el 26 de septiembre de 2014, cuando en México gobernaba el priísta Enrique Peña Nieto.
