La percepción de inseguridad en las ciudades del país se ubicó en 58.1 por ciento en septiembre de 2026, su nivel más bajo desde que comenzó la medición en 2013, informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La funcionaria explicó que la encuesta mide la percepción de la población en más de 90 ciudades. El indicador alcanzó su punto más alto en 2018, cuando llegó a 76.8 por ciento, y desde entonces mostró una tendencia a la baja que se ha mantenido hasta 2026, con tres trimestres consecutivos de descenso: de 63.8 por ciento en el cuarto trimestre de 2025 a 58.1 por ciento en el tercero de 2026.

A esos datos se sumaron los de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), también del Inegi y publicada en septiembre. De acuerdo con la funcionaria, la proporción de personas que se sintieron inseguras en su colonia pasó de 50.1 a 35.9 por ciento en el último año. Esa reducción de 14.2 puntos porcentuales, equivalente a cerca de 28 por ciento, ubicó el indicador en su nivel más bajo desde 2018.

Estos resultados forman parte de una estrategia de seguridad orientada a la atención de las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación y la coordinación con las entidades federativas, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Planteó, de un cambio de estrategia que se desarrolla dentro del estado de derecho, sin recurrir a un estado de excepción como los de aquellos gobiernos neoliberales.

Como ejemplo, recordó que durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa la declaración de guerra contra el narcotráfico instauró de facto una condición de ese tipo, aunque nunca se decretó de manera formal: “Cuando se declara la guerra, sin decirlo, Calderón hizo un estado de excepción, no lo decretó formalmente, pero sí en los hechos. Porque guerra es permiso para matar. No se le dio a las fuerzas armadas un marco jurídico para poder participar en labores de seguridad pública”.

Aquella administración, agregó, sacó a las Fuerzas Armadas a las calles sin ese sustento legal, un vacío que se atendió hasta la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se estableció la base legal para su participación y se creó la Guardia Nacional.

De ahí, explicó, la diferencia central con el pasado: declarar la guerra equivale a colocarse fuera del estado de derecho, mientras que su gobierno actúa dentro de él.

La titular del Ejecutivo federal describió el procedimiento que, aseguró, se sigue en cada detención: se abre una carpeta de investigación, se reúnen pruebas y un juez emite la orden de aprehensión antes de buscar a la persona señalada. Precisó que los casos de flagrancia son pocos y que, incluso en ellos, debe ser un juez quien confirme que realmente lo fueron.

Con ese procedimiento, dijo, se busca cero impunidad, pero siempre dentro de lo que establecen la Constitución, la ley de seguridad y las atribuciones de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la que su administración dio más facultades de inteligencia e investigación mediante un sistema nacional previsto en la ley.

Sobre los antecedentes de la política de seguridad, la mandataria señaló que uno de los principales errores del gobierno de Calderón fue colocar al frente de esa área a Genaro García Luna, a quien calificó como un funcionario corrupto vinculado con el crimen organizado. Sostuvo que es necesario mantener presente ese caso, aunque incomode a la oposición, para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir en el país.

A su vez, la mandataria reconoció el trabajo del gabinete de seguridad, cuyos integrantes, dijo, laboran todos los días y arriesgan la vida en el cumplimiento de sus funciones, a quienes definió como “un equipo único”.