Los  delitos y violaciones a derechos humanos que sufren las personas migrantes en su tránsito por Tenosique (Tabasco) y alrededores –así como la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que defienden los derechos humanos brindando asistencia humanitaria– continúa de forma preocupante en las rutas migratorias, alertó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT).

El caso más reciente documentado fue en el puente fronterizo de El Ceibo, donde cientos de migrantes –independientemente de su nacionalidad– son trasladados a Corinto. Una vez allí, “son expulsados sin mayor explicación y desde ese lugar comienzan a trasladarse, unos a sus lugares de origen y otros nuevamente a México”, explicó.

De acuerdo con la brigada de documentación –integrada por la Red TDT; La 72, Hogar-Refugio para personas migrantes y el Colectivo Ansur–,  las condiciones no están mejorando: “la situación empeora de manera preocupante”, sin que exista una respuesta  contundente de las autoridades ante estas situaciones.

A pesar de circunstancias como la construcción del Tren Maya,  el recrudecimiento de las políticas migratorias y la pandemia por Covid-19 –señaló la Red TDT–, el tránsito  de personas migrantes continúa y  se registran un alza de delitos y violaciones a sus derechos. Éstos “van desde la extorsión, agresiones físicas, secuestro, trata de personas, falta de acceso a servicios médicos y humanitarios, negación de solicitudes de asilo y deportación”.  A esto se suman las constantes denunciados por hostigamiento, intimidación, retenes y detenciones arbitrarias con uso excesivo de fuerza por parte de los  elementos del Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional.

En un comunicado agregó que “los operadores de las políticas de seguridad y del sistema de justicia en todos sus niveles carecen de voluntad política para atender a las víctimas”. Asimismo indicó que la brigada de documentación constató de manera presencial la falta de condiciones, indolencia y trato burocrático por parte de las autoridades migratorias para obstaculizar la estancia de los migrantes en el país. Por ello, criticó la nula o escasa visibilización de la problemática y el desinterés de las autoridades estatales y municipales para proteger, respetar y garantizar derechos humanos.

Para la Red TDT, es preocupante que en el tránsito de las caravanas de personas en contexto de migración persista la inseguridad y la violencia. A esto “se suma el fortalecimiento de redes criminales con la pandemia, quienes operan de manera impune asaltando, extorsionando, secuestrando y amenazando a personas migrantes”.

Por ello, recordó en el comunicado que es obligación del Estado mexicano prevenir los delitos y violaciones a derechos humanos, terminar con la corrupción de las autoridades, además de ofrecer alternativas viables de desarrollo a las personas que viven o transitan por la región.

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