El Plan B en materia electoral, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es una reforma sustancial que contempla modificar cuatro artículos de la Constitución; sin embargo, tras el amago de la primera iniciativa, la nueva propuesta desecha las consultas populares en materia electoral. Además, deja a un lado la eliminación de curules en el Senado y, con ello, la modificación en el sistema de representación proporcional en la Cámara de Diputados, adelantó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa, el también legislador destacó la nueva iniciativa de reforma, al señalar que ésta mantiene la esencia de la primera, pues aún se busca reducir los costos que generan los partidos políticos, los procesos electorales y también todo lo relacionado a materia electoral, “en términos generales”. No obstante, confirmó Monreal, ahora Morena sí contará con el respaldo de sus aliados políticos –Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México– para asegurar la reforma.

“El domingo pasado, que nos reunimos con todos los partidos políticos de la coalición, todos expresaron estar al 100 por ciento con el Plan B. Todavía el domingo se tenía contemplado en el Artículo 35 la propuesta de la consulta popular, pero fue una decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el no presentarla”.

El Plan B, delineado por la primera mandataria, tiene como propósito reducir el gasto en las instituciones y en los partidos políticos, aumentar la fiscalización de recursos, incentivar la participación ciudadana, establecer topes presupuestarios en los Congresos locales, disminuir el número de regidurías conforme al tamaño de la población y reducir progresivamente el presupuesto en el Senado, además de establecer que la revocación de mandato se realice entre el tercer o cuarto año de gobierno.

Para llegar a ello, Monreal dijo que se deberán realizar reformas sustanciales y constitucionales; es decir, a los Artículos 35, 115, 116 y 134. “También habló hoy la presidenta de leyes generales o reglamentarias, habló de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se pretende modificar siete artículos; y la Ley General de Partidos Políticos, donde se pretende modificar cinco artículos. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contienen materias como topes de salarios, la fiscalización más estricta y, en tiempo real, también la fiscalización de probables recursos ilícitos provenientes de actividades ilícitas, o provenientes de cualquier persona que no esté capacitada y apta para recibir donaciones o recursos a los partidos y candidatos; entonces, eso viene ya en leyes secundarias”.

Sobre el Artículo 115, el diputado explicó que se modificará para limitar el número de regidores y síndicos por cada entidad. “Establece un máximo y un mínimo, establece un mínimo de siete hasta un máximo de quince los regidores y una sola sindicatura, porque hay estados donde tienen en su ley, en su Constitución, varios síndicos. Entonces, ahora se somete y se limita a un solo síndico y a siete, mínimo, de regidores hasta 15”.

Respecto al Artículo 116, señaló que ahora se fijará un límite al presupuesto de los congresos estatales, de modo que no se exceda en un porcentaje del 0.7 por ciento del presupuesto de egresos de los municipios. “Es lo que contiene y también procura reducir el número de diputados de acuerdo con la población, aunque no lo prevé en el Artículo 116”.

Mientras que el Artículo 134, que establece el tema de las remuneraciones de los servidores públicos, se ajustará estrictamente a los límites constitucionales. “Esto va orientado a los funcionarios electorales y del Tribunal Electoral, que no podrán ganar más que la presidenta de la República, y que tampoco se permitirán seguros de gastos médicos mayores, de separación individualizada, cajas de ahorro particular, bonos extras de desempeño, de todo esto se plantea la eliminación”.

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