A pesar del cierre del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) seguirá operando de manera regular. De igual manera, mantendrá la información de los datos obtenidos en los últimos años, indicó Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Actualmente, la PNT es regulada por el Sistema Nacional de Transparencia y administrada por organismos garantes. Sin embargo, “para garantizar su prevalencia, que se mantenga, se preserve y que se cuiden todos los datos históricos, y para garantizar que se va a mantener al menos la misma información, si no es que más, la Plataforma Nacional va a esta regulada ahora, en la ley; o sea, nosotros proponemos que la Plataforma se regule en ley y eso se le da la garantía y la permanencia de la ley”, señaló.
Asimismo, Buenrostro puntualizó que, la PNT será administrada por la Secretaría de Buen Gobierno. Igualmente, remarcó que, en el momento en que los comisionados entreguen los controles y el acceso, se instalará una huella digital de la base de datos nombrado como validador criptográfico, el cual permitirá auditar el contenido de la plataforma, con el propósito de garantizar la transparencia de los datos.
“Si en algún momento alguien pudiera pensar que se violó la información, se puede hacer una auditoría forense tecnológica para ver si estaba o no estaba desde origen. Entonces, con eso garantizamos que no se pierda nada de la información, que toda la información se mantenga y, además, que la plataforma continúe porque va a venir en ley”.
Finalmente, Buenrostro explicó que, con el nuevo esquema, será posible impugnar las resoluciones directamente ante las autoridades competentes. “La parte local se va a resolver a nivel local, la parte federal a nivel federal; y en los recursos federales, en una armonía con el artículo 134 constitucional, toda la información que esté relacionada con recursos federales puede ser atraída o atendida a nivel federal por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”.
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