Al analizar en qué momento se encuentran las estrategias del sector empresarial y la derecha para debilitar al gobierno de López Obrador, el doctor José Gandarilla Salgado advierte que por ahora continúan en el terreno de lo legal y de lo mediático –con campañas de desprestigio– y que se recrudecerán hacia 2024. No obstante, observa que la derecha se enfrenta a sus propios infortunios; por ejemplo, ser una fuerza política desestructurada por los propios protagonismos de sus integrantes, contar con figuras impresentables en la arena política y recurrir a empresarios desprestigiados
De cara a las elecciones presidenciales de 2024, los opositores al proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador recrudecerán sus estrategias para tratar de debilitar al gobierno, tanto en el terreno de lo legal como en el de lo mediático –lo que se ha conocido como el golpe blando–, explica el doctor en filosofía política José Gandarilla Salgado. No obstante, para el investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el infortunio de la derecha mexicana es que está muy desestructurada por los propios protagonismos de sus integrantes.
El estudioso de la política observa que, al mismo tiempo que lanzan sus campañas, los opositores tienen que lidiar con sus propias debilidades y contradicciones, por ejemplo que algunos de esos políticos de derecha son “figuras impresentables en la arena política”.
Ejemplo de ello sería el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien se encuentra prófugo de la justicia por su presunta participación en el caso de corrupción de Odebrecht-Petróleos Mexicanos al haber recibido, supuestamente, sobornos para aprobar la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se desempeñaba como legislador. A él se suman Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Diego Fernández de Ceballos, Margarita Zavala, Santiago Creel, Xóchilt Gálvez, etcétera.
El también maestro en estudios latinoamericanos y licenciado en economía identifica otros infortunios de la derecha, como el hecho de que ante la debilidad de sus integrantes haya tenido que recurrir “a figuras empresariales también impresentables, que son las que más aparecen como figuras políticas, al menos discursivamente, de ese bando”.
En este caso, el más visible es Claudio X González Guajardo –del conglomerado Kimberly Clark–, quien ha encabezado la oposición empresarial al gobierno de López Obrador, e incluso impulsó la iniciativa Sí por México (Va por México) que unió y ha financiado –junto con otros empresarios– a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
Para el doctor Gandarilla Salgado, “el otro infortunio de la derecha es que contamos con un [primer] mandatario muy hábil en el manejo del discurso político, muy hábil en la negociación política”. Lo que ha hecho fracasar sus estrategias de desprestigio.
—¿Cómo observa usted esta carrera a 2024, se podrían recrudecer todas estas estrategias?
—Sí. Sobre todo el papel de los medios de comunicación dominantes, que va a ser fundamental en la disputa de la maquinación de consensos, de falsas noticias, de fake news y de toda la estrategia que han estado consecuentemente siguiendo al amparo de un discurso que tiene que ver con nociones muy válidas y muy preciadas, como la cuestión de la libertad de expresión.
Al respecto, el doctor Gandarilla Salgado indica que la sociedad debe recordar, en el caso de los medios de comunicación empresariales, lo que ha ocurrido en la región latinoamericana: “no se puede pensar en las transiciones que se han vivido sin mirar a los grandes grupos de capital que concentran los grandes medios de comunicación, como son los casos de Argentina con Clarín, Brasil con O Globo, Perú con El Comercio. Todos estos grandes monopolios de la comunicación que intentan incidir en la conformación de una opinión pública favorable a los intereses de los que financian a dichos medios, los que sostienen el capital y el rendimiento de sus medios”.
Por ello, advierte que “en el horizonte de los próximos 3 años vamos a vivir –no nos llevemos sorpresas– diversas situaciones en que se van a ocupar esas estrategias para minar la presencia pública de la 4T. Me refiero no a la cuestión de que el Ejecutivo, a través de su espacio, genere opinión pública, sino a tratar de debilitar indicadores reales que estén planteando: procesos de transformación como puede ser el caso, en la post-pandemia, del fortalecimiento del sector de la salud o el implemento más consecuente de las nuevas políticas de educación, educación superior, u otras políticas que tienen que ver con el universalismo de la política social al que se está atendiendo, y que son la políticas a través de las cuales la llamada 4T está intentando arribar a un horizonte económico en el mercado interno, y de una situación de mayor o mejor convivencia social en el ámbito de lo político, y con los que apostará a tener la mayor capacidad para afrontar esa disputa política que nos espera en 2024”.
El golpe blando
Según el politólogo estadunidense Gene Sharp, el golpe de Estado blando emplea técnicas no frontales ni violentas en cinco fases, con el objetivo de desestabilizar económica, política y socialmente a los gobiernos progresistas. Estas estrategias, ha indicado Sharp, comienzan por ablandar a la sociedad a través del malestar y la desesperanza; deslegitimar las acciones gubernamentales por medio de la difusión de mensajes adversos, ofensas y noticias falsas; luego se promueven constantes movilizaciones de protesta; se emplean rumores para generar escenarios de falsa carestía y, con ello, señalar la incompetencia del gobierno e iniciar juicios injustos contra los gobernantes; finalmente viene la fractura institucional, donde los procesos judiciales avanzan, los medios de comunicación los apoyan y los gobiernos finalmente caen.
Al respecto, el investigador Gandarilla Salgado identifica que, a medio camino del mandato del presidente López Obrador, hay “ciertas tendencias en donde sí se han visto con mayor claridad algunos actores que juegan en el proceso de impedir esta transformación, que avance o se consolide. Estamos en un pulseo de fuerzas, en el cual ciertas teorizaciones ayudan, en efecto, como la que sugiere la cuestión del golpe blando o los estudios sobre lawfare [guerra judicial de la política], que en América Latina han emprendido algunos académicos y especialistas en derecho”.
Sin embargo, no está de acuerdo en que en México hay una reproducción mecánica de las denominadas fases de Gene Sharp. “Incluso pondría en duda si se trata de un académico o de un actor dentro de la geopolítica norteamericana, puesto que la política es un ámbito de correlación incesante de fuerzas”.
Asimismo, recuerda que, aunque el país está estructurado en tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, también se establecieron otros poderes fácticos: grupos de interés del anterior régimen, que desde el inicio trataron de debilitar al gobierno de López Obrador en el terreno judicial. Esto sucedió con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, indica el investigador. “Ahí quedó claro el uso del conocimiento especializado de jueces y magistrados, que podía ponerse al servicio de la perpetuación del régimen anterior”.
—Si estas fases de las que habla Sharp no necesariamente se están dando mecánicamente, ¿podrían convivir otras situaciones que tengan que ver con esta estrategia de debilitamiento?
—Claro que sí. De hecho, en algunos momentos de la discusión política nacional se ha planteado –a la mejor metafóricamente o como una especie de figura alegórica, pero incluso al interior del partido Morena con el conflicto con la anterior dirección y el Instituto de Formación Política– que hay o hubo intereses que estuvieron intentando debilitar a otras expresiones. Es decir, nos enfrentamos a intereses creados, muy fuertes, del capital, que están articulados con el capital financiero multinacional y con los grandes grupos corporativos de intereses en los sectores fundamentales: bancarios, comerciales o ahora en el ámbito energético. Desde luego que intentan o intentarán defender como puedan el rumbo de sus privilegios.
Al respecto, el doctor en filosofía política explica que “hay determinadas leyes y programas que el gobierno solamente podría aprobar contando con mayorías calificadas en las cámaras. Nunca ha sido el caso –desde que ganó López Obrador– tener la mayoría calificada. En ese sentido, el proyecto de la derecha era quitarle la conducción en términos del debate parlamentario e impedir que reformas que se consideran básicas para este proceso que estamos viviendo de la 4T fueran imposibilitadas. En este caso, al menos en la discusión, por ejemplo, sobre la reforma energética todo parece indicar que ya se aplazó hasta el año entrante, y hay una clara estructuración de los grupos de capital y de la conformación de una muy mutante formación política de derecha, o muy mudable. Entonces no queda claro dónde se va a ubicar, pues no tiene la medida necesaria para disputar el rumbo de la hegemonía actualmente en el país”.
Por esa razón, expone, “ya no apostaron a la revocación del mandato, y dejaron a uno de sus gendarmes –el Instituto Nacional Electoral– para que, con sus procedimientos, intente bloquear la expresión de la soberanía popular, como hizo con la consulta popular sobre los exmandatarios”. Señala que muchos de los consejeros electorales “han tomado claramente partido por uno de los grupos, en este caso, el grupo opositor, de tal manera que han minado la capacidad, si es que en algún momento la tuvo el órgano autónomo. Desde la administración pasada, ha quedado claro ese papel que el INE asumió, de estructurar una transición maniatada que no afecte los intereses vigentes en el país”.
Al revisar lo acontecido en América del sur, recuerda que en 2006 hubo una clara intención de impedir la candidatura de López Obrador, en la cual incidió todo el aparato gubernamental, empezando por el Ejecutivo. En Latinoamérica, detalla, han avanzado las nuevas formas de los golpes de Estado, “como fue en el caso de Paraguay con Fernando Lugo, o en Honduras con Celaya, o en Brasil con Dilma Rouseff. Pero también podemos ver procesos donde se están revirtiendo, como el caso de Bolivia –se cumple un año de ese proceso– y el de la elección en Honduras –con Xiomara Castro [cónyuge de Manuel Zelaya y presidenta electa de ese país], que de algún modo es la reversión de ese proceso del golpe de Estado de 2009”.
Por ello, considera que en México hay un proceso muy movible de correlación de fuerzas en la que existe una figura muy consistente, que es el titular del Ejecutivo con una gran popularidad en las encuestas, pero con una fuerza partidaria con muchas dificultades, con una discusión interna y un desafío en la coyuntura entrante, y un bloque opositor de derecha ya claramente definido, que está disputando en cualquier terreno las posiciones de la 4T.
Respecto del papel que juega el empresariado en el golpe blando pone como ejemplo la reacción que han tenido las trasnacionales ante la iniciativa de reforma energética: amparados en el supuesto discurso de las energías limpias, lo que en rigor están haciendo los grupos del capital es un proceso de transferencia de recursos públicos hacia los bienes e intereses del capital privado. Aunado a ello hay elusión o evasión fiscal: procesos en los cuales, a través de la comercialización y distribución de la energía eléctrica, en lugar de beneficiarse el Estado y amparar un mayor ingreso fiscal, lo que ocurre es que el empresariado se beneficia por no pagar al Estado lo que corresponde por la red de distribución.
El doctor Gandarilla Salgado señala que la reacción del empresariado claramente es tratar de adecuarse a la nueva situación para recuperar los privilegios con los que contaba anteriormente, como una política fiscal laxa o favorable al capital.
—Doctor, ahora que reflexiona sobre el infortunio de las derechas y cómo han recurrido a figuras ya muy desgastadas, pareciera que están ya muy desesperados porque estas estrategias no resultan en el debilitamiento del gobierno del presidente López Obrador. En ese sentido, ¿hay alguna posibilidad de que estos grupos de derecha quieran endurecer esta estrategia y de alguna manera aspirar a un golpe de Estado duro?
—Creo que es muy temprano para plantear una hipótesis de esa naturaleza. Algunas personas lo han hecho con cierto fundamento, otras ocasiones con menos información o bases para señalarlo por la preocupación que hay del nuevo protagonismo de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, y todo esto. Estamos ante una situación en la cual el papel de nuestras Fuerzas Armadas no es el de una fuerza combativa hacia afuera, no puede serlo. Y el papel que le dio el bloque opositor y de los gobiernos de derecha del PAN, pues ya vimos al desastre a que condujeron a nuestro país. Pero sí, la derecha puede endurecer –no está en su horizonte el no hacerlo– su política, por ejemplo, con relación a las cuestiones de carácter comercial, financiero o litigios en el ámbito de impedir en la próxima coyuntura, ser prácticamente los patrocinadores de tratar de frenar la posibilidad de la reforma energética y de otras políticas que están a la espera de su trato legislativo.
El doctor en filosofía política refiere que “lo que no podemos sacar como conclusión es una correlación de fuerzas estática o una situación donde el escenario no va a modificarse. Creo que las experiencias que están ocurriendo en otros países son muy ilustrativas, como es el caso de Chile o el electoral de las elecciones de 2021 en nuestro país. A algunos los llama a sorpresa el hecho de que algunos resultados electorales no fueron favorables para el proceso de la 4T. Lo que ahí se expresa es que es necesario redoblar el trabajo político, el trabajo territorial, para evitar que personajes que se daban por liquidados ahora aparezcan como figuras del propio parlamento nacional. En ese sentido, sí, puede darse un horizonte de agudizamiento de las contradicciones, y entonces, de endurecimiento de las propuestas políticas del bloque opositor, pero no veo tantas posibilidades de que se pueda establecer esa afinidad electiva con ciertos grupos de los mandos de las Fuerzas Armadas que darían una lógica de una conformación, como eran los procesos de golpe de Estado anteriores”.
Por el contrario, indica el investigador del CEIICH de la UNAM, “el protagonismo que está teniendo la relación civil del Poder Ejecutivo con la población nacional es a través de un mensaje de aplacar contradicciones para tratar de llevar a cabo un proceso de reestructura en el mercado interno que permita acercarse a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, que es el de construir un México con justicia y paz”.
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