En México, el combate a la corrupción se ha consagrado como una prioridad social, política y legislativa. Sin embargo, la corrupción se castiga poco y cada vez menos, tanto por la vía administrativa como por la vía penal, señala un informe del Instituto Belisario Domínguez (IBD), dependiente del Senado de la República. Al respecto, revela que para 2021 –último año del que se cuenta registro– había sólo 1 mil 465 personas presas por delitos de corrupción del fuero común y del fuero federal.
El análisis ¿Cómo se castiga la corrupción en México? Los resultados del combate a la corrupción a la luz de las sanciones administrativas y penales aplicadas a los servidores públicos 2013-2021 observa que sólo el 29 por ciento de esas 1 mil 465 personas recluidas contaba con sentencia (definitiva o no definitiva). Además, recuerda que la población penitenciaria en el país era de más de 220 mil personas, por lo que la cifra de presos por corrupción es mínima.
Elaborado por César Alejandro Giles Navarro, el estudio indica que entre 2014 y 2020, la Procuraduría General de la República/Fiscalía General de la República y las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas “iniciaron en su conjunto 140 mil 202 averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos de corrupción (22 mil 883 por el ministerio público federal y 117 mil 319 por los ministerios públicos locales). En este mismo periodo, fueron inculpadas o imputadas 85 mil 953 personas por delitos de corrupción”.
Para el IBD, aunque se ha hecho mucho para combatir este problema, las acciones aún no se traducen “en una política de Estado coherente, articulada y efectiva que contribuya a revertir el problema de la impunidad que prevalece en la inmensa mayoría de los delitos cometidos en el país. Los datos obtenidos en este estudio permiten concluir que, a pesar del auge que ha tenido el enfoque punitivo y la aprobación de reformas drásticas como la prisión preventiva oficiosa del año 2019, la realidad es que, en México, la corrupción se castiga poco y cada vez menos, tanto por la vía administrativa como por la vía penal”.
El análisis apunta que si se toma como base el año 2021, el número de personas en la cárcel por actos de corrupción es significativamente menor al de otros delitos, como el robo, que en ese año sumaba más de 125 mil presos; el homicidio, con más de 51 mil reclusos; o el secuestro, con 37 mil. “De hecho, al cierre de 2021, había más personas privadas de la libertad por el delito de aborto (313 personas), que todas las que se encontraban recluidas en su conjunto por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias (75 personas), esto, a dos años de la entrada en vigor de la prisión preventiva oficiosa para los delitos de corrupción y a un año de la Ley de Amnistía que extinguió las acciones penales para la interrupción del embarazo”.
Asimismo, se señala que el número de averiguaciones y carpetas de investigación iniciadas por los ministerios públicos, comparado con las causas penales ingresadas en los juzgados, las personas imputadas, privadas de la libertad y sentenciadas, descubre “que la política criminal contra la corrupción es poco efectiva, pues hay enormes distancias entre la cantidad de investigaciones que se abren, las personas que son acusadas formalmente ante un juez, las personas que ingresan a la cárcel y las personas que son sentenciadas por delitos de corrupción”.
Respecto del plano administrativo, el estudio detalla que las sanciones por faltas graves cometidas por los servidores públicos es marginal y con una tendencia decreciente, sobre todo a nivel federal. “Entre 2016 y 2020, el número de destituciones de servidores públicos federales registró una disminución equivalente al 71 por ciento, mientras que las inhabilitaciones cayeron 68 por ciento en el mismo lustro”.
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