La iniciativa de reforma constitucional en material electoral –conocida como el Plan B– buscará ampliar derechos democráticos, aumentar la participación ciudadana y disminuir privilegios, explicaron esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al presentar la propuesta.

Tras no alcanzar la mayoría calificada, la Presidencia de la República promoverá ahora un paquete de modificaciones –que también incluye cambios a la Constitución y a leyes secundarias– con el que además se buscará avanzar en el control del gasto público y el fortalecimiento de la fiscalización.

En su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo explicó que esta propuesta mantiene el objetivo de disminuir los recursos destinados al sistema electoral. “Vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto y que no se deben destinar tantos recursos a los partidos”, señaló, al recordar que la iniciativa constitucional no fue aprobada por falta de consenso legislativo.

Entre las medidas planteadas, destacó el establecimiento de topes presupuestales para los congresos locales, fijados en 0.7 por ciento del gasto estatal, así como la reducción del número de regidurías en los ayuntamientos, que quedarían en un rango de entre 7 y 15 integrantes, según la población.

Asimismo, se propone una reducción de hasta 15 por ciento en el gasto del Senado, además de límites salariales para que ningún funcionario electoral –incluidos consejeros y magistrados, tanto federales como locales– perciba ingresos superiores a los de la presidencia. A esto se suma la eliminación de bonos, seguros de gastos médicos y otras prestaciones adicionales en instituciones electorales y partidos políticos.

En el caso de los partidos, la iniciativa plantea obligarlos a transparentar sus recursos y evitar que sus dirigencias reciban ingresos por encima del Ejecutivo federal.

En materia de fiscalización, la presidenta señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá solicitar el apoyo de instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar el origen de los recursos en campañas, con el fin de impedir el uso de financiamiento ilícito o irregular.

También explicó que se propone modificar los tiempos del cómputo electoral, para que éste inicie de manera inmediata tras la jornada, con la llegada del primer paquete de votos, y no días después como ocurre actualmente. El objetivo, dijo, es evitar posibles manipulaciones en ese lapso.

En cuanto a la revocación de mandato, detalló que se plantea ampliar este mecanismo para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, lo que permitiría a la ciudadanía ejercer este derecho en más de un momento.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señaló que la iniciativa responde al principio de austeridad republicana, y busca disminuir los excesos en el ejercicio del poder. “Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana […]. Nadie podrá ganar más de lo que gana la presidenta”

La funcionaria agregó que los ahorros generados por la reducción de estructuras y presupuestos serían destinados a infraestructura social en municipios y entidades federativas.

De igual manera, detalló que el paquete incluye reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, enfocadas en reforzar la transparencia, el control de remuneraciones y la fiscalización.

En la primera se plantea –a través de distintos artículos– fijar topes salariales para consejeros y altos funcionarios del INE y de los organismos locales, así como para magistrados de tribunales electorales. También se propone adelantar el inicio de los cómputos tanto federales como locales, para que comiencen en cuanto lleguen los primeros paquetes.

En cuanto a la fiscalización, se contempla fortalecer los mecanismos de revisión mediante convenios con diversas autoridades y el uso de tecnologías para supervisar en tiempo real los recursos de partidos y candidatos.

Respecto a la Ley General de Partidos Políticos, la secretaria explicó que se establecería la obligación de transparentar las remuneraciones de las dirigencias, reportar operaciones financieras en tiempo real mediante sistemas bancarizados y fijar topes salariales por debajo del ingreso presidencial.

Finalmente, subrayó que la propuesta incluye la prohibición del uso de recursos ilícitos o de origen no comprobable en campañas, así como del financiamiento extranjero y las aportaciones en efectivo.