Este miércoles 3 de junio entraron en vigor las reformas que modifican la elección del Poder Judicial, crean un mecanismo de verificación de integridad de candidaturas y establecen la intervención extranjera como causal de nulidad electoral, informó la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján.
Durante la conferencia matutina, la funcionaria explicó que las modificaciones fueron publicadas el martes 2 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), luego de haber sido aprobadas por mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado, así como por al menos 25 congresos estatales.
Las reformas abarcan cambios al modelo de elección popular del Poder Judicial, la creación de un mecanismo para que los partidos políticos puedan conocer información sobre posibles riesgos relacionados con sus candidaturas y la incorporación de nuevas herramientas para sancionar actos de injerencia extranjera en los procesos electorales.
Respecto a la reforma judicial, detalló que la próxima elección de integrantes del Poder Judicial ya no se realizará en 2027, sino el 4 de junio de 2028. De acuerdo con la consejera jurídica, el cambio busca evitar que coincida con los comicios federales y locales previstos para ese año y permitir que la ciudadanía conozca de manera más clara a quienes aspiren a ocupar cargos judiciales.
La reforma también reduce el número de candidaturas que aparecerán en las boletas electorales y simplifica su diseño para facilitar la participación ciudadana. Asimismo, homologa los criterios de evaluación de los comités de selección de los tres poderes e incorpora un examen de conocimientos para quienes busquen competir por cargos judiciales.
Otro de los ajustes establece que las elecciones judiciales y las elecciones ordinarias se realicen en las mismas casillas y que los votos sean contabilizados en el lugar donde fueron emitidos, lo que evitará el traslado de boletas a los órganos distritales.
La funcionaria rechazó las críticas que interpretan estas modificaciones como un reconocimiento de fallas en la reforma judicial aprobada previamente. Señaló que los cambios derivan de la experiencia obtenida en el primer ejercicio de elección popular de juzgadores y tienen como objetivo facilitar la participación ciudadana.
La segunda reforma crea un mecanismo de verificación de integridad de candidaturas para identificar posibles vínculos de aspirantes a cargos de elección popular con actividades delictivas.
De acuerdo con Alcalde Luján, el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá integrar una comisión conformada por tres consejeros o consejeras que funcionará como enlace entre los partidos políticos y las autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero.
El procedimiento será voluntario. Los partidos podrán entregar total o parcialmente sus listas de candidaturas para que sean analizadas por las instituciones correspondientes. En caso de que las autoridades detecten un “riesgo razonable”, la información será comunicada de manera confidencial al partido político involucrado.
La decisión de mantener o retirar una candidatura seguirá siendo responsabilidad exclusiva de los institutos políticos.
La funcionaria aclaró que el INE no realizará investigaciones ni emitirá resoluciones sobre las candidaturas, sino que únicamente facilitará el intercambio de información entre las autoridades competentes y los partidos.
La tercera reforma incorpora la intervención extranjera como causa de nulidad electoral cuando se acredite que influyó en el resultado de una elección federal o local.
La consejera recordó que la Constitución ya prohibía la injerencia extranjera en los procesos electorales mexicanos. Sin embargo, destacó que la novedad consiste en que ahora esa conducta podrá tener una consecuencia jurídica específica: la anulación de la elección.
La determinación corresponderá a las autoridades jurisdiccionales electorales, que deberán valorar las pruebas y determinar si la intervención tuvo incidencia en el resultado de los comicios.
De igual manera, indicó que la reforma constitucional establece únicamente el principio general, por lo que en los próximos 90 días deberán discutirse y aprobarse las leyes secundarias que definirán los criterios, estándares probatorios y reglas de aplicación para estos casos.
Con la entrada en vigor de estas modificaciones, el marco electoral mexicano incorpora nuevas reglas para la elección de integrantes del Poder Judicial, mecanismos preventivos frente a posibles candidaturas vinculadas con actividades ilícitas y herramientas para sancionar actos de intervención extranjera que afecten la legalidad y legitimidad de los procesos democráticos.
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