El reinicio del Programa Quédate en México –a partir del 6 de diciembre de 2021– “podría agravar las condiciones, de por si lamentables, en las que se encuentran miles de personas migrantes a lo largo de la frontera norte”, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Y mostró preocupación especialmente por “el alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes varados en la frontera, sin el apoyo necesario para generar sus planes de protección”.
En su Informe especial de la CNDH sobre los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP)-Programa Quédate en México 2019-2021. Análisis de su impacto en los derechos humanos de las personas en movilidad en México, agregó que la primera consecuencia de dicho programa “fue que la espera de las personas en nuestro país para la cita con la que continuarían su trámite de refugio en Estados Unidos aconteció en condiciones muy precarias: hacinamiento, insalubridad y miedo”.
Por ello, consideró que se vulneró su seguridad humana. Además, documentó que “al grupo de quienes estaban inscritos en las listas del MPP se fueron sumando otras personas solicitantes de la condición de refugiadas, así como mexicanas y mexicanos en situación de desplazamiento forzado interno”.
Al presentar el Informe, la presidenta de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra, detalló que éste busca visibilizar las implicaciones que éste tuvo en los derechos de las personas de nacionalidad diferente a la mexicana que solicitaron asilo en Estados Unidos, y que entre enero de 2019 y junio de 2021 esperaron en México la cita en las cortes de aquel país para continuar con su trámite de resolución.
La CNDH advirtió que los Protocolos de Protección a Migrantes se desarrollan en medio de la compleja problemática migratoria que ha existido por mucho tiempo entre México y Estados Unidos. Y añadió que “la atención a las personas en contexto de migración ha sido motivo de gran preocupación institucional debido a sus condiciones de especial vulnerabilidad, en particular, los grupos en mayor riesgo como niñas, niños y adolescentes acompañados o no acompañados, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, y las personas de la comunidad LGBTTTIQ+”.
En ese contexto, recordó que –entre 2019 y 2021– “materializó sus facultades emitiendo constantes solicitudes de medidas cautelares a los distintos órdenes de gobierno en favor de las personas bajo el MPP, para impulsar acciones específicas para la dotación de servicios de salud e higiene, suministro de medicamentos, medidas de seguridad frente a posibles actos de violencia, entre otros. Asimismo, dado el contexto de incertidumbre que provocó el virus SARS-CoV-2, también fueron solicitadas medidas de prevención e identificación de la enfermedad para impedir o reducir al mínimo su propagación y efectos adversos en la población migrante”.
La CNDH expuso que los migrantes indocumentados regularmente viajan en condiciones de gran precariedad y con escasos recursos económicos, por lo cual con la espera en México se generó una crisis humanitaria. Criticó que el proceso de reconocimiento de refugiados duró más de dos años, y las instituciones del Estado mexicano –federales, estatales y municipales– no estaban preparadas para atender la situación extraordinaria.
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