¿Alguna vez te has preguntado cómo es o cómo se ve una persona migrante? El término en sí mismo tiene una carga estigmatizante, con características construidas sobre la condición de las comunidades en movilidad. Aspectos como la pobreza, el lenguaje y la apariencia hacen parte del conjunto de ideas erradas que se tienen.

Mucho se ha hablado del racismo como un fenómeno superado. Sin embargo, los estereotipos sociales acuñados a las personas mal llamadas “migrantes” suelen partir de un perfilamiento específico. Se construyen desde los marcadores raciales –aspectos físicos–: tono de piel, cabello, rasgos faciales o el cuerpo. Aunque hablar de estos temas cada día es más común, el activismo y las acciones sociales han permitido combatir estos estigmas.

El impacto que el racismo puede llegar a tener en los lugares con presencia de comunidades racializadas y en tránsito en México resulta significativo, tanto en la dinámica cotidiana como en la forma en que son tratadas.

Si aunamos factores como el género, la clase, el idioma, las diversidades sexuales o funcionales, encontramos que la discriminación continua presente. Para las personas racializadas, se vuelve un atentado contra sus derechos básicos.

El mejor ejemplo para visibilizar las formas en que opera el racismo y la discriminación en el mundo es la reciente controversia en Texas, Estados Unidos: la ley SB 4 (Senate Bill 4), aprobada por el gobernador Greg Abbott.

A pesar de que su aplicación entró en vigor por poco tiempo debido a la demanda del gobierno federal, esta ley antimigrante convertía en delito el cruce de México a territorio estadunidense por cualquier vía que no fuera una entrada legal. ¿Cómo se relaciona? De entrada, las medidas para llevarla a cabo ratifican el racismo estructural que se vive en Estados Unidos –para este caso–.

Dentro de sus implicaciones, el hecho de permitir que los agentes policiales –locales y estatales– tuvieran la capacidad de realizar detenciones de cualquier persona sospechosa de transitar “sin documentos” convertiría su labor en acciones arbitrarias permeadas por juicios de valor. Estos mismos acentuarían los estereotipos raciales.

Al tomar en cuenta el porcentaje de habitantes que se reconocen como latinos o hispanos en Texas, se estaría atentando en contra de cualquier persona, sin importar la apariencia física. Aun con la pronta suspensión de esta norma y con el rechazo del gobierno de Joe Biden y el gobierno mexicano, el perfilamiento racial en materia de movilidades humanas perpetúan conductas racistas, estigmas sociales y discriminación en las zonas fronterizas.

¿Qué está haciendo México para garantizar los derechos de las comunidades racializadas y en tránsito? Las realidades para estas poblaciones residentes –permanente o temporalmente– en nuestro territorio no son diferentes al caso antes expuesto.

Pese a la creación de órganos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) o el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), estamos inmersos en un sistema racista. Nos invita a seguir ocultando e invisibilizando la existencia de afrodescendencias y afromexicanidades.

El estigma social, las prácticas raciales y las conductas racistas promueven un mundo donde imperan las desigualdades. Por ello, tenemos que entender que las poblaciones en movilidad no sólo son personas racializadas. No se debe asumir su origen o condición. Asimismo, es necesario reconocer la presencia de población mexicana bajo la condición “migrante” en otros territorios. De esta manera, se abonaría a la apertura y el respeto.

En tanto a la lucha por el reconocimiento afrodescendiente y afromexicano, el pasado primero de abril apareció el “Decreto por el que se reforman diversos ordenamientos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, en el Diario Oficial de la Federación.

Éste es un paquete de reformas, en el cual se reconocen los derechos de las comunidades, pueblos y personas afromexicanas en 46 leyes federales. Dentro de estas modificaciones, encontramos leyes referentes a temas como recursos forestales, de tierra y territorio; educación, y derechos culturales y autodeterminación de los pueblos, así como la Ley Federal para Prevenir la Discriminación y el acceso a planes de desarrollo que más se adecuen a las particularidades de cada comunidad.

¿Qué le espera a México en cuanto a migración, afrodescendencias y discriminación? Si bien estas reformas constitucionales son un avance, no es suficiente con adherir la leyenda “y afromexicanos”.

Por el contrario, es necesario redoblar los esfuerzos para despojarnos de acciones insertadas desde el racismo. También, continuar la sensibilización de instancias públicas y gubernamentales. Y, sobre todo, llevar las reflexiones a la vida cotidiana, pues es allí donde las formas de discriminación más comunes aparecen.

Por último, hay que recordar que el derecho a la vida digna no debería ser un privilegio; el libre tránsito y la garantía contra la no discriminación, tampoco. El reto más grande lo enfrentarán quienes ganen las próximas elecciones. Desde los activismos y las protestas sociales, el 2025 es un año esperanzador.

Alitzel Díaz*

*Colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

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