El rector Enrique Graue sostuvo que la UNAM defiende el derecho humano a la información, la libre expresión y que “la censura siempre será contraria a la esencia de la Universidad”, pero cambió de opinión. Ahora amenaza con demandar penalmente a los periodistas que han revelado parte de su patrimonio y estilo de vida con cargo al erario, así como el presunto uso irregular de recursos públicos en la máxima casa de estudios. Este tipo de hostigamiento –conocido como judicialización del trabajo periodístico– es inhibitorio de forma generalizada: manda el mensaje de que cualquier medio y comunicador que se atreva a indagar esos temas enfrentará las mismas consecuencias. Con ello, el funcionario universitario limita la rendición de cuentas y exhibe el doble rasero de la institución

A la hora de ejercer el derecho humano a la información y la libre expresión existe un doble rasero en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Como con ningún otro tema, las autoridades de la máxima casa de estudios alegaron que tienen derecho a publicar el expediente de investigación en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa –investigada por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura– y reprobaron las suspensiones otorgadas por distintos juzgados a favor de la afectada, las cuales calificaron como censura. No obstante, esa narrativa de garantizar el derecho a saber y promover la rendición de cuentas se esfumó cuando el investigado fue el rector Enrique Luis Graue Wiechers por el manejo del presupuesto público.

Este tema es a todas luces de interés nacional, porque se trata del dinero del pueblo. Tan sólo en 2023, la Universidad maneja un presupuesto de 52 mil 728 millones de pesos, de los cuales 47 mil 659 millones provienen del gobierno federal (90.39 por ciento) y 5 mil 69 millones son ingresos autogenerados (9.61 por ciento).

Y aunque en el contexto del caso de Yasmín Esquivel la UNAM ha afirmado que está comprometida con la transparencia, Graue Wiechers no tuvo ningún reparo al intentar amedrentar a los reporteros Mario Maldonado y Ricardo Sevilla, a los que podría demandar penalmente en los próximos días, lo que implica una amenaza de cárcel. Y todo, porque revelaron parte de su patrimonio y el estilo de vida que lleva a costa del erario, así como el presunto uso irregular de recursos públicos.

Con esa amenaza, el funcionario universitario está promoviendo una censura generalizada a la prensa pues, como se sabe, para el trabajo periodístico la judicialización tiene carácter inhibitorio: manda el mensaje de que cualquier medio y comunicador que se atreva a indagar esos temas enfrentará las mismas consecuencias.

En este punto es importante reconocer que además de la posibilidad de que el Poder Judicial falle en contra de los reporteros y, con ello, lleguen a perder la libertad o el patrimonio, atender una demanda implica una merma económica, porque hay que contratar abogados; aunado a ello, el asistir a tribunales a lo largo del proceso judicial distrae de la labor periodística.

Pero no sólo se trata de eso. En el fondo, la amenaza del rector viola el derecho humano a la información que tiene la sociedad y limita la rendición de cuentas sobre el ejercicio del dinero público. La UNAM y, por tanto, sus autoridades son sujetos obligados a informar. Así, lo menos que debería de estar haciendo el máximo representante de la Universidad es explicar tanto a la comunidad universitaria como al pueblo en general si su evolución patrimonial y sus gastos son acordes con sus ingresos, en vez de estar censurando las informaciones periodísticas.

El rector Graue Wiechers debe tener presente que, como cualquier otro servidor público, debe observar un grado de tolerancia mayor al de cualquier persona respecto del escrutinio público, las opiniones y las críticas. También debe saber que esta condición de funcionario lo mantiene en el ojo de las autoridades hacendarias, pues se trata de una persona políticamente expuesta a la cual, de forma automática, vigilan la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.

De ello da cuenta la Lista de personas políticamente expuestas nacionales elaborada por la UIF, que en su apartado “I.V Organismos autónomos” enuncia que el titular, encargado u homólogo de la UNAM, así como los tres niveles jerárquicos inferiores de éste, se consideran como “personas que, por su empleo, cargo o comisión dentro del gobierno mexicano pueden ser objeto o medio para facilitar la comisión de los delitos de lavado de dinero/financiamiento al terrorismo/financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva, a través de diferentes conductas, tales como actos de corrupción, cohecho y peculado, entre otros, las cuales son susceptibles de utilizar el sistema financiero mexicano como medio para la comisión de dichos ilícitos”.

Doble discurso

El rector de la UNAM –quien gana 159 mil 867 pesos mensuales brutos– ha sostenido en los primeros meses de 2023 que le importa mucho la difusión de la información para justificar su campaña en contra de la ministra Esquivel. En uno de los comunicados emitidos por la Universidad incluso se afirma que la máxima casa de estudios es incompatible con la censura, lo que claramente choca con la carta que emitió Graue Wiechers el pasado 28 de abril en la que amenaza al columnista de El Universal con demandarlo penalmente: “ante este conjunto de falsedades que lacera mi prestigio y amenaza a mi familia, me reservo el derecho de demandar penalmente al señor Mario Humberto Maldonado Padilla, autor de estos infundios”.

Pero apenas el pasado 17 de febrero, en su boletín de prensa UNAM-DGCS-117 la institución aseguraba lo siguiente:

“Ante la suspensión provisional concedida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México [a favor de la ministra Yasmín Esquivel], el 15 de febrero pasado, la Universidad Nacional Autónoma de México manifiesta lo siguiente:

“1. Esta casa de estudios es respetuosa de la ley y acatará lo estipulado en el acuerdo de suspensión provisional referido, en el sentido de no divulgar información relativa al caso y  hará uso de los recursos jurídicos a que tiene derecho.

“2. La Universidad es un espacio de libertades, donde la pluralidad de las ideas se expresa y confronta sin restricciones ni cortapisas. En la Universidad no se acallan las voces; por el contrario, es donde se alienta el debate y se cultiva el pensamiento crítico. La censura siempre será contraria a la esencia de la Universidad.

“3. Por eso, la UNAM lamenta y no puede estar de acuerdo con el mandato judicial que busca silenciarla, coartando su libertad y el derecho a la información de los universitarios y de la sociedad.”

Nada de eso recuerda ahora el señor rector. En los hechos, promueve la censura generalizada al recurrir a la vieja artimaña de amenazar con demandar a quien se atreva a fiscalizar su gestión pública.