La actual Legislatura ha aprobado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales relacionadas con derechos sociales, soberanía, democracia, justicia, bienestar y reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos, informó la consejera jurídica de la presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján.

Durante la conferencia presidencial, la funcionaria explicó que las modificaciones forman parte de un proyecto que busca recuperar el sentido social de la Constitución y colocar al pueblo como eje de las decisiones del Estado.

Uno de los principales cambios, señaló, está relacionado con la soberanía nacional y la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos. En este grupo ubicó las reformas para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como las relacionadas con los trenes de pasajeros.

También destacó la reforma que protege al maíz nativo y prohíbe el maíz transgénico, además de las modificaciones para reconocer el agua como un derecho humano y combatir su acaparamiento.

A estas medidas se suman las disposiciones para impedir la transmisión de propaganda política de gobiernos extranjeros en radio y televisión, así como la nulidad de elecciones cuando se compruebe intervención extranjera.

La consejera jurídica señaló que otro de los objetivos ha sido fortalecer la democracia y avanzar en la austeridad republicana. Entre las reformas mencionó la prohibición del nepotismo y la reelección, así como el impulso a la consulta popular.

En materia institucional, explicó que algunos organismos fueron sustituidos por nuevas estructuras. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dio paso a Transparencia para el Pueblo; el Instituto Federal de Telecomunicaciones se transformó en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, mientras que la Comisión Federal de Competencia Económica fue sustituida por la Comisión Nacional Antimonopolio.

Además, la consejera jurídica destacó las modificaciones relacionadas con el derecho de las audiencias, que contemplan códigos de ética, defensores de las audiencias y mecanismos para ejercer este derecho.

En seguridad y justicia, la funcionaria señaló que se han impulsado reformas para combatir delitos como la extorsión, el tráfico de fentanilo, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la emisión de facturas falsas y el feminicidio.

De acuerdo con la funcionaria, estos cambios también buscan fortalecer las instituciones encargadas de investigar y perseguir delitos, entre ellas la Guardia Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública.

A este conjunto de modificaciones se suma la reforma al Poder Judicial, que establece la elección de ministras, ministros, magistradas, magistrados y jueces mediante el voto popular. La consejera también destacó la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, la evaluación obligatoria de las personas juzgadoras y la reducción de los tiempos para resolver distintos procesos.

Por otra parte, mencionó las reformas para mejorar la búsqueda de personas desaparecidas. Estas contemplan registros y bases de datos unificados, alertas inmediatas, participación de familiares, mayores recursos para las comisiones de búsqueda y la apertura de carpetas de investigación ante una denuncia de desaparición.

En materia social, la funcionaria destacó la incorporación de los Programas de Bienestar como derechos constitucionales, con reconocimiento para personas adultas mayores, personas con discapacidad, jóvenes, campesinos, estudiantes y pescadores.

También señaló las reformas laborales encaminadas a reducir la jornada de trabajo a 40 horas semanales, disminuir la brecha salarial entre mujeres y hombres y garantizar seguridad social a las personas trabajadoras de plataformas digitales.

Entre estas modificaciones incluyó además la denominada Ley Silla –que obliga a los patrones a proporcionar asientos o sillas con respaldo a los trabajadores de los sectores de comercio y servicios– así como medidas de protección para jornaleras y jornaleros agrícolas.

Respecto a la vivienda, explicó que las reformas devolvieron al Infonavit y al FOVISSSTE la capacidad de construir vivienda y ampliaron las opciones de financiamiento. Ahora, dijo, los créditos también pueden destinarse a esquemas de renta social y remodelación.

En materia ambiental, la consejera jurídica mencionó las modificaciones para fortalecer la protección del medio ambiente y el bienestar animal. Mientras tanto, en el ámbito económico destacó las medidas para impulsar la inversión pública y mixta, apoyar a micro y pequeñas empresas, desarrollar infraestructura estratégica y simplificar trámites mediante la digitalización.

La funcionaria también resaltó los cambios relacionados con los derechos de las mujeres. Entre ellos, señaló el reconocimiento constitucional de la igualdad sustantiva, así como las medidas para prevenir, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres y el feminicidio.

Para niñas, niños y adolescentes, mencionó disposiciones contra la discriminación, el acoso escolar y la violencia en internet.

Destacó el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con la posibilidad de ejercer directamente recursos presupuestales y el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Después de la exposición de la consejera jurídica, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que las 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales aprobadas durante este periodo buscan recuperar el sentido social de la Constitución y la soberanía nacional.

La primera mandataria recordó que la Constitución de 1917 incorporó derechos relacionados con la tierra, el trabajo y los recursos naturales. Sin embargo, sostuvo que durante el periodo neoliberal se aprobaron modificaciones que revirtieron parte de esas conquistas sociales.

Sheinbaum Pardo señaló que el movimiento de la cuarta transformación busca revertir ese proceso mediante cambios constitucionales y legales que, afirmó, recuperan derechos sociales y fortalecen la soberanía y la democracia.

Como ejemplo, destacó la reforma de 2024 que reconoció plenamente los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Según explicó, este reconocimiento no estaba contemplado en las constituciones de 1824, 1857 ni en la de 1917.

Para la titular del Ejecutivo federal las modificaciones aprobadas representan un cambio profundo en el marco constitucional del país, con efectos en derechos como la vivienda, la salud, la educación y los Programas de Bienestar.

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