El 5 de febrero de 1857, el Congreso Constituyente proclamó y juró la Constitución. Creó el Estado laico y golpeó los intereses de la Iglesia, el Ejército –que tenía fuero– y las minorías privilegiadas. Sobre esta base, México enfrentó a los conservadores y a la invasión francesa. El 5 de febrero de 1917, se aprobó la Constitución producto de la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX.

México tomó la iniciativa. Se colocó a la vanguardia de los grandes cambios que requería el mundo en el siglo pasado. Por primera vez, la Constitución plasmó derechos nacionales y sociales, así como garantías individuales. Significaron un gran avance para nuestro pueblo y un ejemplo a nivel internacional.

En esa fecha emblemática, el 5 de febrero de 2024, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, anunció 20 iniciativas de reformas constitucionales desde el Palacio Nacional.

 

Para abordar el tema, el lunes 12 de febrero, la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública realizó una conferencia de prensa en el Club de Periodistas, ubicado en Filomeno Mata 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esto con el objetivo de abordar los más acuciantes problemas de la actualidad.

En el evento, se analizaron las iniciativas presidenciales dadas a conocer en el día, en el cual se conmemora la promulgación de las Constituciones de 1857 y de 1917. Se leyó el boletín de prensa e intervinieron Héctor Torres Gonzales, Mónica Soto Elizaga, Benito Mirón Lince, Marcelo Herrera Hebert y su servidor, Pablo Moctezuma Barragán, para abordar el análisis.

Al mismo tiempo, se realizaron conferencias de prensa conducidas por Martha Teresa González en Chihuahua; Araceli Gonzàlez Moyaho en Puebla, y Verónica Carrillo Ortega en Veracruz, acompañadas por integrantes de la Promotora para abordar este interesante tema.

Ese día, 12 de febrero, la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública –que se conformó hace más de cuatro años– lanzó las consignas. “Por el bien de todas y todos: ¡Ni un peso más al Fobaproa/IPAB!” “¡Auditoría integral de la deuda pública!” y ¡Suspensión del pago del servicio de la deuda pública YA!”. Asimismo, se argumentó a fondo la razón de estas demandas necesarias y urgentes.

Las 20 iniciativas de reforma a la Carta Magna pretenden garantizar los derechos de los pueblos originarios, afroamericanos, ancianos y estudiantes; la atención médica gratuita, educación, vivienda, agua y salarios; el derecho al empleo, pensiones, oportunidades laborales y de capacitación para los jóvenes; la reforestación; precios de garantía; acceso a internet; desarrollo de vías férreas; el carácter de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresa pública y estratégica; la reforma electoral y judicial; entre otros puntos.

El garantizar derechos enunciados por la Constitución es una deuda añeja del Estado mexicano. Es bienvenida la iniciativa de realizar reformas constitucionales en tal sentido.

De hecho, para desmontar el andamiaje legal neoliberal, sentar las bases de un nuevo Estado democrático, popular y soberano, es necesario convocar un constituyente que elabore la Constitución del siglo XXI. En ésta, se debe organizar la sociedad en torno al ser humano y la satisfacción de sus necesidades, al tiempo que se respeta y protege la naturaleza.

Asimismo, se requiere una legislación electoral que renueve la democracia en México. Motivar que, con su acción y participación, el propio pueblo decida y haga valer su voluntad. Así, seleccionará, elegirá y mandatará a sus representantes, organizado a partir de las comunidades de trabajo, vivienda, actividad y territorio.

De esta manera, el sistema de convivencia y de toma de decisiones será democrático, de abajo hacia arriba, a fin de lograr el empoderamiento popular.

Éste es un punto pendiente en la agenda, así como otros aspectos políticos y de medidas laborales y sociales para revertir el neoliberalismo y abolir el viejo régimen.

En el ámbito económico, la Promotora para la Suspensión del Pago de la Deuda Pública señala que el poner la garantía de derechos en el centro supone colocar también al ser humano sobre los intereses de los grupos privilegiados e intereses financieros.

Esto implica destinar los principales recursos disponibles para el bienestar de la población y el desarrollo del país; reducir gastos a campañas y partidos políticos; disminuir regidores y estructuras burocráticas; eliminar plurinominales y reducir congresistas; eliminar dependencias y organismos autónomos onerosos, e imponer un límite a los salarios de servidores públicos para que nadie gane más que el presidente. Son pasos positivos, pero no suficientes.

Para que las reformas propuestas no queden en letra muerta –como los artículos constitucionales que actualmente ya dan derecho al empleo, la vivienda, el agua, etcétera.–, hace falta una transformación del diseño fiscal y presupuestal, la cual privilegie los derechos y necesidades populares.

El presupuesto de egresos de 9 billones 60 mil millones de pesos para 2024 es insuficiente. Además, prevé un déficit en el ejercicio fiscal de 1 billón 690 mil millones de pesos. Dicho monto no alcanza para cubrir el plan de reformas. Por otra parte, el incierto panorama económico y político de Estados Unidos y el mundo conlleva grandes peligros, para los cuales se necesitan medidas preventivas.

El Estado mexicano debe ser solvente. En 2024, recibirá ingresos por 7 billones 320 mil millones de pesos. Por lo tanto, habrá nuevos endeudamientos, de más de 19 por ciento del total de ingresos. En cuanto a las erogaciones, 1 billón 300 mil millones de pesos se dedicarán al servicio de la deuda pública, y 1 billón 500 mil millones al pago de las pensiones. De este modo, sólo el 69 por ciento del presupuesto será para el gasto público.

Ante esa situación, las reformas deben tener un sustento presupuestario real, sobre todo si queremos que las soluciones sean auténticas, profundas y generalizadas.

La Promotora para la Suspensión del Pago de la Deuda Pública ha hecho notar que estamos pagando las deudas adquiridas por el viejo régimen del Prian. Esto incluye a la odiosa deuda del Fobaproa. Por lo mismo, es indispensable auditarla y, sobre esa base, negociar con los acreedores para reducirla.

La deuda no deja de crecer: al principio del sexenio era de 10 billones 600 mil millones. Al final, alcanzará 16 billones 800 mil millones si no se toman medidas necesarias y urgentes. La suspensión mientras se audita y se negocia, le daría al país recursos extraordinarios de 2 billones 500 mil millones en un par de años.

Al mismo tiempo, es necesario aplicar un impuesto a las grandes fortunas. En los últimos años, han crecido, lo cual provocó que sólo 10 personas acumulen más de 150 millones de dólares en 2023. Tomemos en cuenta que sólo 33 empresarios en México acaparan el 60 por ciento de la riqueza.

Al aplicar un impuesto de 5 por ciento a los poseedores de más de 100 millones de pesos –que suman alrededor de 15 mil personas–, se obtendría por lo menos 2 billones de pesos. Esta medida –acompañada de una reforma fiscal progresiva, en la cual las corporaciones que ganan más, paguen más– podría dotar al fisco de recursos adicionales.

Es abusivo el nivel de ganancias de las grandes corporaciones. El aumento anual de los bancos fue de 40 por ciento. Esto representó un récord en sus ingresos por intereses. En La Jornada, Julio Gutiérrez ha informado que, entre enero y noviembre de 2023, recibieron 1 billón 465 mil 900 millones de pesos por ese concepto a escala nacional, según las cifras más recientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esta reforma fiscal podría significar un ingreso de 2 billones de pesos.

En un par de años, las tres medidas en su conjunto podrían dotar al nuevo gobierno de más de 6 billones 500 mil millones de pesos. Este presupuesto podría impulsar inversiones productivas en las comunidades de pueblos originarios y afroamericanos.

De la misma manera, podría sustentar un nuevo sistema de pensiones; garantizar el apoyo a estudiantes; lograr atención médica gratuita oportuna y de alta calidad; financiar el sistema educativo; lanzar un ambicioso programa de vivienda popular; realizar las inversiones hídricas multilaterales de nivel nacional que garanticen el derecho al agua; impulsar salarios, y garantizar el empleo formal remunerativo, con prestaciones y oportunidades laborales y capacitación para jóvenes. Asimismo, se podría dedicar una parte a la reforestación intensiva, precios de garantía, desarrollo del campo, acceso a internet y al desarrollo de vías férreas a lo largo y ancho del país.

Existen los objetivos, tenemos recursos. Hace falta aplicar el principio de priorizar el desarrollo nacional y los derechos populares por encima de los acreedores y las corporaciones rapaces. Uno de los más grandes problemas actuales es la deuda pública. De su resolución depende el futuro, el desarrollo de México y el bienestar de la población.

Para encontrar la solución a los dilemas de hoy, tenemos que hacer acopio de la rica experiencia histórica, sacar conclusiones y buscar alternativas actuales. Vamos a estudiar el problema de raíz, hacer un diagnóstico certero y proponer soluciones al manejo actual de la deuda externa.

Es hora de tomar al toro por los cuernos, como lo hicieron los presidentes Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías y Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Vamos a poner por delante los intereses nacionales y populares.

Durante la lucha por la Independencia, la política de Morelos fue no reconocer las deudas del viejo régimen. La misma posición siguió posteriormente al triunfo. Fueron los conservadores como Lucas Alamán, Anastasio Bustamante, Miramón y Zuloaga, quienes endeudaron al país. Los gobiernos progresistas suspendieron el pago para atender las prioridades del país y de su población.

Ante grandes problemas grandes remedios, en México el problema de la deuda exige urgente solución porque hacen falta recursos adicionales para garantizar derechos, desarrollo y bienestar.

Pablo Moctezuma*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social