Aguascalientes es un “caldo de cultivo perfecto” para criminalizar a las mujeres que abortan, debido a redes de complicidad entre grupos conservadores, gobierno, fiscalía y congreso estatal, denunció el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, la organización publicó un informe que revela un esquema de operación y red de complicidad entre los poderes de la entidad que operaría para criminalizar a las mujeres que buscan interrumpir un embarazo de forma legal o espontánea.

En todos los casos documentados por GIRE, los hospitales dieron aviso a la Fiscalía en cuanto las mujeres solicitaron atención médica, además de que fueron coaccionadas para declarar que se habían provocado un aborto con pastillas. El personal de la Fiscalía interrogó a las mujeres, les tomó fotografías y las hizo firmar su declaración sin explicarles el posible alcance del procedimiento.

En Aguascalientes, 10 mujeres han sido criminalizadas por abortar y fueron abiertas 49 carpetas de investigación por aborto entre 2015 y agosto de 2021, según el reporte de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citada por GIRE.

Entre abril y agosto de 2021 fueron abiertas 11 carpetas de investigación por el delito de aborto, cifra que duplica la cantidad de carpetas (cinco) abiertas  en 2020. La organización feminista consideró preocupante el aumento en la criminalización de las mujeres.

En la trama de criminalización denunciada por GIRE operarían el Congreso, la Fiscalía, los gobiernos locales, grupos conservadores como el Frente Nacional por la Familia y legisladores de Partido Acción Nacional, Partido Encuentro Social y Partido Verde Ecologista de México. Incluso el Hospital de la Mujer, obligado por la NOM-046 a garantizar el servicio, formaría parte de las instituciones que revictimizan a las mujeres víctimas de violación.

“La idea de que las mujeres están obligadas a ser madres está en la sociedad de Aguascalientes y, por lo tanto, en todas las instituciones y poderes del estado, lo que implica que se perpetúen roles sociales y estigmas que abonan a la violación de sus derechos y a la criminalización social y judicial de las mujeres que toman decisiones sobre su vida reproductiva”, refiere la organización feminista en el reportaje creado en colaboración con Tania Magallanes.

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