Aunque el documental titulado “Cuando perdimos el juicio” se presentó como un producto periodístico, forma parte de una serie de insumos generados por una red de la derecha mexicana e internacional que busca colocar la idea de que México avanza hacia el autoritarismo, sin supuestos “contrapesos” institucionales. Es por ello que su principal fin es cuestionar la reforma judicial. Detrás de ese producto hay varias organizaciones, aliadas incluso de la NED; entre ellas: Konrad Adenauer Stiftung, Juicio Justo, Fundación para el Debido Proceso, Réplica, Rule of Law de la Universidad de Nueva York

Recientemente se publicó el documental titulado “Cuando perdimos el juicio”, que cuestiona la reforma judicial en México. Detrás de éste hay varias organizaciones no gubernamentales que forman parte de la gran red de la derecha mexicana e internacional, entre ellas: Juicio Justo, la Fundación para el Debido Proceso, Réplica, Rule of Law de la Universidad de Nueva York y la Konrad Adenauer Stiftung.

Como en otras ocasiones, quienes atacan la transformación en México, ven en la reforma judicial uno de los procesos más cuestionables y críticos. Incluso opositores, nacionales y extranjeros, han mencionado que con esta reforma –y otras– se erosiona la democracia en México.

Nada más falso. Por el contrario, fue la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que era antidemocrática, la elegida por el “dedazo” de Ernesto Zedillo Ponce de León, el autor del Fobaproa, de las reformas estructurales, las privatizaciones, el rescate carretero y el endeudamiento. El mismo presidente que no supo cómo atender la situación en Chiapas y terminó por violar derechos humanos con la masacre en Acteal. El mismo de las masacres del Charco y El Bosque.

Esa SCJN fue la que se opuso a transformaciones relevantes que beneficiaban al pueblo de México en el sexenio del expresidente López Obrador, como la Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, y que, junto con el exjuez Juan Pablo Gómez Fierro –el que otorgó amparos a empresas como Ingemar–, judicializó reformas.

Norma Piña, quien presidió la SCJN al final de la anterior etapa, votó por la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, e invalidó el Plan B electoral. O sea, se opuso sistemáticamente a la democratización.

Ese anterior Poder Judicial fue el que liberó constantemente a generadores de violencia. Bastan algunos ejemplos para que el pueblo de México recuerde qué tipo de relaciones tuvo: el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dio a Luis Cárdenas Palomino “la protección y el amparo de la justicia de la Unión” para desbloquear una de sus cuentas; el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México revocó la sentencia del Juzgado Décimo Segundo con la que se había negado el amparo solicitado por la esposa de Genaro García Luna contra su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas del 9 de diciembre de 2019; el Juzgado de Primera Instancia Penal de Hidalgo, en Guerrero, ordenó el miércoles 18 de mayo la libertad inmediata de Héctor Luis Palma Salazar, mejor conocido como el Güero.

Red de derecha detrás del documental

¿Quiénes son las organizaciones detrás del documental y por qué es importante que el pueblo de México conozca su procedencia?

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) es dirigida por Katya Salazar desde 2009. Esta fundación, el think tank The Inter American Dialogue –el mismo que en el sexenio de Felipe Calderón promocionó el plan “Visión 2030: el México que queremos”– y la Barra Mexicana de Abogados realizaron en 2024 la investigación “Una amenaza a la independencia judicial. Análisis de la iniciativa de reformas constitucionales en México”. Sus autores fueron Adriana García, asesora experta del Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho en la Facultad de Derecho de Stanford, y Daniel Caballero, asociado del Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano. Contó con la edición de Amrit Singh, profesora de práctica y directora ejecutiva del Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho en la Facultad de Derecho de Stanford, y Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano.

Para presentar dicho documento se realizó una conferencia en febrero de 2024 en la que participaron Luisa Conesa Labastida, José Ramón Cossío, Úrsula Indacochea (de DPLF) y Laurence Pantin (directora de Juicio Justo), entre otros.

La organización Juicio Justo tiene como directora a Laurence Pantin, integrante del colectivo la “Justicia que Queremos” –que se opuso también a la reforma judicial–, quien fue directora general de la Fundación para la Justicia y coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia en México Evalúa, organización que se opuso a la reforma judicial y al gobierno de López Obrador, y que recibe recursos del gobierno de Estados Unidos, vía la golpista National Endowment for Democracy (NED).

En Juicio Justo también coincide Alejandra Quezada como coordinadora de investigación. Es integrante de la Red Internacional de Justicia Abierta y trabajó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el exmagistrado Reyes Rodríguez Mondragón, opositor a los gobiernos de Morena, protector de partidos opositores como el PAN y el PRI. Al igual que Pantin, trabajó en México Evalúa y colaboró en medios opositores como Nexos, Proceso y Animal Político.

Por último, la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) es una organización que tuvo cursos de preparación con la anterior SCJN, dirigida por Norma Piña, y también con el Partido Acción Nacional. Es una organización alemana de derecha que tiene amplios contactos con la derecha internacional y latinoamericana.

En México, la KAS tiene como aliados a la SCJN, al Instituto Nacional Electoral (INE), al PAN, al Gobierno de Guanajuato (que es gobernado por Acción Nacional), al Gobierno de Yucatán, al de Chihuahua, gobernado por María Eugenia Campos, quien le abrió la puerta a la CIA, y a los ayuntamientos de Chihuahua, Mérida y Puebla.

Cuenta entre sus socios a la ONG Prolocal, Hannover Fairs México, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), El Toque, plataforma multimedia opositora al gobierno de Cuba, México Evalúa (que a su vez recibe financiamiento de la NED, la Atlas Network, Iniciativa Climática México, Fundación Sertull, la Open Society Foundation, entre otros), al Instituto de Estrategia e Investigación en Defensa (ISDR), al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPOS), al Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, a la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y a la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM). Y en Venezuela, apoya también a la opositora y golpista Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD).

Ubicar a las instituciones que están detrás del bulo y la propaganda que implica el documental “Cuando perdimos el juicio” supone saber que se trata de una red de poder de derechas que sistemáticamente se opuso a la impartición de justicia social. El pueblo no perdió el juicio; lo que ganó fue justicia.