Reforma de AMLO busca garantizar autodeterminación indígena en la Constitución

Reforma de AMLO busca garantizar autodeterminación indígena en la Constitución

Fraude en Segalmex, el único caso de corrupción en el gobierno, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia.
FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El reconocimiento de los pueblos y comunidades originarias y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es la piedra angular de la iniciativa de reforma al artículo 2 de la Constitución que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, expuso esta mañana Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Ello, con el objetivo de garantizarles su autodeterminación.

En la conferencia presidencial, el funcionario expuso que de aprobarse el cambio, “los pueblos y las comunidades tendrán capacidad para ejercer sus derechos por sí mismos, sin ningún tipo de intermediación y, desde luego, tomar decisiones en sus asambleas, mismas que deberán ser respetadas por el gobierno y la sociedad”.

Regino detalló que los pueblos también podrán elegir y nombrar a sus autoridades en asambleas, pues sus actos y decisiones tendrán pleno valor jurídico. “Podrán realizar obras, acciones y proporcionar servicios públicos para el bienestar comunitario. De manera importante, recibir y administrar recursos públicos de manera directa y defender sus derechos colectivos ante instancias jurídicas y otras autoridades”.

El titular del INPI detalló que, en la actualidad, “la Constitución y las leyes reconocen a los pueblos como sujetos de interés público, es decir, les da un trato de objeto, esto así es tratado como sujeto de protección de tutela y asistencia de las normas políticas y acciones del gobierno y de terceros”.

Añadió que con la iniciativa, lo que se busca es que sean considerados como sujetos con capacidad plena para ejercer sus derechos y establecer una relación de respeto, diálogo y coordinación con el gobierno y la sociedad. “Este es el cambio fundamental que se está planteando, pasar de ser sujetos de interés público a ser sujetos de derecho público”.

Subrayó que a partir de este reconocimiento, en caso de aprobarse la reforma, se fortalecerían “los ámbitos y mecanismos para el ejercicio de la libre determinación y autonomía, particularmente en cuanto al fortalecimiento de sus formas de gobierno, la jurisdicción indígena, el patrimonio cultural, las lenguas indígenas y la propiedad intelectual colectiva, esto es muy importante, a propósito de los plagios que se dan con relación a los diseños artesanales”.

Dicha modificación constitucional reconocerá a México como nación pluricultural y multiétnica. En este país, expuso Adelfo Regino, “existen 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano en todo el territorio nacional, desde Baja California, donde están los pueblos yumanos, hasta la península de Yucatán, donde está el pueblo maya. Estamos hablando de 70 pueblos indígenas que hablan 68 lenguas indígenas con 364 variantes. Son 7.3 millones de hablantes de lenguas indígenas, 23 millones de personas se reconocen, se autoinscriben como pertenecientes a uno de estos pueblos indígenas. Y hay 2.5 millones de personas que se autoinscribencomo afromexicanas. Este es el rostro de la diversidad cultural, lingüista, étnica, de nuestro país”.

La autodeterminación de los pueblos también implicará su participación “en la construcción de modelos educativos, la medicina tradicional y las personas que lo ejercen. [… Así como] el reconocimiento del hábitat, la bioculturalidad, la integridad de sus tierras y lugares sagrados. Como ustedes recordarán, el día 9 de agosto del año pasado el señor presidente emitió un decreto por el que se reconocen los lugares sagrados de los pueblos wixárikanáayeri, o’dammexikan”.

Otro avance de la iniciativa de reforma, es que se respeta la autonomía y se garantiza su desarrollo integral, por lo que también “se le dará base constitucional a la consulta previa, libre e informada. A partir de estos derechos se establecen también en la iniciativa un conjunto de derechos y deberes, obligaciones para el Estado, en particular la de impulsar el desarrollo comunitario y regional”.

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