La tarde de este 13 de noviembre, el maestro Óscar Mauricio Guerra Ford renunció a su cargo como secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. Ello, tras la revelación de Contralínea acerca de los presuntos 94 gastos indebidos con cargo a la tarjeta bancaria del Inai, que éste habría hecho en agosto de 2014 en su calidad de comisionado, incluidos tres en un table dance (Curazao) que fue clausurado cuatro años después bajo acusaciones de incurrir en trata de personas en su modalidad de prostitución.
En ese contexto, también renunció Rosendoevgueni Monterrey Chepov a su cargo como secretario Ejecutivo del Inai, con el objetivo de facilitar las investigaciones correspondientes. Éste era comisionado del Inai cuando el pleno de ese Instituto falló por la censura de los documentos que daban cuenta del presunto desvío de recursos públicos.
Por estos hechos, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dio vista a su Órgano Interno de Control para que inicie la investigación correspondiente sobre los gastos personales realizados por Óscar Guerra Ford con la tarjeta corporativa. La solicitud de investigación no incluyó una revisión de los gastos personales en los que probablemente hubieran incurrido los cuatro comisionados actuales de esa institución, que cuentan con tarjetas bancarias del Inai y un margen de 10 días para reembolsar los gastos que hagan sin ajustarse a las normas del ejercicio del dinero público.
No obstante, la presidenta del Instituto de la Transparencia, Blanca Lilia Ibarra, ya estaba enterada de estos gastos, pues desde hace más de cuatro semanas Contralínea solicitó entrevista para que diera a conocer su punto de vista, y las acciones que tomaría el Inai al respecto. La funcionaria de la transparencia rechazó la petición.
Ahora, en un comunicado, el Instituto aseguró que “actuará con todos los recursos administrativos y de fiscalización disponibles para aclarar este y cualquier acto que pudiera considerarse contrario a la legislación y normatividad mexicanas”.
Y añadió en una especie de descargo adelantado: “es importante destacar que ni las comisionadas ni el comisionado del Inai actuales formaban parte del pleno que, hace más de siete años, conoció y resolvió sobre el caso. Las y el integrante del pleno se declaran a la espera de los resultados que arroje la investigación del OIC y actuarán en consecuencia”.
Además, el pleno convocó a una reunión de trabajo para al Consejo Consultivo del Inai, para que conozca “información clara y precisa sobre el caso”. Esta información a la que hizo referencia no la publicó para conocimiento del pueblo de México ni refirió si darán una postura más amplia.
