Uno de los principales impulsores de las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación (LGHCTI) es el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, exhibió la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF). Al respecto, la institución expuso que, como director del antiguo Conacyt –de 2006 a 2011–, el político panista entregó recursos públicos por 36 millones de pesos a la empresa Kimberly Clark de México, SAB de CV, para supuestamente desarrollar programas de investigación con el fin de mejorar la calidad de pañales y el papel higiénico. Ello, mediante el programa Innovatec.
Para la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, este legislador junto a otros panistas pretenden que se invalide la nueva legislación “para conservar canonjías a costa del erario”. Y, ante ello, cuestionó: “¿cuál fue el beneficio social para la población?”, en referencia al dinero del pueblo que se transfería a la industria.
La dependencia indicó que la nueva ley en la materia reasigna “miles de millones de pesos –que eran dilapidados en empresas privadas, incluso trasnacionales como Monsanto o Coca Cola, o mediante subsidios a pequeñas élites oligárquicas que vivían del erario”.
Con ello, señala, “se evita el dispendio de recursos públicos, como ocurría en gobiernos anteriores. A través de los 91 fideicomisos constituidos se entregaron, a fondo perdido y sin justificación, alrededor de 42 mil millones de pesos a la iniciativa privada en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña.
Para la Consejería, también “resulta cuestionable que el diputado Santiago Creel Miranda, el último día de su gestión en la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, haya solicitado a la SCJN [Suprema Corte] dar atención prioritaria a las acciones de inconstitucionalidad 126/2023 y 128/2023, con la finalidad de revertir una reforma que permite que todos los estudiantes de posgrado en escuelas públicas cuenten con un tipo de beca, cuyos recursos se entregan directamente, sin intermediarios, lo que implica un incremento de más 38 por ciento en la inversión para 2023, en comparación con 2017”.
En un comunicado, expuso que “el derecho de todas las personas para gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones debe ser garantizado por el Estado. Por ende, la SCJN debe confirmar la validez de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación, en respeto a la libertad configurativa del Congreso de la Unión consagrada en el artículo 73, fracción XXIX-F, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
En ese contexto, indicó que “ante las acciones de inconstitucionalidad que presentaron diversos diputados y senadores de la minoría legislativa de oposición en contra de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal sostiene la validez de esta norma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que cumple con garantizar el derecho humano a la ciencia y su orientación para la resolución de los problemas nacionales, como establece la reforma constitucional de 2019”.
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