El Gobierno federal reporta 82 por ciento de avance en la primera etapa del saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, con 23 plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas, 282 kilómetros de colectores y 260 kilómetros de cauces intervenidos. El balance ocurre mientras Conagua y Profepa mantienen inspecciones por descargas sin tratamiento, incumplimientos y posibles afectaciones ambientales, como las denunciadas en La Azucena y Huaxtla. El reto será determinar si las obras y acciones de vigilancia se reflejan en una mejora medible de la calidad del agua

Mientras el gobierno de México reporta un avance de 82 por ciento en la primera etapa del saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, septiembre volvió a mostrar la dimensión del problema: persistencia de las descargas de aguas residuales sin tratamiento, operación de puntos de vertido sin los permisos requeridos, residuos arrojados a los cauces y nuevas denuncias por deterioro de la calidad del agua.

En El Salto, Jalisco, los hechos ocurrieron el 15 de septiembre. Dos días después comenzaron a circular videos de una unidad de desazolve que presuntamente descargaba lodos pluviales y residuos en un cauce cercano al fraccionamiento La Azucena. El caso derivó en denuncias de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ante la Fiscalía General de la República (FGR), que abrió una investigación.

En Puebla, por su parte, Profepa informó el 8 de septiembre sobre la clausura temporal parcial de cuatro puntos de vertido que desembocan en afluentes del río Atoyac, luego de inspecciones realizadas en agosto. El 9 de septiembre, la dependencia dio a conocer acciones de vigilancia en el Estado de México, entre ellas la detección de descargas de aguas residuales sin tratar en Ocoyoacac.

A estos casos se sumó, el 25 de septiembre, una verificación de Profepa en las Cascadas de Huaxtla, en Zapopan, Jalisco, tras denuncias de habitantes y grupos ambientalistas por el deterioro de la calidad del agua. Días después, el gobernador Pablo Lemus afirmó que un reporte estatal identificó al vertedero de Picachos como fuente de una filtración de lixiviados –líquidos contaminantes formados por residuos– y aseguró que la fuga había sido detenida. Las autoridades federales, sin embargo, anunciaron nuevos muestreos para determinar técnicamente el origen de la afectación.

Estos episodios ocurrieron mientras el gobierno federal actualizaba el balance de una estrategia de saneamiento que contempla 20 mil millones de pesos para los tres ríos. El 30 de septiembre, el director general de Conagua, Efraín Morales López, informó durante la conferencia presidencial que la primera etapa registraba un avance de 82 por ciento.

El funcionario reportó 23 plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas, 282 kilómetros de colectores concluidos, 260 kilómetros de cauces limpiados y desazolvados, 4 mil 663 hectáreas reforestadas y 44 estaciones de monitoreo de cantidad y calidad del agua.

La Azucena: una descarga bajo investigación

El caso de La Azucena comenzó el 15 de septiembre, cuando una unidad de desazolve realizó un vertido que posteriormente fue denunciado ante las autoridades.

Los videos del hecho comenzaron a difundirse el 17 de septiembre. En ellos se observa el vehículo, de tipo hidroneumático, que presuntamente descarga lodos pluviales y residuos en un cauce cercano al fraccionamiento La Azucena, en El Salto.

Conagua presentó una denuncia penal ante la FGR el 18 de septiembre. Al día siguiente, el 19 de septiembre, Profepa presentó una denuncia por hechos posiblemente constitutivos de delito contra quien resultara responsable.

La FGR en Jalisco inició de oficio una indagatoria ministerial. El 21 de septiembre, personal de la Fiscalía, Conagua y Profepa realizó un recorrido conjunto por la zona para reunir elementos sobre los posibles efectos ambientales de estos hechos.

Profepa señaló que el canal receptor conduce escurrimientos que desembocan directamente en el río Santiago. La dependencia aclaró que las investigaciones buscan determinar si el vertido ocasionó o puede ocasionar afectaciones a los recursos naturales y al ecosistema asociado al cauce.

El Ayuntamiento de El Salto reconoció que el vehículo pertenecía al municipio y separó al conductor de sus funciones. La autoridad municipal sostuvo que la descarga no estaba justificada y que, ante una falla mecánica, el operador debió solicitar apoyo para trasladar los residuos a un sitio autorizado.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han hecho públicos resultados de laboratorio ni conclusiones sobre las posibles afectaciones ambientales del caso.

Atoyac: inspecciones realizadas en agosto

El 8 de septiembre, Profepa informó que había impuesto la clausura temporal parcial de cuatro puntos de descarga de aguas residuales que desembocan en los ríos Cotzala, Rabanillo y Tlapalac, afluentes del Atoyac.

La primera visita se realizó el 18 de agosto en un establecimiento que vierte sus efluentes hacia la barranca Axoxocatl. El 21 de agosto se realizaron inspecciones en los municipios de Coronango y San Martín Texmelucan, y el 26 de agosto se revisó un punto de vertido hacia el río Tlapalac, en San Miguel Xoxtla.

Profepa informó que los responsables de los cuatro puntos no contaban con el título de concesión de Conagua para realizar descargas de aguas residuales. Tampoco acreditaron un tratamiento previo que permitiera cumplir con los límites establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-2021.

Durante las diligencias, la dependencia detectó, además, que no se habían exhibido los comprobantes de pago de los derechos federales correspondientes y que los puntos carecían de aparatos medidores y de los accesos necesarios para realizar muestreos.

También señaló que no se había informado a la autoridad del agua sobre los contaminantes presentes en los efluentes generados y que faltaban Cédulas de Operación Anual. Ante estas irregularidades, impuso la clausura temporal parcial de los cuatro puntos.

Lerma: descargas sin tratamiento en Ocoyoacac

En el caso del río Lerma, Profepa informó el 9 de septiembre sobre acciones de vigilancia ambiental realizadas en el Estado de México.

Una de ellas se llevó a cabo en el municipio de Ocoyoacac, donde la dependencia detectó aguas residuales sin tratar durante una inspección y reportó la clausura temporal parcial del punto de descarga.

Profepa señaló que los efluentes provenientes de los servicios generaban alteraciones en hábitats, ecosistemas y recursos naturales. El procedimiento administrativo continuaría para determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso forma parte de las acciones de vigilancia relacionadas con la recuperación del río Lerma. En el balance presentado el 1 de septiembre, Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) habían reportado que, en el sistema Lerma-Santiago, durante 2026 se destinaban más de mil 350 millones de pesos a infraestructura de tratamiento, restauración ecológica, control de descargas y protección contra inundaciones.

Para entonces, las autoridades también reportaban 71 visitas de inspección realizadas por Profepa y otras 22 por Conagua, que habían derivado en clausuras y procedimientos administrativos.

Huaxtla: denuncia, inspección y versiones distintas

El 25 de septiembre, personal de Profepa realizó un recorrido de verificación en las Cascadas de Huaxtla, en Zapopan, tras recibir denuncias de habitantes, grupos ambientalistas y administradores del Parque Ecológico Cascadas de Huaxtla.

Profepa informó el 29 de septiembre que durante el recorrido se había observado un deterioro de la calidad del agua y señaló que este se intensifica durante la temporada de lluvias.

La dependencia anunció que, junto con Semarnat, el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico y la Comisión para el Saneamiento del Río Santiago, realizaría muestreos y análisis técnicos para determinar el origen de la contaminación y establecer las medidas correspondientes.

Como antecedente, el 25 de agosto, Profepa había realizado una inspección en el vertedero de Picachos y abierto un procedimiento administrativo.

El 28 de septiembre, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, declaró que el derrame de lixiviados se había detenido. Según el mandatario, el procurador estatal de medio ambiente, Iker Frangie, le entregó un reporte que señalaba que la filtración provenía del vertedero de Picachos y se había producido en un área específica que fue clausurada.

Sin embargo, habitantes de Huaxtla señalaron que los lixiviados continuaban llegando al río Milpillas y a la zona de las cascadas.

Un diagnóstico que encontró miles de descargas

Estos episodios se registraron en el contexto de una estrategia federal que comenzó con un diagnóstico de las tres cuencas. El 16 de julio, durante una conferencia presidencial, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informó que las autoridades habían recorrido más de 340 kilómetros y realizado muestreos en 322 sitios, con la participación de más de 6 mil personas.

En esa ocasión, detalló que el diagnóstico había identificado 3 mil 202 descargas domésticas o industriales contaminantes, 479 tiraderos clandestinos y 460 industrias potencialmente contaminantes prioritarias.

La secretaria explicó entonces que la estrategia busca atender las cuencas completas y no únicamente los cauces. Entre las acciones previstas, destacó nuevas plantas de tratamiento, rehabilitación y ampliación de infraestructura existente, colectores, inspecciones, monitoreo, restauración de riberas y reforestación.

La funcionaria señaló que las autoridades habían encontrado metales pesados y trabajaban para identificar las industrias de las que provenían. También explicó que las descargas municipales son más numerosas, mientras que las industriales tienen relevancia por la presencia de metales pesados y otros productos asociados a algunas de ellas.

De acuerdo con la estrategia presentada, entonces, el objetivo no era realizar una limpieza temporal, sino mantener las obras de tratamiento y su operación para evitar que los cauces regresaran a las condiciones anteriores.

El balance del 30 de septiembre

Dos meses y medio después de la presentación del diagnóstico, durante la conferencia presidencial del 30 de septiembre, la titular de Semarnat y el director general de Conagua presentaron un nuevo balance: la primera etapa de saneamiento de los tres ríos registraba un avance de 82 por ciento.

Morales reportó 23 plantas de tratamiento rehabilitadas o construidas, 282 kilómetros de colectores concluidos, 260 kilómetros de cauces limpiados y desazolvados, 4 mil 663 hectáreas reforestadas y siete espacios públicos en construcción.

También informó que se instalaron 44 estaciones para monitorear tanto la cantidad como la calidad del agua y explicó que este seguimiento continuo permitirá conocer las condiciones de los ríos durante la ejecución del programa.

Detalló que la inversión prevista para el saneamiento asciende a 20 mil millones de pesos y que la estrategia busca beneficiar a 25 millones de personas en 10 estados y 61 municipios.

Por su parte, Bárcena informó que durante la administración se habían realizado mil 300 jornadas de limpieza en ríos, mares y costas, en las que se recolectaron 14 mil toneladas de plásticos, residuos y envases de plaguicidas.

La secretaria sostuvo que los ríos no deben utilizarse como sitios para depositar residuos y planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema de economía circular para reducir la generación de basura y su disposición inadecuada.

La secuencia de inspecciones y clausuras muestra que las obras de saneamiento se realizan mientras las autoridades continúan identificando vertidos, acumulaciones de desechos y otros incumplimientos en distintos puntos de las cuencas.

El balance federal contabiliza infraestructura de tratamiento y conducción, tramos de cauce intervenidos y superficies reforestadas. El efecto de estas acciones sobre la calidad del agua, sin embargo, requiere seguimiento.

En La Azucena, las autoridades federales continúan con las diligencias; en Huaxtla, los análisis anunciados por Profepa deberán aportar elementos para determinar el origen y alcance del deterioro señalado. En las cuencas de los ríos Atoyac y Lerma, las inspecciones ya derivaron en medidas administrativas por incumplimientos.

Además del avance físico de las obras, los resultados de las 44 estaciones de monitoreo y de los análisis de calidad del agua permitirán evaluar los cambios en las condiciones de los ríos durante la ejecución del programa y aportar elementos para valorar el efecto de las intervenciones reportadas.