El sector socioambiental tuvo algunos avances en el sexenio actual, como la promulgación de la ley minera y los decretos presidenciales para impulsar la agroecología; sin embargo, quedaron otros problemas sin resolver, como la disminución de la pesca, la crisis hídrica y la deforestación. Entrevistada por Contralínea, la activista y académica Cecilia Navarro señala como principales responsables a las corporaciones, pues han mantenido el constante cabildeo para bloquear reformas a favor del ambiente y continúan la cooptación de instituciones gubernamentales para servir a sus propios intereses, en perjuicio de la sociedad
Debilitado y socavado, así es como la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el sector ambiental. Con ecosistemas “profundamente degradados […], con leyes hechas a modo para beneficiar a los intereses privados, con pocas herramientas eficaces para frenar los abusos de corporaciones –como las mineras–, con una política sobre todo agroambiental completamente secuestrada por las corporaciones”, señala Cecilia Navarro González, integrante de la colectiva Cambiémosla Ya.
“Con enormes resistencias al cambio, los corporativos, sus accionistas y CEO’s logran someter a las instituciones, y mantener el estado de las cosas favorables a sus intereses”, acusa la Agenda socioambiental 2024: diagnósticos y propuestas, coordinada por Navarro González y la doctora en antropología Leticia Merino, y publicada en abril de este año, la cual enfatiza que esta captura institucional “es quizá el mayor obstáculo para los cambios en favor de un mejor manejo de los bienes comunes naturales”.
Este problema lo ejemplifican con el tema agua: el Plan Hídrico 2020-2024 de López Obrador fue obstaculizado –exhibe el documento– “por grupos favorables a los intereses corporativos enquistados en la Conagua” (Comisión Nacional del Agua) y sus aliados en el Congreso. Misma culpa tiene la Ley de Aguas Nacionales (LAN), creada en 1992 durante el sexenio del priísta Carlos Salinas de Gortari, la cual “fue diseñada para mercantilizar los bienes hídricos del país, de cara al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”.
El presidente no pudo limpiar Conagua desde dentro, advierte el informe. Tanto Conagua como la Ley de Aguas Nacionales “han contribuido a la actual crisis del agua que vivimos la mayor parte de los mexicanos”, ya que el sistema de concesiones de agua en México, diseñado en la LAN, “generó a la larga un grave problema de acaparamiento” y “profundizaron la exclusión y despojo”.
Siete por ciento de titulares de concesiones tienen 70 por ciento de las aguas concesionadas hoy en día, añade la Agenda. Además, las concesiones de los Distritos de Riego, manejados cada uno por una “asociación civil […] tienen el 35 por ciento del total de aguas nacionales concesionadas”. Hubo grupos de poder en los tres órganos de gobierno –evidencia el informe– enriquecidos a través de la venta, despojo, robos y violencia.
Este apartado advierte de la dinámica de “decisiones por desastre” que impera en Conagua: “consiste en ignorar la prevención, provocar una crisis y luego exigir recursos limitados para alguna ‘solución’ sin realizar un análisis preliminar costo-beneficio”, como ocurre en el Sistema Lerma. Por tanto, el reporte recomienda sustituir la LAN por una Ley General de Aguas, terminar con la venta de concesiones y el acaparamiento, reemplazar masivamente el personal de Conagua, poner fin a fugas y huachicoleo, elaborar proyectos “de regeneración de aguas pluviales y tratadas”, entre otras.
En entrevista con Contralínea, Cecilia Navarro advierte que “México está atravesado por la captura corporativa. Tener tres décadas en el régimen neoliberal, prácticamente desde la entrada del Tratado [TLCAN] y unos años antes en los que se ajustan diversas leyes. […] Eso inclina la balanza de una manera terrible del lado de las corporaciones” y, si bien se frenó en algunos casos, en otros continúa.
La integrante de la colectiva en favor de las comunidades y pueblos mineros no deja pasar de largo las leyes, las cuales tuvieron su gran cambio a partir de 1992, cuando además de la LAN, también se promulga la Ley Minera. Ambas privatizan los recursos naturales y los entregan a los grandes capitales nacionales e internacionales en perjuicio de las personas.
Para la coordinadora de la Agenda, el problema es que esas normas están vigentes, “entonces sigue habiendo una legislación a modo que beneficia intereses privados”.
Las leyes de agua y minera no son las únicas con estas características: los ecosistemas forestales, que cubren el 70.6 por ciento del territorio terrestre mexicano, se ven amenazados desde 2016, cuando entraron en vigor las leyes generales de Desarrollo Forestal Sostenible, de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de Vida Silvestre, que favorecieron el crecimiento económico y redujeron las regulaciones, agrega el texto.
Minería y agroecología: principales puntos positivos
Cecilia Navarro reconoce al gobierno federal por la lucha para cambiar la Ley Minera de 1992. Al respecto, indica que se escuchó a los pueblos y comunidades que exigían cambiar la normativa para frenar los abusos que había generado. “Sí hubo una disposición”.
De igual manera, aplaude “el intento por impulsar la agroecología” a través de los decretos presidenciales e iniciativas de ley para prohibir la importación y siembra de maíz transgénico, así como dejar el uso de glifosato.
En el tema minero, el presidente cumplió su promesa de no otorgar concesiones, práctica bastante recurrente en sexenios anteriores y que llegaba a 25 mil 414 títulos dados para 2019, según la Secretaría de Economía. Asimismo, se aprobó la Ley de Minería en 2023, que sustituyó la de Salinas de Gortari junto con la concepción de dicha actividad como “preferente” ante otro tipo de uso de suelo, lo que había repercutido con los años en el arrebatamiento de millones de hectáreas a las comunidades, algunas indígenas; así como redujo el tiempo de concesión y la prohibición en Áreas Naturales Protegidas.
“Sí vemos que la Secretaría de Medio Ambiente [y Recursos Naturales, Semarnat] avanzó con los recursos que tuvo, trató de avanzar y construir políticas públicas con las comunidades; eso, por ejemplo, sí es un cambio significativo con respecto a las otras administraciones anteriores”, evalúa Navarro González.
Quedan pendientes para la próxima administración
Si bien ha habido mejoras en ciertos temas, aún falta. La Agenda socioambiental alerta que “en México avanza el debilitamiento de las instituciones responsables de la gestión ambiental”, mediante recortes presupuestales y de personal. Por ello, sugiere a la próxima administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo que se atiendan nueve temáticas.
Contar con instituciones débiles es grave, pues México es uno de los cinco países ‘megadiversos’ en el mundo, y la pérdida de la biodiversidad trae destrucción, degradación de hábitats, sobreexplotación de recursos bióticos y cambio ambiental global. A ello se suman problemas políticos, económicos, culturales, demográficos e históricos. También se alteran “los procesos ecosistémicos, mermando la generación de servicios ambientales esenciales para la sociedad”.
El texto enfatiza los ecosistemas marinos, pues el país tiene 263 municipios costeros, con más de 15 millones de personas. México está flanqueado por los océanos Pacífico y Atlántico. La problemática radica en que “se ha privilegiado el ‘turismo de playa’ y la construcción de infraestructura portuaria para el comercio internacional”, lo cual ha dejado de lado la producción y actividad pesquera, así como ha causado “las mayores tasas de crecimiento generando cambios de uso de suelo, presión sobre recursos hídricos y contaminación” en esas zonas.
Otro tema olvidado en esta administración han sido los ecosistemas forestales, que “albergan un 80 por ciento de la biodiversidad de ambientes terrestres y constituyen el segundo sumidero natural de carbono”, explica el informe elaborado por 35 especialistas de diversas universidades, colectivos y organizaciones. Lo cual no se resuelve con programas como el Sembrando Vida.
Sin embargo, se han perdido con el tiempo principalmente por la deforestación con fines de expandir agricultura comercial, ganadería, urbanización, entre otros. “Entre 2000 y 2018, las cifras oficiales de deforestación han oscilado entre 676 mil y 251 mil [hectáreas por año]”.
Con la deforestación llega la degradación, en este caso por la tala ilegal, el crimen organizado en mercados de maderas; incendios, plagas, extinción y disminución de animales silvestres. La tala ilegal ha crecido, explican, por la demanda global y la poca “producción forestal legal nacional” a causa de las cargas fiscales y poca inversión pública a este sector. Es inviable “cumplir con los costosos procesos requeridos para obtener permisos de aprovechamiento” forestal para pequeños propietarios.
La energía también es abordada en el documento. Se señala que México usaba, a 2022, 87 por ciento de energía a base de combustibles fósiles; y que el uso del gas aumentó de 51 por ciento en 2018, a 63 por ciento en 2023, del cual “importa de Estados Unidos casi el 90 por ciento que se consume”. Por lo geopolíticamente arriesgado de importar gas, el informe indica que el país debe “formular un plan de salida gradual de la dependencia de combustibles fósiles” y pasar a las no fósiles, aunque también aclara que “es imposible que éstas generen la cantidad de energía que se consume actualmente”.
Asimismo, en el tema de residuos, sugiere que la política se debe enfocar a la prevención de ellos, pues se generan 106 mil 523.1 toneladas de basura al día. A ello se suma que en 156 municipios no hay recolecta, por lo que la gente “tira sus desechos a cielo abierto, los quema o abandona, lo que constituye una de las fuentes de contaminación plástica terrestre”. Otro dato significante es que más del 70 por ciento de los residuos se generan en Nuevo León (36 por ciento), la Zona Metropolitana del Valle de México (21 por ciento), Chihuahua (9 por ciento) y Campeche (5 por ciento).
No menos importante es cuando hablan de núcleos agrarios (51 por ciento del territorio nacional en 32 mil núcleos de más de 5 millones de personas con derechos agrarios). El problema de esto es la marginación de opiniones de las mujeres y jóvenes. En 2020, “únicamente el 25 por ciento de los ejidatarios eran mujeres”. Peor aún es la privatización de sus tierras a manos de empresarios, lo que quita el 35.2 por ciento de la superficie, 19 por ciento de territorio ejidal, entre 1991 y 2021; así como la creciente urbanización entre 1998 y 2016, enfatiza el documento.
Sexenio de claroscuros
En el balance “hay claroscuros: hubo pequeños avances, hay que profundizarlos; se quedan muchos pendientes, hay que retomar esos pendientes, porque ya como están las cosas, no podemos seguir ignorando los temas socioambientales”, puntualiza Cecilia Navarro. “Y bueno, ahora estamos esperando que, con la nueva administración […] se le dé un mayor peso a este tema porque es muy importante”.
La activista y académica señala que en México, durante décadas, las corporaciones “secuestraron las políticas y eso no necesariamente ha cambiado”, las grandes industrias “siguen pagando muy pocos impuestos en comparación con el resto de la gente. Siguen teniendo acceso preferencial hacia los tomadores de decisiones; entonces, si ocasionan desastres, pues no van a la cárcel, gozan de impunidad”. Por lo cual, “es importante que los tomadores de decisiones […] dejen de estar subordinados a intereses privados”.
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