Representantes del área jurídica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se presentaron, el pasado martes 21 de septiembre, ante la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien es la ponente en el caso del amparo 1023/2019, promovido por la trasnacional PHI-México, SA de CV, y que  deriva de una demanda colectiva contra la siembra de maíz genéticamente  modificado — en revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia  de la Nación (SCJN)—, para solicitar que al momento de resolver el recurso de revisión se tome en  consideración el Decreto presidencial del 31 de diciembre del 2020. 

En el Decreto mismo se establecen “las acciones que deberán realizar las dependencias y  entidades que integran la Administración Pública Federal en el ámbito de sus  competencias para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución,  promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los  agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por  alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas que permitan mantener la  producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país  y el ambiente”, indica un comunicado de la dependencia.

Los funcionarios de la Semarnat se apersonaron ante el máximo tribunal de justicia del país como tercer  interesado en el recurso de revisión, “debido a que es parte del juicio 321/2013 (Acción  Colectiva) tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en  la Ciudad de México”, expuso la secretaría.

Entre otros temas, indicó, se señaló que la SCJN es “la encargada de velar por la  protección de los derechos humanos y el respeto al principio de progresividad  establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos. Lo anterior se aplica en este caso debido a que la biodiversidad goza de  protección internacional contra riesgos y daños de la liberación de Organismos  Genéticamente Modificados (OGM) que en zonas no autorizadas puedan provocarse.  En el caso del maíz, nuestro país es centro de origen y de diversidad y se ha constituido  un régimen especial de protección a este cultivo que abarca amplias zonas de todos  los estados del país.

“Además, se reiteró que desde que se emitió el acto reclamado, no se ha tenido  conocimiento de permisos experimentales de liberación al medio ambiente de maíz  genéticamente modificado que haya por parte del Servicio de Sanidad, Inocuidad y  Calidad Agroalimentaria (Senasica)”, expuso.

Te puede interesar: El plan de los señores del glifosato: 12 millones para echar abajo decreto presidencial