Brenda Quevedo Cruz lleva más de 11 de años de cautiverio y tortura. Las irregularidades del proceso en su contra sólo pueden explicarse como parte de una suerte de “razón de Estado” con que el gobierno de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, trataron el caso Wallace.

Está presa sin sentencia. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante su opinión 45/2020, instó a las autoridades mexicanas a liberarla de inmediato e investigar “a profundidad” las violaciones a sus derechos humanos. Y es que expertos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU encontraron “graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas”.

La propia ONU y otros organismos defensores derechos humanos han demostrado que Brenda sufrió torturas y que autoridades del Estado mexicano, bajo el gobierno de Felipe Calderón, facilitaron y participaron en la andanada en su contra a instancias de actores extraestatales.

Este viernes, a las 10 de la mañana, debía celebrarse una audiencia que podría significar para Brenda Quevedo Cruz seguir el proceso judicial desde su casa. Ni siquiera sería una libertad total, pero tendría la oportunidad de atender su salud adecuadamente. Sólo por poner un ejemplo, el penal en que se encuentra actualmente –Centro Federal de Readaptación Social 16, en Coatlán del Río, Morelos– no cuenta con especialista en atención a las mujeres.

Pero, como se temía, hubo un pretexto del ministerio público que participaría en la audiencia y ya no hubo la oportunidad de cambiar la medida cautelar. Sería el primer caso dentro del Sistema Mixto Penal en México. Sin embargo, los viejos hilos que enredan el caso siguen activos y ni fecha hay para una nueva audiencia.

Brenda llegaba a esta audiencia con otro documento a su favor. Si ha podido demostrar que su involucramiento en el caso se construyó con torturas y violación al debido proceso, también podrá esgrimir la falsificación de pruebas. Las que le incriminaron y que supuestamente habían obtenido de una computadora, en realidad fueron sembradas en el dispositivo y luego “validadas” por un perito a modo que no siguió los protocolos y cuyo informe estuvo mal elaborado de principio a fin.

De lo anterior da cuenta una opinión científica emitida por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

El documento, fechado el 9 de julio pasado, reprueba el dictamen del 21 de mayo de 2008, con folio 32650, que sirvió para incriminar a Brenda. La opinión del IFDP ahora señala que las conclusiones a las que llegó el dictamen no son válidas, que no estuvieron basadas en elementos objetivos, tampoco en conocimiento criminalístico ni en conocimiento técnico ni científico.

Como se recordará, Brenda fue involucrada en el caso del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, ocurrido supuestamente en julio de 2005. Ella fue aprehendida en Estados Unidos el 28 de noviembre de 2007 y extraditada a México en 2009, donde sufrió tortura –incluso sexual– para que se declarara culpable, algo que no hizo.

El primer vínculo que intentaron probar contra ella fue un supuesto parentesco con dos hermanos implicados previamente, de apellidos Castillo Cruz. Como no había relación familiar tal, la principal “prueba” fue una festiva fotografía donde aparecen todos los “involucrados”. Finalmente, las “pruebas” más sólidas son las que supuestamente se extrajeron de una computadora de Brenda.

Hoy esas “pruebas” quedan por demás endebles. Siempre se sospechó que esas “pruebas” habían sido sembradas, pero hoy hay un documento de carácter oficial –incorporado a la causa penal 286/2019-IV del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México (antes 35/2006 del Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales en a Ciudad de México)– que lo fundamenta.

De entrada, el documento señala que el perito que avaló las “pruebas” no tenía las competencias para realizar los estudios que se le solicitaron; no acreditó los instrumentos que utilizaría, y se encontraron juicios de valor donde daba por hecho asuntos que aún se estaban investigando. Y las imágenes extraídas supuestamente de la computadora ni siquiera fueron confrontadas con el lugar donde habrían ocurrido los hechos.

El documento señala que se confrontaron 38 fotografías tomadas del lugar donde supuestamente estuvo privado de su libertad Hugo Alberto Wallace. Fueron tomadas después de que ocurrieran los hechos y, supuestamente, algunas se encontraban en la computadora de Brenda. Las imágenes se confrontaron con una que los secuestradores tomaron al joven Wallace mientras estaba en cautiverio.

La intención de la confronta de imágenes era demostrar que las paredes y otros elementos de la casa coincidían con el lugar donde estuvo secuestrado Hugo Alberto Wallace. Y así lo consignó el perito de 2008, como le interesaba a Isabel  Miranda. Pero, como puede acreditar la nueva opinión técnica del IFDP, lo cierto es que las paredes se observan distintas y, en algunos casos, las imágenes fueron intervenidas con programas de edición.

El colmo de aquel peritaje realizado en 2008 es que avaló que en la computadora de Brenda se encontró una copia del “Comunicado de los Secuestradores” que supuestamente los delincuentes habían enviado a Isabel Miranda. Y al leer el documento… se trata de una transcripción de una canción de un grupo musical a la que en algún momento se le pegó una frase dicha por los secuestradores en el comunicado.

Por ello, el documento del IFDP señala que “el texto no es coincidente, y queda demostrado con la imagen que anexa en el dictamen. Las frases y oraciones no son las mismas, y se trata de documentos con contenidos distintos y sin relación entre ellos”.

Estamos ante un caso donde el Estado mexicano, con todo su poder, se ensañó contra una persona a la que quería ver en la cárcel. Hoy el entuerto de este caso comienza a tomar otro rumbo. Isabel Miranda ha sido denunciada por el IFDP ante la Fiscalía General de la República.

Según la denuncia, presentada el pasado 6 de mayo, se le acusa a Isabel Miranda de “falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, en su modalidad de simulación de pruebas”. El instrumento judicial detalla que las pruebas se plantaron ad hoc para incriminar a Breda, junto con Juana Hilda González Lomelí, Jacobo Tagle Dobín, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz y César Freyre Morales.

Que la justicia triunfe y, por fin, en este caso, se sepa la verdad de lo ocurrido.