La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifica la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para inmovilizar cuentas bancarias cuando existan indicios de lavado de dinero, una medida clave para combatir a la delincuencia organizada y los delitos financieros, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante su conferencia desde Palacio Nacional, la primera mandataria explicó que el fallo del máximo tribunal respalda un criterio previamente establecido por un magistrado de circuito, y fortalece las atribuciones de la UIF, cuya función principal es prevenir e investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya sea por corrupción, delincuencia organizada o delincuencia de cuello blanco.
Sostuvo que la instancia nunca ha bloqueado cuentas de personas o empresarios que no estén implicados en lavado de dinero, y recalcó que su labor es garantizar la estabilidad del sistema financiero nacional mediante investigaciones permanentes. “Nunca en la historia se ha actuado contra alguien sin vínculo con estos delitos”.
La presidenta detalló que anteriormente la Corte había impuesto limitaciones que debilitaban la actuación de la UIF, ya que, al inmovilizar cuentas de manera administrativa, los afectados podían obtener suspensiones automáticas mediante amparos, retirar los recursos y dejar sin efecto las investigaciones. Con la nueva resolución, explicó, ya no se concede una suspensión inmediata, lo que permite que los fondos permanezcan asegurados mientras se resuelve el caso.
No obstante, aclaró que se mantienen las garantías legales: cualquier persona puede interponer un amparo, el cual –tras las reformas recientes– debe resolverse en un plazo máximo de seis meses. “Si hubo una injusticia, en ese tiempo se libera la cuenta; si no, se confirma la medida”, indicó.
En ese contexto, Sheinbaum destacó que la estrategia del gobierno federal se centra en seguir la pista del dinero como la vía más eficaz para enfrentar a la criminalidad. Informó que durante su actual administración se han inmovilizado alrededor de 5 mil millones de pesos, presuntamente vinculados a actividades ilícitas, y sin que existan quejas formales por estas acciones.
Finalmente, comparó el modelo mexicano con otros países, al señalar que en naciones como Estados Unidos estas facultades recaen en corporaciones policiales, mientras que en Italia también existen mecanismos similares para combatir estructuras delictivas. En México, concluyó, la UIF cuenta ahora con respaldo constitucional para actuar de forma preventiva y eficaz contra el flujo de recursos ilícitos.
