Desde su primer mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró abiertamente hostil respecto al derecho internacional. En esta nueva etapa, la tensión pasó del discurso a la materialización de decisiones concretas sobre política exterior. El republicano concibe la soberanía como un atributo jerárquico, en lugar de reconocerla como lo que es: un principio de igualdad entre los Estados.
Bajo su lógica, algunos países merecen respeto, mientras que otros pueden ser objeto de presión, castigo e incluso intervención. En este texto se analizan tres ejemplos recientes que ilustran este panorama: la intervención en Venezuela, la suspensión masiva de visas y la salida de Estados Unidos de organismos e iniciativas internacionales.
En primer lugar, la intervención directa de Estados Unidos y el secuestro del presidente venezolano constituyen una violación a la prohibición del uso de la fuerza y del principio de no intervención; ambos pilares del derecho internacional. Estas normas, consagradas en la Carta de las Naciones Unidas, tienen como objetivo impedir que los Estados más poderosos impongan su voluntad sobre otros mediante la fuerza o la coerción. La actuación estadunidense ignora deliberadamente estos límites y reproduce una lógica que la comunidad internacional precisamente intentó desterrar tras la Segunda Guerra Mundial.
Este comportamiento no es excepcional y mucho menos aislado. Estados Unidos ya fue declarado responsable por la Corte Internacional de Justicia tras intervenir en Nicaragua y vulnerar su soberanía mediante acciones directas e indirectas. La reciente intervención en Venezuela confirma que esa práctica persiste y se intensifica bajo la administración Trump, quien mantiene las amenazas contra otros territorios como Colombia, México y Groenlandia. Estos episodios parten de la premisa de que la soberanía ajena es negociable si se interpone a los intereses estadunidenses.
El segundo ejemplo es la suspensión de visas para ciudadanos de 75 países. A pesar de ser una decisión interna, esta medida forma parte de un marco más amplio. Si bien, es cierto que el derecho internacional reconoce facultades soberanas, también impone a los Estados obligaciones de trato igualitario y no discriminación.
La selección de Estados afectados revela una política que coloca a ciertos países, en su mayoría del sur global, en una posición estructuralmente desigual frente a otros. A la par, tensiona principios fundamentales como la igualdad soberana y plantea dudas sobre su compatibilidad con obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Bajo esta óptica, la suspensión de las visas es una medida con consecuencias legales y políticas, ya que expone a quienes provienen de Estados legítimos y los que forman parte de una categoría inferior dentro de la comunidad internacional.
El tercer ejemplo es la decisión de retirarse de organismos e iniciativas internacionales que la administración del republicano considera contrarios a los intereses estadunidenses. El presidente Trump anunció la salida de Estados Unidos de más de 60 organismos e iniciativas multilaterales auspiciadas, en su mayoría, por la Organización de las Naciones Unidas y encaminadas a defender los derechos humanos alrededor del mundo.
Formar parte de estos foros conlleva a la adopción de obligaciones internacionales, las cuales no desaparecen al retirarse de ellos. Pues los compromisos en materia de derechos humanos que Estados Unidos pretende esquivar tienen un carácter consuetudinario que vincula a toda la comunidad internacional.
En conjunto, estos ejemplos muestran la manera en la que Donald Trump decide relacionarse con el derecho internacional y el resto de los Estados que forman parte de la comunidad global. Para el presidente estadunidense la soberanía es un recurso flexible que invoca cuando le sirve e ignora cuando le estorba. Esa práctica debilita las reglas más fundamentales de las relaciones internacionales y normaliza la idea de que el poder puede colocarse por encima del derecho.
Ana María Ibarra Olguín*
*Magistrada de Circuito; licenciada, maestra y doctora en derecho
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