En las próximas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría invalidar por mayoría de votos el artículo 19 constitucional, y ordenar a todos los jueces y magistrados del país dejar de aplicar la prisión preventiva de oficio, advirtió esta mañana la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Agregó que esta medida podría dejar en libertad a 68 mil presuntos delincuentes, actualmente privados de la libertad por su probable responsabilidad en delitos de alto impacto, como el homicidio doloso y el crimen organizado, con lo que se amenazaría directamente la seguridad nacional.
“De entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, 1 mil 405 de feminicidio, 1 mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores, y 405 por delincuencia organizada.”
En la conferencia presidencial, la abogada expuso que esta decisión se tomaría en el máximo tribunal “a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, como sabemos, es una instancia judicial internacional que pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, en donde condena a México y resuelve que se deben adecuar las leyes, incluyendo la Constitución, para eliminar la prisión preventiva”, y criticó que la Suprema Corte atrajo el asunto oficiosamente con el objetivo de echar abajo la prisión preventiva oficiosa, pues así está planteado en el proyecto que analizará el pleno.
Las afectaciones de la liberación de los 68 mil presuntos criminales se podrían resentir regionalmente. La secretaria de Gobernación señaló que en el Estado de México, actualmente hay 21 mil 718 personas en prisión preventiva oficiosa por diversos delitos, incluidos los de homicidio doloso y crimen organizado.
El número de personas sujetas a la prisión preventiva oficiosa es tan alto “porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse”, criticó Alcalde Luján. Añadió que esa dilación de la justicia “debe atacarse por el propio Poder Judicial, la enorme tardanza de los procesos y las resoluciones”.
Asimismo, la funcionaria federal expuso que la liberación de esas 68 mil personas “pondría en riesgo, primero, a los testigos y a las víctimas, que son las personas que los han acusado; por supuesto, al personal, desde policías, personal de la fiscalía, los propios juzgadores”.
La resolución de la Suprema Corte, explicó la secretaria de Gobernación, genera una preocupación en el Gabinete de Seguridad federal porque también observan un riesgo directo a la población, “ante la posibilidad de la comisión de nuevos delitos”.
Además, advirtió que esta decisión –que podrían tomar la mayoría de ministros y ministras en las próximas semanas– impactaría negativamente en la seguridad nacional, “porque se trata de individuos que presuntamente están asociados a grupos del crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa; incluso, con alto riesgo de darse a la fuga”.
Acerca de la prisión preventiva de oficio, la secretaria Luisa María Alcalde detalló que en el artículo 19, segundo párrafo, la Constitución “establece que las personas acusadas de cometer delitos que por su gravedad sean de alto impacto para la sociedad, como es el caso de delincuencia organizada, de narcotráfico, homicidio, secuestro, feminicidio, tortura, trata de personas, abuso sexual infantil, entre otros, deberán llevar su proceso bajo prisión preventiva para poder garantizar de entrada que el acusado comparezca a juicio, que no haya una fuga y para salvaguardar la seguridad de las víctimas y de los testigos”.
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