Es el momento de liberar al campo mexicano del modelo agrotóxico. Éste nos vuelve dependientes de las corporaciones y gobiernos extranjeros, a costa de nuestra salud y de la soberanía alimentaria.
Es fundamental sustituirlo por un nuevo modelo agroecológico que fortalezca el desarrollo de los productores mexicanos y su capacidad para producir los alimentos que necesita la población.
Hay alternativas. Si bien es cierto que se requieren grandes inversiones para la investigación y la implementación de este nuevo modelo, también existen los recursos necesarios.
La suspensión del pago de la deuda pública, la reforma fiscal progresiva y los impuestos a las grandes fortunas dotarán los billones de pesos necesarios para lograr la soberanía alimentaria.
Así, se dejaría de gastar 28 mil millones de dólares anuales en importar alimentos que pueden ser producidos en México. De esta manera, fortaleceremos nuestra economía, se creará empleo y aumentará el bienestar tanto de los productores como de los consumidores.
En diciembre de 2020, en respuesta a los agricultores, los pueblos originarios y otros actores sociales, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto de eliminación gradual del glifosato para 2024.
Señala que “en los últimos años, diferentes investigaciones científicas han advertido que dicho químico tiene efectos nocivos para la salud, tanto en humanos como en algunas especies animales, y ha sido identificado como un probable carcinógeno en humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer”.
La fecha para la prohibición definitiva era el primero de abril. Sin embargo, menos de una semana antes, las autoridades anunciaron que el uso del glifosato podría continuar hasta que se encuentren otras opciones para el control de las “malas hierbas”.
La Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública se une a la consigna de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País: ¡Ni un paso atrás en la prohibición del uso del glifosato!
Es inadmisible prorrogar el uso de ese herbicida. También nombrado un “mata todo”, en cientos de estudios del mundo se ha demostrado que está vinculado en el desarrollo de enfermedades como cáncer, encefalopatías, autismo, parkinsonismo y malformaciones, así como trastornos sistémicos.
Esto no se puede ocultar. Se sabe que Bayer aceptó un acuerdo para pagar 10 mil 900 millones de dólares y terminar con 125 mil demandas en Estados Unidos por casos de cáncer provocados por el glifosato.
Por ejemplo, un jardinero de una escuela de California usó este químico en sus funciones. Hace unos años, recibió 289 millones de dólares en daños y perjuicios por parte de un jurado, después de que contrajo un caso terminal de linfoma no Hodgkins.
Este tóxico se infiltra en el suelo y contamina el agua; se esparce por el aire y afecta la flora y la fauna, y, al final, destruye la biodiversidad. En 1974, fue desarrollado por primera vez por Monsanto y comercializado como “Roundup”.
Sin embargo, la producción despegó después de que la corporación introdujo los cultivos “Roundup Ready” en 1996. Maíz, soja y canola fueron modificados genéticamente para tolerar el glifosato. La producción y venta de transgénicos y glifosato van de la mano.
Estados Unidos exporta alrededor de 3 mil millones de dólares de maíz genéticamente modificado cada año a México. Esto provoca que nuestro país dependa del agresivo vecino del norte para gran parte de sus alimentos básicos.
La necesidad de importar maíz amarillo GM se ha creado artificialmente a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Basta ver las cifras de 1993 y compararlas con las de 2002.
El aumento ha sido exponencial y no sólo ha sido con el maíz. También, se ha presentado en el 70 por ciento de forraje para la producción de carne animal –ganado vacuno, cerdos, pollos–. En los dos segundos casos, esta producción se lleva a cabo en pésimas condiciones de higiene, lo cual implica afectaciones para el medio ambiente y la salud humana.
No menos del 20 por ciento se destina a la industria de comestibles procesados –con jarabes de alta fructuosa y almidones de ese maíz forrajero–. Como consecuencia, se ha disparado una epidemia de diabetes, obesidad y sobrepeso con altos costos para el país, además de secuelas de desastre en las familias.
Con el dinero ahorrado por el Estado en salud por efectos del glifosato y la comida chatarra, se podría pagar un cambio de modelo agropecuario. Es indispensable empezar a sumar los costos de la devastación al hacer planeación económica.
Esas cantidades “industriales” de maíz amarillo no serían necesarias si el enfoque de producción de alimentos fuera acorde con una alimentación sana y sustentable, tal como lo establece reciente Ley General para la Alimentación Sana y Sustentable, aprobada por el Senado de la República.
Este maíz –que se utiliza principalmente para la alimentación del ganado– está subsidiado por el gobierno de Estados Unidos, lo que dificulta la competencia de los agricultores mexicanos.
Los agronegociantes que usan glifosato, fertilizantes químicos y productos transgénicos aumentan las ganancias de las grandes corporaciones. Sin embargo, afectan a la naturaleza, a la gente y a los campesinos. Además, atentan contra la soberanía alimentaria.
Actualmente, se importa la mitad de los alimentos y más de la mitad de los fertilizantes. Estos químicos dan resultados inmediatos, aunque tienen consecuencias nocivas. Es urgente y necesario un nuevo modelo de producción agropecuaria, además de promover una nutrición sana.
El Conahcyt ha detectado glifosato en leche materna, tortillas, agua, sangre y orina. Por lo tanto, es imperativo transitar hacia un nuevo modelo agroalimentario, nutricional y saludable que abone a la soberanía alimentaria, ya que ésta no puede existir con el modelo agroindustrial que tenemos en la actualidad.
Sí hay alternativas al glifosato
En lugar de cumplir con el decreto de 2020, las secretarías de Economía (SE), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informaron que se seguirá importando glifosato hasta “encontrar opciones que estén disponibles en las cantidades necesarias, asociadas a las cadenas de comercialización a nivel nacional y que sean accesibles en costos para todo tipo de productor”.
Este comunicado es dictado por las grandes corporaciones. Asimismo, significa un gran retroceso y una mentira. Existen alternativas, no sólo al glifosato, sino también al modelo agrotóxico.
Al respecto, el Conahcyt, dirigido por María Elena Álvarez-Buylla, así como el subsecretario de Agricultura, Víctor Suarez, hicieron su tarea. Han demostrado que existen alternativas. Además de que el decreto presidencial no ha sido derogado; sigue vigente.
El ala neoliberal del gabinete sostiene que sin el glifosato caería la producción agrícola. Según argumentan, esto pondría en crisis la alimentación de la población. Falso: es claro que se puede producir el alimento necesario si se aplican las políticas adecuadas para garantizar un nuevo modelo que dé la espalda a los agrotóxicos y a la dependencia del país.
Como lo señala el pronunciamiento del 22 de marzo de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País:
“El decreto no se refiere a sustituir el glifosato por otro producto específico, sino a cambiar el modelo agroindustrial de producción de alimentos, para lo que el Conahcyt ha difundido alternativas y experiencias exitosas de producción agroecológica implementadas junto con la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la Sader [Secretaría de Desarrollo Rural], a través de sus programas Producción para el Bienestar y Sembrando Vida. Ha demostrado que la producción sin glifosato es viable. Con la implementación de la agroecología, en más de 5 millones de hectáreas y con la participación de casi 2 millones de agricultoras y agricultores de pequeña y mediana escala, han visto aumentos en los rendimientos y mejoras en las ganancias, así como una importante reducción del uso de agroquímicos tóxicos”.
El Conhacyt sostiene que las opciones al químico ya están disponibles, se comunicaron a las dependencias y la producción de alimentos no ha disminuido.
En la conferencia de presentación de las alternativas viables al glifosato, con la participación de investigadores, dirigentes de organizaciones y académicos, el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura (Sader), Víctor Suárez, aseveró que la tarea de buscar opciones al químico no sólo era de Conahcyt, sino también de la Sader. La subsecretaría ha honrado el decreto, pero la secretaría ha quedado a deber.
La directora adjunta de Desarrollo Tecnológico de Conahcyt, Delia Aideé Orozco, presentó un resumen de las alternativas al glifosato. Igualmente, se estableció una plataforma integral de acciones para su validación. De igual manera, hay 85 proyectos de investigación, con más de 700 especialistas de más de 100 instituciones académicas, asociaciones campesinas y del sector privado.
Entre otras acciones, explicó que se validaron 87 planes de manejo agroecológico en 17 mil hectáreas en 22 entidades. Los hallazgos dan evidencia científica de que se puede producir sin glifosato y con más rendimientos.
Tenemos recursos para un modelo agropecuario sano y soberano
Existen recursos, tal como ha documentado la Promotora para la Suspensión del Pago de la Deuda Pública. Actualmente, se está destinando el 3.6 por ciento –1 billón 230 mil millones– del Producto Interno Bruto (PIB) al pago a acreedores.
Esa deuda –heredada de los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN– debe ser auditada. No podemos, ni debemos, seguir pagando a ciegas. Mientras se implementa una auditoría ciudadana, es menester suspender los pagos.
De esta manera, en un par de años, se contaría con 2 billones y medio para atender las necesidades urgentes, como la soberanía alimentaria. Luego de la negociación, la carga de la deuda debe aligerarse y tendremos los recursos necesarios.
Por lo pronto, debemos eliminar el pago del IPAB-Fobaproa. Este año, sumará 62.4 mil millones de pesos. No es admisible… Esos recursos deben ser destinados a financiar el cambio del modelo de agronegocios. Los banqueros deben dejar de ser beneficiarios de los recursos públicos y asumir su deuda privada.
Al desarrollar la soberanía económica, tendremos recursos para un presupuesto en el área de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual duplique los 148 mil millones de pesos de 2024.
Hace falta presupuesto para un Plan de Rescate Agropecuario de México, basado en un nuevo modelo. Tenemos que invertir en aumentar la frontera agrícola y las hectáreas sembradas e irrigadas; fomentar la ocupación en el sector agropecuario; impulsar un cambio en las prácticas nutricionales de la población; desarrollar nuevas técnicas agrícolas; producir fertilizantes orgánicos y naturales, y fortalecer la red de abasto para que no se pierda la producción por falta de salidas comerciales.
Se requiere la autosuficiencia alimentaria, en primer lugar, de maíz. Cada comunidad debe desarrollar la agroecología de acuerdo a su vocación, clima y flora endémica. También, necesita apoyos a la producción, sistemas de abasto y transporte.
El desarrollo de la agricultura rural, urbana y familiar
México es uno de los países del mundo con mayor variedad de flora y fauna, además de potencial pesquero. Por lo tanto, el sector primario de la economía puede tener un gran desarrollo sin estar sujeto a las corporaciones y sus intereses.
Tenemos que cambiar el modelo agropecuario y económico. Así, dejaremos atrás el viejo régimen neoliberal. Existen recursos que se pueden obtener para arreglar el problema de la deuda y modificando las políticas fiscales, las cuales favorecen a las grandes corporaciones.
Es posible hacerlo. Hagamos memoria: en tiempos de crisis, se ha suspendido el pago de la deuda y se desconocen deudas injustas del viejo régimen. Esto ocurrió tras la Independencia. Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y, posteriormente, Valentín Gómez Farías y Benito Juárez suspendieron los pagos.
Se ha podido reducir el monto. En la República Restaurada, los acreedores exigían el pago de 450 millones al gobierno de Juárez. Sin embargo, el ministro de Hacienda, José María Iglesias, negoció y bajó el adeudo a tan sólo 84 millones de pesos.
Una posición firme y digna da resultados. Después, tras un período de endeudamiento acelerado durante el Porfiriato, en 1914, se suspendieron los pagos. Posteriormente, Obregón y Calles se vieron obligados a suspender pagos, tras reconocer grandes sumas.
En medio de la crisis mundial de 1929, los gobiernos posrevolucionarios suspendieron el pago. Y el gobierno progresista de Lázaro Cárdenas mantuvo la suspensión.
Cuando se volvió a reconocer, los acreedores exigían alrededor de 400 millones de dólares por deuda no pagada, más intereses. Tras una gestión hábil, cedieron y quedó en 40 millones de dólares.
Hoy como ayer, tras una suspensión y nuevas políticas impositivas que graven al más rico, podemos tener los recursos para desarrollar la agroecología y prohibir transgénicos, glifosato y el neolatifundismo en México.
¡Sí a la suspensión de pagos de la deuda! ¡No al glifosato!
Pablo Moctezuma Barragán*
*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social
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