Tras los señalamientos de presunta corrupción en la asignación de contratos para la adquisición de materiales electorales, que involucraría a la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, pidió investigar la red de empresas proveedoras de materiales y servicios electorales.
Para ello, exigió al (INE) y a los organismos estatales –incluido el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM)– revisar posibles vínculos de las personas morales con funcionarios e instituciones electorales. Así como transparentar los contratos, montos, proveedores y procedimientos de adjudicación.
“Como ha señalado nuestra presidenta [Claudia Sheinbaum Pardo], esta estructura empresarial no surgió ni comenzó en este sexenio o en el anterior. Para comprender el caso es necesario conocer el origen de las empresas, sus relaciones con servidores públicos y las decisiones que permitieron su permanencia como proveedoras de los organismos electorales”, señaló el mandatario.
En un comunicado, Villarreal solicitó esclarecer su actuación y determinar las responsabilidades que, en su caso, procedan. Sostuvo que, contrario a lo que se ha querido señalar por parte del ala conservadora de la política nacional, Taddei Zavala fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014, durante la gestión de Lorenzo Córdova Vianello al frente del INE, y que en 2023 llegó a la presidencia del instituto nacional mediante insaculación en la Cámara de Diputados.
Por ello, señaló que estos antecedentes deben considerarse para explicar su trayectoria institucional, sin que ello la exima de las investigaciones que sigue actualmente el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre otros. “Presentar su trayectoria únicamente como resultado de un vínculo con Morena es una construcción política de la oposición que omite sus antecedentes dentro de las instituciones electorales. Esto no la exime de ninguna investigación”.
Además, el gobernador tamaulipeco reiteró la revelación de la presidenta Sheinbaum respecto a que la red empresarial tiene antecedentes en las estructuras de seguridad e inteligencia del Estado. Entre los involucrados mencionó a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, cuyos vínculos institucionales se remontan a su paso por la Secretaría de Gobernación, durante la década de 1980, y posteriormente por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
“De acuerdo con la investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sus antecedentes se remontan a su paso por la Secretaría de Gobernación en los años ochenta, bajo el mando de Juan Carlos Padilla Aguilar, y posteriormente por el Cisen. La investigación sitúa en ese entorno el origen de las relaciones que precedieron al desarrollo de sus empresas proveedoras de materiales electorales”.
Añadió que el entramado también incluye a Juan Carlos Padilla Aguilar, quien habría mantenido vínculos con los empresarios y con actores políticos relacionados con el Frente Cívico Nacional y el derechista partido Somos. “En ese ámbito también se menciona a figuras provenientes de la estructura electoral, como Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo y Lorenzo Córdova. En el caso de este último, además, debe distinguirse su responsabilidad institucional como presidente del Consejo General del INE que designó a consejeros de organismos electorales estatales que posteriormente contrataron a estas empresas”.
Asimismo, el gobernador señaló que la estructura empresarial involucra relaciones de carácter empresarial, institucional y político, por lo que consideró necesario esclarecer su funcionamiento y posibles irregularidades. “La ciudadanía tiene derecho a conocer si existieron conflictos de interés, intervenciones indebidas u omisiones que favorecieran la concentración de contratos. Las responsabilidades individuales deberán acreditarse con pruebas”, sostuvo.
“Desde Tamaulipas respaldamos con firmeza la exigencia de transparencia total en materia electoral. Con pleno respeto a su autonomía, hacemos un llamado al INE y a todos los organismos electorales estatales, incluido el de nuestro estado, a hacer públicos sus contratos, proveedores, montos, procedimientos de adjudicación y criterios de selección”.
