Los acuerdos que utiliza Estados Unidos para trasladar migrantes y solicitantes de asilo a terceros países exponen a esas personas a tortura, persecución y desaparición forzada, entre otras violaciones graves de derechos humanos, advirtieron expertos independientes de la ONU.
Asimismo, alertaron por posibles detenciones arbitrarias o incomunicadas, la falta de asistencia jurídica y debido proceso, la separación de familias, la trata de personas y la violación del principio de no devolución, que prohíbe enviar a una persona a un país donde pueda enfrentar persecución o daños graves.
“Los daños causados por este esquema del gobierno de Estados Unidos ya no son hipotéticos”, afirmaron los expertos, quienes señalaron una especial preocupación por niñas y niños, mujeres, personas con discapacidad, víctimas de trata, personas LGBT+, defensores de derechos humanos y personas apátridas. En algunos casos, los migrantes terminan en países con los que no tienen ningún vínculo, donde pueden volver a quedar expuestos a la violencia o la discriminación.
El problema no termina necesariamente con el primer traslado, pues varios de los acuerdos permiten que el país receptor mantenga a las personas solo de manera temporal y después las expulse hacia otro Estado, lo que puede generar una cadena de devoluciones que termine por llevar a alguien de vuelta a su país, incluso si ahí corre peligro, detalló el grupo.
A su vez, señalaron que un retorno no puede considerarse voluntario cuando la persona carece de estatus legal, medios de subsistencia, asesoría jurídica independiente o una alternativa real a regresar. “Los Estados no pueden desentenderse contractualmente de sus obligaciones jurídicas internacionales”, y aclararon que tanto el país que traslada como el que recibe mantienen su responsabilidad conforme al derecho internacional; incluso un Estado que ayude a otro a violar el principio de no devolución podría incurrir en responsabilidad internacional.
Ese esquema de externalización migratoria ya se ha extendido a más de 35 países y territorios, algunos de los cuales, según los expertos, carecen de sistemas de asilo, infraestructura de acogida o servicios suficientes para proteger a la población que reciben. Cuestionaron, además, la falta de transparencia de estos arreglos, que quedan en buena medida fuera de la supervisión pública y del monitoreo independiente en materia de derechos humanos.
Hasta ahora, Estados Unidos ha enviado, al menos, a 23 mil nacionales de terceros países a 29 países y territorios mediante acuerdos que afectan tanto a solicitantes de asilo como a migrantes que se encuentran en distintas etapas de sus procesos migratorios. De modo que pidieron a los países y territorios involucrados suspender estos acuerdos, garantizar procedimientos de asilo justos y eficaces, y establecer mecanismos de supervisión independiente y rendición de cuentas.
“Los derechos humanos deben situarse en el centro de la gobernanza migratoria y no ser sacrificados en aras de la disuasión”, afirmaron, y precisaron que ya contactaron tanto a Estados Unidos como a los 35 países y territorios involucrados, además de a la Agencia de la ONU para los Refugiados y a la propia Organización Internacional para las Migraciones.
El pronunciamiento reunió alrededor de 30 titulares de mandato de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Entre ellos están Gehad Madi, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Pau Pérez Sales, relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales; Katarina Schwarz, relatora especial sobre la trata de personas; Gina Romero, relatora especial sobre libertad de reunión pacífica; y los cinco integrantes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, junto con expertos sobre discriminación contra las mujeres, orientación sexual e identidad de género, libertad de expresión, salud y defensores de derechos humanos, entre otros mandatos.
Los 35 países y territorios señalados por los expertos como receptores de migrantes bajo estos acuerdos son Antigua y Barbuda, Belice, Burundi, Cabo Verde, Camerún, República Centroafricana, Costa Rica, República Democrática del Congo, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Ghana, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Liberia, Libia, México, República de Moldova, Palaos, Panamá, Paraguay, Polonia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Sierra Leona, Sudán del Sur, Uganda, Uzbekistán y Kosovo.
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