Luis Carlos Ugalde –presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) de 2003 a 2007– “fue el articulador, el ejecutor del fraude electoral fraguado por el propio Vicente Fox” para imponer a Felipe Calderón en la presidencia de la República en 2006, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. Por ello, quien cuestionó la autoridad moral del exfuncionario, luego de que éste se pronunciara por un consenso para designar a la nueva presidencia del ahora Instituto Nacional Electoral (INE).

La jefa del Ejecutivo federal recomendó leer el libro del exconsejero presidente del entonces IFE, titulado Así lo viví, en el que narra su paso por el organismo electoral y la elección presidencial de 2006. En sus páginas, dijo Sheinbaum, Ugalde “reconoce que fue nombrado por el PRI y recomendado por Elba Esther Gordillo. […] Dice que fue la que le dijo: ‘oiga, quieren que usted sea el el próximo presidente del IFE’, y dice él, ‘yo llegué con una mayoría’”.

Ante ese contexto, cuestionó que el ahora consultor electoral pida un nombramiento consensuado en el INE: “¿qué autoridad moral tiene Ugalde para hablar de democracia? Ninguna”.

Sheinbaum Pardo subrayó que en el libro de Ugalde se narran episodios relevantes para el debate actual, incluido el momento en el que se comunicó con el expresidente Vicente Fox mientras se desarrollaba la jornada electoral.

A ello sumó la reciente declaración del propio Vicente Fox durante una entrevista, en la que reconoció que “propició el fraude electoral” que llevó a la Presidencia a Felipe Calderón, con lo que se arrebató el triunfo al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador.

La primera mandataria también solicitó transparentar los contratos obtenidos por el “duopolio” de empresas que, desde hace dos décadas, concentra las licitaciones para elaborar materiales electorales, una situación que, recordó, fue reconocida por Lorenzo Córdova Vianello durante su gestión al frente del INE.

Calificó como “curioso que Lorenzo Córdova habiendo sido presidente del Instituto Nacional Electoral no haya hecho nada para evitar que este duopolio se mantuviera produciendo los materiales electorales –porque ayer todavía lo volvió a reconocer– […] sabiendo él que había solamente dos empresas que se estaban beneficiando de los materiales electorales cobrando lo que quisieran, si a él le tocaba incluso la revisión de el financiamiento de las elecciones”.

La presidenta cuestionó que la concentración de la producción de boletas, urnas y mamparas electorales no hubiera sido revisada por las autoridades en la materia, particularmente cuando los organismos públicos locales electorales (OPLE) también contrataron a esas compañías. En ese sentido, planteó que la revisión de lo ocurrido con las  autoridades electorales debe abarcar los procesos de 2006 y 2012, así como las decisiones institucionales posteriores, y no limitarse a la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE.

La mandataria federal calificó la elección presidencial de 2006 como un “fraude electoral abierto, notorio, público” y sostuvo que el entonces IFE se negó a abrir la totalidad de las urnas para realizar un recuento de votos, pese a las impugnaciones presentadas por el equipo de López Obrador para posteriormente destruir las boletas electorales.

Respecto de los comicios de 2012, señaló que tampoco se atendieron las denuncias por la presunta compra masiva de votos a favor de Enrique Peña Nieto, mediante las tarjetas Monex, con las que, afirmó, se prometió dinero a ciudadanos a cambio de sufragios.

Sheinbaum también cuestionó la reforma electoral de 2014, aprobada como parte del Pacto por México, mediante la cual el IFE se transformó en INE y se concentró en el Consejo General la facultad de nombrar a los consejeros de los organismos electorales estatales, atribución que anteriormente correspondía a los congresos locales.

Explicó que fueron esos consejos estatales los que posteriormente realizaron contrataciones con las empresas proveedoras de materiales electorales cuya concentración ahora pide investigar. Finalmente, pidió que la Auditoría Superior de la Federación realice las revisiones correspondientes para esclarecer la contratación de las empresas proveedoras de materiales electorales y determinar si existieron irregularidades.