La Unidad de Inteligencia Financiera analizará en las próximas semanas información relacionada con las operaciones de Genaro García Luna en el paraíso fiscal de Barbados, y su posible conexión con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. De acuerdo con el titular de la UIF, Pablo Gómez, aún no se puede confirmar si en esa triangulación ilícita de millones de dólares extraídos del erario nacional estaría implicado el político panista o incluso otros políticos.
En la conferencia presidencial, el licenciado Gómez adelantó que sí hay hallazgos de que hay más mexicanos presuntamente implicados, pero aún no se pueden revelar los nombres. Sobre esto último, expuso que se determinará en unas tres semanas qué informaciones se pudieran hacer públicas. Ello, porque no se deben entorpecer las investigaciones en la Fiscalía General de la República, ni tampoco el juicio que el gobierno mexicano promovió en Miami, Estados Unidos, para recuperar más de 634 millones de dólares que la trama García Luna-Weinberg extrajo del país.
Pablo Gómez detalló que en ese procedimiento judicial que promovió el gobierno federal ante una corte de Florida no se está juzgando si los contratos de los que se benefició el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón –encontrado culpable en una corte de Nueva York, Estados Unidos, por asociarse al Cártel de Sinaloa– implican corrupción o no, porque eso ya lo demostró el Estado mexicano. Sólo se está determinando si se resarce el daño al país.
Acerca del fallo de la Corte de Apelaciones de Miami en la demanda civil contra esa red de corrupción, el titular de la UIF expuso que México ya recuperó 2 millones de dólares de los bienes que ilícitamente adquirió García Luna y su familia en Miami, y que el dinero ya ingresó a la Tesorería de la Federación.
Además, manifestó que está probado que, bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial obtuvo ilícitamente 30 contratos con la Policía Federal, el Cisen y el OADPRS –ligados a la seguridad–, por más de 634 millones de dólares. Los recursos extraídos del erario fueron triangulados, a través de paraísos fiscales –principalmente de Barbados–, al estado de Florida, y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos.
Pablo Gómez recordó que el 21 de septiembre de 2021, el gobierno mexicano presentó la demanda civil ante el Tribunal Undécimo Circuito Judicial de Condado de Miami-Dade, con el objetivo de recuperar los activos adquiridos con recursos públicos.
Añadió que se tienen aseguradas 19 propiedades de García Luna, sus familiares, e integrantes de la familia Weinberg, a quienes se les identifica como sus cómplices. De estos últimos, explicó que presentaron diversas solicitudes para que el juicio se deseche (motions to dismiss), pero el juez de primera instancia las negó. Estas resoluciones fueron impugnadas mediante apelación.
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