Empresas señaladas por irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron incorporadas a la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó su extitular Pablo Gómez Álvarez. Sin embargo, dijo, jueces concedieron suspensiones provisionales contra la medida.
El funcionario confirmó que dichas compañías no cuentan con la infraestructura necesaria para prestar los servicios para los cuales se les contrata: “no tienen planta industrial, no fabrican nada, tampoco son comerciantes; ya lo ha dicho la presidenta varias veces, pero parece que algunos no lo quieren creer, son intermediarios que ganan las asignaciones de los contratos y van y compran todo o van a las imprentas y ahí se imprime todo”.
Sostuvo que la operación de estas empresas no se habría limitado al INE, sino que también se extendió a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), cuya integración y funcionamiento estuvieron vinculados durante años con las decisiones tomadas desde el órgano electoral nacional.
Al participar en la conferencia presidencial, Gómez Álvarez relacionó la permanencia de estas empresas con la forma en que se integraron durante años los órganos electorales locales. Recordó que, cuando el INE comenzó a designar a los integrantes de los OPLE, los consejos estatales reprodujeron las correlaciones políticas existentes a nivel nacional.
“Unos eran del PRI, otros eran del PAN en su mayoría, se pusieron de acuerdo entre ellos y entonces el consejo, en su integración […] se reprodujo en todos los estados la correlación de fuerzas, todo venía desde arriba”, explicó. En ese contexto, calificó a las empresas intermediarias como “auténticos coyotes” y afirmó que continuaron obteniendo contratos de manera creciente.
Sobre la actuación de la UIF, el funcionario explicó que varias de estas compañías fueron incorporadas a la lista de personas bloqueadas debido a que la autoridad financiera contaba, según dijo, con elementos para presumir operaciones de lavado de dinero.
El problema, señaló, es que en ese momento el marco jurídico permitía que los particulares afectados acudieran ante los tribunales y obtuvieran suspensiones provisionales contra su incorporación a la lista porque “en ese momento no se había hecho la reforma que se hizo bajo la presidencia de la actual presidenta Claudia Sheinbaum”.
Gómez destacó que, tras este tipo de acciones, la reforma a la Ley de Amparo y las recientes decisiones judiciales buscan impedir la suspensión de la incorporación a la lista cuando la UIF cuenta con elementos que permitan sustentar que una persona o empresa está involucrada en operaciones de lavado de dinero: “es evitar que los jueces suspendan la incorporación a la lista de personas bloqueadas de las personas a las que se están analizando con elementos reales, contables, demostrables, están lavando dinero”.
Asimismo, presentó la modificación como parte de una reforma más amplia orientada a fortalecer las herramientas del Estado para prevenir la vulneración del sistema financiero: “finalmente se logró ya en este sexenio una gran reforma, una gran reforma que potencia la vigilancia y la prevención del lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita se llama así en México ese delito”.
El también economista contrastó este esquema con el funcionamiento que, según afirmó, tuvo la UIF en administraciones anteriores, cuando, a su juicio, sus facultades llegaron a utilizarse con fines políticos: “antes, en otros regímenes políticos, no operaba así operaba para chantajear y para presionar y para hacer tráfico de influencias y para mover el aparato público a favor de quien están gobernando”.
Aseguró que posteriormente la UIF comenzó a concentrarse en sus funciones de investigación y prevención del lavado de dinero, y sostuvo que las modificaciones legales realizadas durante el actual gobierno buscan consolidar esa función.
No obstante, consideró que el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita no depende únicamente de las facultades de la UIF, sino también de la capacidad del Ministerio Público para investigar y llevar los casos ante los tribunales: “ahora también el problema es que el Ministerio Público no siempre estaba a la altura de sus responsabilidades por eso también ahora se está haciendo una reforma ahí profunda”.
El político vinculó esta transformación institucional con reformas más amplias impulsadas por la “fuerza política mayoritaria del país [que] es la que tiene que hacerse cargo de hacer esas reformas profundas, para eso se constituye, para eso el pueblo los ha llevado al poder”.
Gómez también consideró que la discusión sobre el funcionamiento de las instituciones electorales debe incluir los mecanismos de participación ciudadana y planteó que las reformas en esta materia formarán parte de un debate político posterior a las próximas elecciones.
