La Unidad de Inteligencia Financiera acusó que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y hasta su detención en Estados Unidos (ocurrida en diciembre de 2019), el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, “tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”.
En un comunicado de prensa, la institución dependiente de la Secretaría de Hacienda expuso que “bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones”.
Asimismo, indicó que los beneficios económicos fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos que buscaban ocultar el rastro mediante paraísos fiscales, y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en Florida, Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera “identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos; en consecuencia, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República, el 24 de diciembre de 2019”.
Añadió que el 21 de septiembre de 2021, el gobierno mexicano presentó una demanda civil ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para recuperar los activos [mansiones y automóviles de lujo] adquiridos con los recursos extraídos del erario nacional, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano. “El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York. En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo dentro de éstos los 6 años del gobierno anterior, cuando ya no era servidor público”.
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