Por instrucciones presidenciales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrieron expedientes a todos los coordinadores de Morena que aspiran a las 17 gubernaturas del país, con el fin de que sus bienes, propiedades y estados financieros sean acordes con sus ingresos como servidores públicos y evitar así que dinero mal habido procedente de actos de corrupción, sobornos o vínculos con el crimen organizado sea utilizado para financiar campañas políticas y se vulnere el proceso electoral, como ha sucedido en sexenios anteriores.

En las indagatorias se revisa también las propiedades y cuentas bancarias de personas con vínculos familiares con los coordinadores designados por el partido en el poder, como esposos e hijos mayores de edad, principalmente.

Uno de esos expedientes abiertos a los militantes morenistas clasificados como personas políticamente expuestas (considerados así por Hacienda, porque implica que están en un mayor riesgo de exposición a delitos como corrupción, soborno o lavado de dinero), corresponde a quien fuera titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, y actualmente ha sido designado por el Partido Morena como coordinador en Querétaro para las elecciones de 2027, estado gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Documentos internos de esos órganos de inteligencia financiera y fiscalización revelan que en las líneas de investigación contra quien fuera hasta abril de 2026 director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, nombramiento que le dio el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacan su presunta vinculación a Empresas que Facturan Operaciones Sospechosas (EFOS), enriquecimiento ilícito, fuga transnacional de capitales y vulnerabilidad y captura institucional.

En los gobiernos de la 4T, Santiago Nieto también se ha desempeñado como extitular de la FEPADE (Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales) en la Fiscalía General de la República; extitular de la UIF, y exencargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo.

Con dichos expedientes abiertos en el SAT y la UIF, Nieto Castillo podría ser removido de la coordinación por el Comité Ejecutivo Nacional y la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, para evitar que la investigación sea utilizada por la oposición en la próxima campaña electoral o mantenerlo como aspirante a la gubernatura en un estado que según la mayoría de las encuestas el PAN se mantiene en las preferencias.

La ficha financiera de Santiago Nieto Castillo

De acuerdo con el avance de las indagatorias de las autoridades financieras, hay discrepancias entre los ingresos declarados y los gastos documentados que realizó Nieto Castillo, como la acumulación de bienes por un monto de 40 millones de pesos en un lapso de 25 meses; el otorgamiento de créditos inusuales del sistema financiero de hasta por 25.5 millones de pesos y otras operaciones en efectivo por 5 millones de pesos más.

Dichos “créditos especiales” otorgados a nombre de Santiago Nieto Castillo rebasan con mucho, según la UIF, el límite superior de crédito que manejan con sus clientes las instituciones crediticias, según se indica en los documentos oficiales, pues en promedio los créditos que se otorgan son de hasta medio millón de pesos, y en el caso del coordinador electoral fueron de más de 25 millones.

Las pesquisas del SAT y la UIF también investigan al aspirante morenista sobre la conformación de una red de empresas consideradas como fachada o fantasma, en donde destacan la firma Entra Consulting México S. de R.L. de CV, operada por Sergio Eduardo Humphrey Jordan, cuñado de Santiago Nieto y hermano de la consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordán.

Según esos órganos de inteligencia y fiscalización lo extraordinario de dicha empresa es que no presenta una estructura laboral de directivos ni empleados; tampoco tiene activos fijos como inmuebles, terrenos u oficinas, y de acuerdo con los documentos oficiales funge como “puente” para dispersar recursos económicos, lo que hace suponer a las autoridades que fue constituida para mover y al mismo tiempo ocultar el origen del dinero que podría tener procedencia ilícita.

En información pública sobre la empresa Entra Consulting México, S de RL de CV, se precisa que es una filial mexicana de la firma estadounidense Entra Consulting LLC, especializada en consultoría y transacciones dentro del sector energético y los socios que integran la estructura y control de la empresa en México son el director para México, Sergio Humphrey, quien “cuenta con una amplia trayectoria como abogado regulatorio en el sector de petróleo y gas en el país”, y el abogado venezolano Ricardo Colménter, director ejecutivo global del grupo corporativo y quien aparece como director en los documentos constitutivos de la firma matriz y sus subsidiarias.

Sobre la estructura de dicha empresa, se indica que debido a que está constituida bajo la modalidad de una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, el libro corporativo de sus socios e inversionistas exactos no es de carácter público en los registros comerciales de México; sin embargo, se confirma que su estructura de mando y dirección recae en Sergio Humphrey.

En los expedientes abiertos por las autoridades financieras mexicanas identifican a Santiago Nieto con operaciones en el envío de divisas mediante órdenes de pago hacia España en favor de familiares directos. Hasta el momento se indagan los montos totales de dichas transferencias financieras.

Ante el perfil de Santiago Nieto como experto en inteligencia financiera y procuración de justicia por los cargos desempeñados, la UIF y el SAT advierten que hay un riesgo elevado de que estén ante un probable delito de lavado de dinero, por su capacidad de explotar vulnerabilidades en el sistema financiero y aprovecharse de ellas.

Para contrastar la información anterior con el militante morenista, se le solicitó una entrevista, pero hasta el momento de escribir esta columna, después de un mes en espera, no hubo respuesta alguna.

Carla Astrid, cónyuge del coordinador de Morena en Querétaro

Por tratarse también de una Persona Políticamente Expuesta (PEP) por su desempeño con consejera electoral del INE y ser esposa del sujeto investigado (Santiago Nieto), además de que a su hermano Sergio Humphrey también se le investiga por ser presuntamente operar una empresa calificada por la UIF como fachada, la consejera Carla Astrid Humphrey Jordán también es parte de la investigación del SAT y de la UIF.

En la ficha financiera sobre la funcionaria electoral destaca la discrepancia entre ingresos declarados y gastos documentados, pues según el SAT y la UIF realizó un gasto promedio en tarjetas de crédito por 311 mil pesos, cuando su salario neto asciende a sólo 95 mil 37 pesos.

En su expediente se indica hay un supuesto “smurfing notarial documentado”, el cual consiste en dividir una gran cantidad de dinero supuestamente de origen desconocido en múltiples transacciones pequeñas para evitar llamar la atención de los bancos y en consecuencia de las autoridades financieras, con el propósito de no superan los límites legales de notificación.

En ese caso, las autoridades financieras identificaron tres pagos en efectivo que habría realizado Carla Humphrey en un mismo día, por los montos de 61 mil 550 pesos, otro por 98 mil y uno más por 99 mil, con el propósito de no rebasar los 100 mil pesos que pudieran ser sujetos de investigación fiscal.

En su ficha también se menciona el “contagio marital” (término utilizado por autoridades hacendarias para identificar que es esposa de un sujeto indagado) con Santiago Nieto, y se refiere al supuesto riesgo de asociación o reputacional que asume una persona al tener una relación sentimental o de parentesco con una persona políticamente expuesta o con alguien que es investigado por posibles actividades ilícitas.

En la investigación se revisó varias transferencias de dinero que hizo la consejera electoral a un subordinado y cita el documento que se realizaron 29 micro pagos fraccionados desde la cuenta personal de Carla Humphrey a su asesor operativo y subordinado en el Instituto Nacional Electoral (INE), Manuel Coliz González, lo que según la investigación representa un patrón de riesgo severo que puede tipificar esquemas de “kickbacks (sobornos), desvíos o pagos de favores no registrados institucionalmente.

Mucho tendrá que explicar el extitular de la UIF sobre este tema, del cual sin duda es un experto en la materia, y también habrá que revisar los expedientes financieros y fiscales de los otros 16 morenistas que por ahora son coordinadores y que también aspiran a gobernar sus estados.