Río de Janeiro, Brasil. Los niños eran lanzados al aire y heridos con cuchillos. La masacre que se inició a tiros se completó a cuchillazos. Todo para evitar sobrevivientes entre los 244 indígenas de la aldea. La matanza de 1904 marcó a los xokleng. Y puede decidir el futuro de los pueblos originarios de Brasil.

Se trata de una tragedia emblemática del genocidio sufrido por los nativos en la historia brasileña. Hubo otros más numerosos y recientes, especialmente durante la dictadura militar de 1964 a 1985. Sin embargo, éste en particular se encuentra en el centro de un juicio del Supremo Tribunal Federal que determinará la marcha de las demarcaciones de territorios indígenas en el país.

El juicio tiene una causa específica: el reclamo del gobierno del sureño Estado de Santa Catarina –hecho en 2016 a través de su Instituto de Medio Ambiente (IMA)– de una parte de la tierra demarcada de los xokleng. Ello con el fin de destinarla a una reserva natural.

Sin embargo, en 2019 el Supremo Tribunal Federal reconoció que ese proceso tiene repercusión nacional para todas las demarcaciones de territorios indígenas. Porque el reclamo alega la tesis del “marco temporal”, por la cual los pueblos originarios sólo tienen derecho a los terrenos que ocupaban el 5 de octubre de 1988. Fecha, en la cual se promulgó la Constitución brasileña vigente y que otorga esas asignaciones territoriales.

El juicio empezó en 2021. Con los votos de dos de los 11 –uno contra y otro a favor del marco temporal–, se suspendió por el pedido del juez, Alexandre de Moraes, de más tiempo para analizar el tema. Sólo se reanudó ahora –el 7 de mayo– con el voto razonado de Moraes. Volvió a detenerse el miércoles 7 de junio.

La masacre de 1904 fue parte de sus argumentos en contra: es un ejemplo del despojo por violencia al que fueron sometidos los nativos. Sería “injusto” exigir su presencia en sus tierras tradicionales en una fecha precisa. Los xokleng fueron “forzados a dejarlas para no morir”, arguyó Moraes.

Violencias variadas

La tierra Ibirama-Laklãnõ –donde viven 2 mil 300 personas. Casi todas del grupo xokleng y algunas familias de los pueblos guarani y kaingang– fue demarcada en 2003. Las 37 millones de hectáreas fueron reconocidas como su territorio por el gobierno de Santa Catarina en 1926, según un documento oficial en posesión de los nativos.

Sin embargo, en 1965 la dictadura militar había fijado dicho terreno a sólo 14 millones de hectáreas. Además, 10 años después ordenó la construcción de represas en la cuenca del Itajaí –que cruza la región– para contener inundaciones en las ciudades y haciendas río abajo.

En consecuencia, inundó las tierras xokleng. Redujo aún más el área, donde viven, su agricultura y sus carreteras. Agravó el aislamiento de sus pobladores. En la década de 1990, un estudio antropológico dictó la ampliación del territorio a las 37 millones de hectáreas originales, cuestionadas por el gobierno local y hacendados, quienes invadieron parte de las tierras.

El casi exterminio de este pueblo se hizo conocido por el libro del antropólogo Silvio Coelho dos Santos, Indígenas y blancos en el sur de Brasil: la dramática experiencia de los xokleng (Indios e brancos no Sul do Brasil: a dramática experiencia dos xokleng en portugués), en donde recoge el registro de la masacre de 1904 en el diario Novidades.

Esa tragedia histórica tiene muchos casos similares en Brasil, sin embargo, ser conocida y documentada de forma incuestionable debilita el marco temporal. Éste es defendido por muchos políticos y hacendados como factor de seguridad jurídica y de reducción de los conflictos en el campo. Aunque en evidente disconformidad con la Constitución.

“La inconstitucionalidad básica es que los artículos [sobre indígenas] no tratan del marco temporal y reconocen como ‘originarios’ los derechos territoriales indígenas. Para la Constitución, no hay indígena sin tierra”, explicó el expresidente de la gubernamental Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas [Funai] y del no gubernamental Instituto Socioambiental, Marcio Santilli, a IPS.

Gracias al mandato de la Constitución, hasta ahora se han demarcado 496 tierras indígenas sin establecer ese marco temporal que se aboga. Suman el 13 por ciento del territorio nacional. Y 238 áreas más están en distintas fases del proceso. Algunas ya identificadas; otras aún en estudio, según el Instituto Socioambiental, el cual posee un importante banco de datos sobre el tema.

En Brasil, según el censo de 2022, hay 1 millón 650 mil nativos. Representa un incremento de 84 por ciento respecto al censo de 2010. Aunque, sólo constituyen el 0.8 por ciento de la población nacional. Existen 305 pueblos, en donde se hablan 174 lenguas, según la FUNAI.

Moraes condenó el marco, pero su voto preocupó a los líderes. Ello, por proponer una “indemnización plena” a los propietarios “de buena fe” que ocupan áreas demarcadas. Hasta este momento, sólo se remunera las mejoras aportadas y no la tierra en sí misma, considerada producto de usurpación.

Conciliación rechazada

“Moraes quiere la indemnización previa. Pagar a los hacendados primero y después demarcar la tierra indígena. Lo que puede demorar 10 años. Buscan un gran acuerdo, el medio término, para satisfacer a los que se adueñan ilegalmente de las tierras”, protestó Mauricio Terena, coordinador jurídico de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).

“¿Por qué siempre son nuestros derechos que hay que reducir? Siempre el medio término para nuestros derechos. A nosotros, las pérdidas”, acotó al hablar a los indígenas presentes durante el juicio del Supremo Tribunal Federal en Brasilia.

Cerca de 1 mil 500 “parientes” de todo el país acamparon en la capital. Hubo manifestaciones de “No al marco temporal” en decenas de ciudades y carreteras. Informó Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de APIB.

En caso de dificultades prácticamente insuperables –por ejemplo, la existencia de ciudades en áreas reconocidas como indígenas–, Moraes propuso también que se recurra a la compensación. Es decir, la sustitución por tierras en otros lugares si lo acepta la comunidad.

“Nuestros territorios son innegociables. Nuestra relación con ellos es profunda. Es donde cayeron nuestros ancestros”, contrarrestó Terena.

Asimismo, su queja se debió a la nueva interrupción del juicio. Otro juez, André Mendonça –exministro de Justicia del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro (2019-2022)– pidió más tiempo para reflexionar. Tiene hasta 90 días para dar a conocer su voto y permitir la reanudación. Sin embargo, prometió hacerlo antes.

“Ellos necesitan tiempo. Salimos de acá sin respuesta”, lamentó Terena. El proceso ya se arrastra hace más de siete años. El marco temporal sirve de justificación para invasiones y violencia de tierras indígenas.

De todos modos, “fue positivo el voto de Moraes” por reconocer la inconstitucionalidad del marco. Evaluó Megaron Txucarramãe, cacique del pueblo kaiapó, el cual tiene su territorio en la región de la Amazonia Oriental.

“Volveremos a Brasilia cuando se reanude el juicio. Seguiremos en la lucha para asegurar la Constitución y la tierra para nuestros nietos”, dijo a IPS por teléfono desde el campamento indígena.

Diputados contra indígenas

Su batalla no se limita al frente judicial. El 30 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó –en régimen de urgencia– un proyecto de ley que establecería el marco temporal. Ésto por una mayoría de 283 votos contra 155. Depende ahora del Senado su aprobación final.

“Los procesos caminan paralelamente y se influyen mutuamente. Si el Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional el marco temporal, el proyecto de ley pierde finalidad. Pero aumenta el costo para el Supremo”, evaluó Oscar Vilhena, director de la Escuela de Derecho en la Fundación Getulio Vargas, desde São Paulo para IPS.

El costo se refiere a mayores presiones políticas por parte de los legisladores de derecha –vinculados a los terratenientes, conocidos como ruralistas–. Hace mucho, atacan al Supremo Tribunal Federal por, supuestamente, inmiscuirse en labores legislativas.

Además, si se impone la inconstitucionalidad de la regla pretendida, “la Cámara de Diputados podría retomar las deliberaciones sobre una enmienda constitucional ya aprobada en el Senado”, advirtió Santilli por teléfono desde Brasilia.

La propuesta –que había quedado olvidada en la cámara baja desde 2015 cuando la recibió del Senado– establecería justamente el pago de una indemnización por la propiedad de la tierra –no sólo por las mejoras– a los terratenientes afectados por territorios indígenas demarcados desde octubre de 1988. Es decir, durante la vigencia de la actual Constitución.

Mario Osava/ Inter Press Service (IPS)*

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