Autoridades universitarias congelan las plazas de profesores que se jubilan, renuncian o mueren, denuncia la doctora Rocío Olivares Zorrilla. Además, señala que los funcionarios sólo han simulado atender las demandas de los académicos, luego de la movilización y huelga que se gestaban a principios de 2021. Demanda que el cuerpo docente de asignatura participe en una necesaria discusión sobre la redistribución de los recursos ejercidos por la UNAM

Rocío Olivares Zorrilla, doctora en Filología Española por la Universidad de Barcelona y doctora en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lamenta los “muchísimos años” de existencia de la “burocracia dorada”.

Se refiere a la elite de funcionarios de la llamada máxima casa de estudios del país cuyas percepciones rondan los 2 millones de pesos anuales –y que “por décadas y décadas”– deciden cómo se ejerce el presupuesto universitario, frente a las decenas de miles de profesores universitarios que, con trabajo precario, sostienen las funciones sustantivas de la Universidad.

Ella pertenece a este último sector. Se muestra orgullosa de ser parte de los profesores de asignatura –en su caso, en la Facultad de Filosofía y Letras–, quienes son “los que realmente sostenemos el prestigio académico de la Universidad y que le ha valido ocupar el lugar que ocupa en los rankings mundiales”. En tales listados, la UNAM aparece invariablemente como la mejor institución de educación superior del país y, según el tipo de criterios, en algunos casos, de Latinoamérica o de Iberoamérica.

Fue condecorada por la UNAM, con la medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario, por la investigación con que obtuvo su doctorado en México: La figura del mundo en “El sueño”, de Sor Juana Inés de la Cruz. Ha escrito o editado otros cinco libros y es reconocida en su disciplina por sus pares internacionales. Desde hace más de 25 años es profesora de asignatura, donde, como todos sus demás compañeros profesores, “seguimos en una situación absolutamente precaria y con un salario verdaderamente ignominioso”.

Explica que el cuerpo académico de la Facultad de Filosofía y Letras se ha organizado para buscar el diálogo con las autoridades “de la manera más cordial”. Han formulado un pliego petitorio. Pero “nos hemos topado con una resistencia absoluta, con una negativa constante y cerrada totalmente”.

Señala que cuando los profesores se organizaron para demandar que se les pagaran los adeudos de 2020 y principios de 2021, las autoridades anunciaron que lanzarían un programa de “definitividades”, es decir, que abrirían espacios para que maestros alcanzaran el estatus de definitividad en algunas materias que impartieran.

Todo fue “una cortina de humo” para desmovilizar a los académicos, explica Rocío Olivares Zorrilla. Fue una manera “de entretener al profesorado” que estaba totalmente descontento y se manifestaba.

“Se apuntaron, desde luego, muchísimos profesores que desde hace muchos años piden su definitividad. Sin embargo, seguimos en el limbo: los concursos no se han iniciado, no se han realizado todavía.”

Por ello, demanda que se realicen estos procesos y que en las comisiones dictaminadoras participen los profesores de asignatura. Actualmente no se les permite participar y las comisiones cargan con descrédito, por lo tendencioso de los concursos de oposición cuando se realizan.

A nombre de los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, la también coordinadora del Proyecto de Investigación sobre Semiótica y Literatura Novohispana, expone que el segundo punto del pliego petitorio entregado a las autoridades universitarias consiste en el pago de todo el trabajo que realizan los profesores, además de la docencia.

Explica que los salarios miserables que de por sí reciben no contemplan todas las actividades que realizan los docentes. Se les pagan únicamente las horas frente a grupo y no el demás trabajo: investigación, actualización de los temas de cada programa, elaboración de materiales didácticos, difusión de la cultura, asesorías personalizadas a los alumnos, calificaciones de trabajos y tareas y las asesorías de tesis y tutorías.

Olivares Zorrilla abunda en que ni siquiera se les paga lo que sí alcanza a señalar el contrato colectivo. Expone que, por ejemplo, en la cláusula 50 se establece que se les tienen que pagar los trabajos que desempeñan como sinodales en exámenes profesionales de licenciatura y de posgrado. “Y han dejado de pagarnos de manera sistemática; no solamente están sustrayendo dinero de nuestros salarios y de nuestras prestaciones, sino que se lo están ahorrando de cosas que incluso están pactadas que se nos tiene que pagar y no lo hacen”.

La doctora dice que se trata prácticamente de “trabajo esclavo”, pues se trata de un trabajo forzoso por el que no reciben paga. Y deben hacerlo porque si no, no tienen acceso al trabajo que sí se les paga. A este trabajo no lo media contrato alguno.

Te puede interesar: UNAM paga 120 millones anuales a 85 altos funcionarios

También en la agenda de los profesores organizados de la Facultad de Filosofía y Letras está el asunto de los concursos para obtener definitividades. Es la vía para que un maestro suba del salario A al salario B, que sigue siendo precario pero con unos pesos más. Prácticamente están suspendidos esos procesos.

“Lo que exigimos es contratación laboral tal y como lo establece la ley para todo profesor que dé clases.”

También pide que se discutan los topes mínimos y máximos de estudiantes en cada grupo. Resulta que cuando no hay al menos cinco alumnos inscritos en un curso no se abre la materia y el profesor se queda sin trabajo. En el otro extremo están los grupos de 40 alumnos, donde la carga de trabajo para el profesor es equivalente a tener dos grupos y sólo se le paga por uno.

Señala que otro punto es el de la apertura de plazas. Las autoridades buscaron acallar las protestas con el anuncio de nuevos lugares de definitividad que ni siquiera han cumplido. Pero más que definitividades, los académicos demandan plazas. “El asunto principal es el de las plazas de tiempo completo”. Lo que está ocurriendo es que cuando se vacían por deceso, renuncia o jubilación, pasan al poder de la Rectoría y no se quedan esas plazas en los departamentos y colegios donde se vacían, donde se pone a la disponibilidad esa plaza. Entonces exigimos también que esas plazas se queden y que haya una jubilación digna para los profesores.”

Las demandas caen en oídos sordos. La soberbia de las autoridades les permite incluso ignorar a los profesores. No tienen la posibilidad de que su voz se escuche en el Consejo Universitario porque no tienen representación alguna.

El otro punto es el de las percepciones económicas. Lo más que pueden ganar los profesores de asignatura son 8 mil 500 pesos al mes. Y eso si tiene la fortuna de que les asignen varios grupos y tengan que dedicarse de tiempo completo a dar clases. Necesario, asegura, que se revise a profundidad la manera en que se integran las percepciones de los académicos.

Finalmente, “la redistribución del presupuesto universitario, que es precisamente la clave de la solución posible a todo este asunto. Es decir, no podemos seguir con todo este dinero que no solamente va a la burocracia sino que hay un dispendio escandaloso de lujos, de gastos suntuarios en las oficinas, y no tanto en las facultades, sino en las oficinas burocráticas, en todos estos centros, en todas estas direcciones…”.

La doctora Rocío Olivares Zorrilla señala que la universidad mexicana mejor calificada, centro plural de pensamiento y desarrollo científico y tecnológico, parece estar, en el ámbito administrativo y de gobierno interno, en el siglo XIX.

“Es un dispendio verdaderamente escandaloso de lujos en las oficinas alfombradas, con muebles carísimos. Es increíble. Mientras, nosotros [profesores y alumnos] no tenemos ni un barandal de donde agarrarnos cuando subimos una escalinata. A ese grado está la desigualdad”. Y se trata, según su parecer, de un problema de distribución del presupuesto universitario.

Descarta que desde las actuales organizaciones gremiales se puedan defender los derechos de los profesores. Como ejemplo cita que las Asociaciones Autónomas del personal Académico (AAPAUNAM), que tienen la titularidad del contrato colectivo, ni siquiera han demandado a las autoridades que se pague el teletrabajo. Lo anterio, a pesar de que ese derecho ya está en las leyes mexicanas.

“¿Para eso nos funcionan las AAPAUNAM?” Todo lo hacen según el interés de las elites y las autoridades universitarias, lamenta.  “Cuando se trata de ceder algo de los profesores, las AAPAUNAM van. No es un sindicato, son asociaciones dizque autónomas del personal académico”.

Te puede interesar: UNAM, la millonaria casta dorada de 85 funcionarios