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Zedillo cobra pensión de 131 mil pesos del erario nacional

Zedillo cobra pensión de 131 mil pesos del erario nacional

La creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar corrige los retrocesos e injusticias de las reformas que privatizaron las pensiones: AMLO
FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Ahora que el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León visita México invitado por Actinver (que preside Héctor Madero Rivero), ­seguramente para defender el ultra neoliberalismo y atacar a los regímenes populistas, vale la pena recordar que los mexicanos y las mexicanas le seguimos pagando una pensión vitalicia millonaria con el erario de la nación.

Esto ocurre como una burla para millones de personas en pobreza, pues Ernesto Zedillo fue quien asestó uno de los peores golpes al sector laboral, al privatizar el régimen de pensiones en 1997 –con la entrada en vigor de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro y la extinción del sistema de 1973–, lo que deja en total vulnerabilidad a los ahora adultos mayores que se jubilarán bajo el régimen de las Afores.

Pero de eso, él no se preocupa porque tiene su vida resuelta: cada mes, a este priísta –que también privatizó los Ferrocarriles Nacionales de México y rescató a los más ricos mediante el Fobaproa, en medio de una las peores crisis económicas del país, conocida como el “error de diciembre de 1994”–, se le pagan 131 mil 833 pesos de “pensión vitalicia”.

Esto es que tan sólo en 2023, el principal detractor de las pensiones se embolsó del dinero público de México, por ese concepto, 1 millón 581 mil 996 pesos, revela información del Banxico consultada por Contralínea.

El sexenio zedillista (diciembre de 1994-noviembre de 2000) se caracterizó por ser abiertamente contrario a los intereses de las mayorías: sus políticas públicas limitaron los derechos humanos (considerados también necesidades humanas fundamentales) de alimentación, salud, trabajo, abrigo, educación, vivienda, entre otros. No sólo los más pobres fueron afectados, sino también la llamada clase media que, tras el “error de diciembre” –o crisis del “efecto tequila”–, se pulverizó.

Emblema de esas políticas públicas antisociales –que incrementan el número de personas en situación de pobreza, amplían la brecha de desigualdad social, restringen los derechos y deterioran la calidad de vida de la mayoría de las personas– son los rescates de un puñado de empresarios con dinero público y la profundización de las privatizaciones, en un contexto en el que ya se había demostrado el fracaso de la venta de los bienes públicos a la iniciativa privada.

Y es que en lugar de atender las necesidades de la población más vulnerable, con el Fobaproa, el gobierno zedillista no sólo convirtió en pública la multimillonaria deuda de los banqueros –misma que comprometió las finanzas públicas de los siguientes siete sexenios: los más de 2.5 billones de pesos que ha implicado el rescate bancario de Zedillo se terminarán de pagar hasta 2042–, sino que también con dinero público rescató a los dueños de carreteras, de ingenios azucareros y aerolíneas (sectores que privatizó apenas unos cinco años atrás su antecesor, el también priísta Carlos Salinas de Gortari).

A esto se sumó la serie de privatizaciones –en continuidad de la política neoliberal de los priístas Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari–: ferrocarriles, satélites, puertos y aeropuertos, exploración petrolera y distribución de gas natural, sistemas de agua potable, servicio de limpia, tratamiento de aguas residuales. Todo, en detrimento de la población.

Los latrocinios –hurto o fraude que se comete contra bienes públicos– no son los únicos crímenes imputables al expresidente Ernesto Zedillo. Además están los presuntos vínculos de su primer círculo familiar con el llamado cártel de Colima, comandado en aquella década de 1990 por los hermanos Amezcua Contreras, identificados como los reyes de las metanfetaminas. Así, al amparo del poder, se incrementó el tráfico de drogas ilegales en el país con destino a Estados Unidos; y, asociado a éste, el delito de lavado de dinero.

No obstante, el otrora poderoso presidente de la República ordenó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) cerrar el expediente de investigación sobre la relación de negocios que tenía su familia política –padre y hermanos de su esposa Nilda Patricia Velasco– con ese cártel de los hermanos Amezcua Contreras.

Otros casos de corrupción que lo involucraron fueron los contratos de obras públicas entregados a la empresa de su familia, llamada Grupo Intecom, en un claro conflicto de interés, y el haber otorgado perdones y condonaciones fiscales, vía la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria, a sus hermanos Ponce de León.

Al mismo tiempo que se beneficiaba de su cargo público y entregaba recursos públicos al poder económico con rescates y privatizaciones, el zedillismo combatía con ferocidad toda disidencia: desde los movimientos sociales en contra de su política neoliberal, como el del Barzón y el del Consejo General de Huelga de los estudiantes de la UNAM (que mantuvo en paro por nueve meses a la máxima casa de estudios en contra de la privatización de la educación, y fue disuelto mediante la represión en febrero de 2000), hasta los conflictos armados, como el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Entre diciembre de 1994 y noviembre de 2000, su gobierno ejecutó una estrategia de contrainsurgencia en contra de milicianos del EZLN y de pueblos indígenas en general, que incluía uso de paramilitares, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones sexuales. Sólo por citar algunos de los delitos de lesa humanidad que cometió aquel gobierno están las masacres de Acteal, El Charco, Aguas Blancas y El Bosque. Los crímenes de esta naturaleza, por ser violaciones graves a derechos humanos, no prescriben.

Y como parte de esa guerra contra la sociedad, su sexenio consolidó el ya extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, especializado en espionaje político. Ello, de la mano de Alejandro Alegre Rabiela –secretario general del Cisen de 1994 a 1999, y director en 2000, hoy encumbrado en el Banco de México como titular de la Dirección General de Emisión y Cajero Principal– y Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por colaborar con el Cártel de Sinaloa.

El rescate de bancos, carreteras…

El mayor latrocinio de Zedillo es, sin duda, el Fobaproa-IPAB. Tras el llamado “error de diciembre” de 1994 –considerado el inicio de una de las peores crisis financieras recientes del país– el priísta endosó la multimillonaria deuda de los bancos a los mexicanos, en complicidad con Felipe Calderón, entonces líder del PAN, partido que acompañó esta política pública de convertir una deuda privada en pública–.

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación estimó que, “al considerar sólo el pago de intereses, el saldo de la deuda podría aumentar a 2 billones 564 mil 472.3 millones de pesos al cierre del año 2042”.

En 1996, Zedillo aseguró en su Segundo informe de gobierno que el costo del rescate ascendería a sólo 180 mil millones de pesos. De acuerdo con su mensaje, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 1996, el doctor en economía afirmó que los apoyos canalizados a través del sistema bancario “no son para respaldar a los accionistas de los bancos. Son para proteger la integridad de los recursos depositados por las personas, las familias y las empresas en la banca, así como para auxiliar a los deudores a fin de que participen y contribuyan en la recuperación de la economía. Por eso, se han comprometido recursos fiscales, estimados a precios de 1996 en más de 180 mil millones de pesos, que se irán erogando a lo largo de varios años”.

En su el informe especial Infraestructura financiada con ingresos futuros, la Auditoría Superior señalaba desde 2017 que “el importe de compromisos del IPAB corresponde a los pagos programados de intereses de acuerdo con los ingresos de las cuotas que recibirá el instituto en los próximos 25 años, por 1 billón 243 mil 265.7 millones de pesos y de recursos fiscales que el gobierno federal transfiere al IPAB, por 421 mil 754.7 millones de pesos”.

Para la ASF, esas obligaciones de pago futuras de los esquemas financieros representan riesgos para las finanzas del actual y los próximos sexenios, pues “podrían reducir los márgenes de acción del gobierno federal, así como de las

entidades federativas, para atender otras necesidades de gasto; este riesgo puede incrementarse si se adicionan también los compromisos de pago del IPAB (1 billón 665 mil 18.4 millones de pesos) … lo que necesariamente incidirá en mayores presiones sobre las finanzas públicas”.

Y de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, al segundo trimestre de 2022 esta deuda que heredó Zedillo casi alcanzó los 930 mil millones de pesos: “el monto de los pasivos netos del Instituto [IPAB] a precios corrientes, pasó de 919 mil 669 millones de pesos en diciembre de 2021 a 929 mil 696 millones de pesos en junio de 2022, presentando un incremento en términos nominales de 1.09 por ciento y una disminución de 2.83 por ciento en términos reales, considerando qué durante ese periodo, la inflación acumulada fue de 4.04 por ciento”.

Además del Fobaproa, el gobierno zedillista destinó recursos públicos para el rescate de otros sectores privatizados apenas el sexenio anterior. De acuerdo con el análisis “Privatizaciones realizadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo” –de la investigadora Carmen Silvia Zepeda Bustos–, en ese sexenio “se permitieron los onerosos rescates de la banca, de las aerolíneas, de los ingenios azucareros y de las carreteras, entre otros, todos privatizados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari”.

Como ejemplo, cita el caso del sector carretero, privatizado con Salinas mediante 52 concesiones –hasta por 50 años– para construir 5 mil kilómetros de autopistas. Hasta octubre de 1995, las inversiones superaban los 62 mil millones de pesos: 46 por ciento (28 mil 500 millones) financiado por el sistema bancario nacional; 24 por ciento (casi 15 mil millones) por los concesionarios; 14 por ciento (8 mil 680 millones) por créditos no bancarios; 13 por ciento por el gobierno federal (8 mil millones); y 3 por ciento (1 mil 860 millones de pesos) por gobiernos estatales.

“El esquema fracasó debido a las altas tasas de interés, reducido tránsito vehicular y plazos de recuperación relativamente cortos. Las constructoras Triturados Basálticos (Tribasa) y Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) se declararon en suspensión de pagos, alegando que el negocio no había sido rentable a raíz de la crisis de 1994; no se cumplió con las expectativas de aforos vehiculares, y por el incremento de costos financieros, entre otros factores. Hacia 1996, se perfiló la posibilidad de que el gobierno federal retomara al menos cinco de las carreteras concesionadas: Durango-Yerbanís, Gómez Palacio-Cuencame-Yerbanís y otras localizadas en Campeche, Zacatecas o Chiapas. En 1997, la administración de Zedillo rescata las empresas, comprando sus activos carreteros por montos equivalentes a 40 por ciento de su valor, mediante unos pagarés de indemnización carretera, a saldar en cinco, 10 y 15 años. En agosto de ese mismo año, fueron rescatadas 23 autopistas de las cuales tres aún estaban en construcción; a éstas se sumaron los tramos Pátzcuaro-Uruapan y Matamoros-Reynosa, consideradas inviables por los concesionarios, totalizando así 25 autopistas.”

El análisis agrega que ese mismo año, la deuda bancaria que asumió el gobierno federal por el Programa de Rescate Carretero sumó 36 mil 646.1 millones de pesos, “además de los 21 mil 78.6 millones que se canalizaron al pago de indemnización de los participantes mediante los PIC’s –para poder liquidar las cuentas por pagar de los proyectos– para lo cual se constituyó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), en el que Banobras actuó a su vez como fideicomitente y fiduciario, lo cual no está permitido por la ley en la materia. El pago de estos réditos, iniciado desde la constitución del FARAC, ha figurado de manera constante como parte del costo financiero del gobierno federal, y su cuantificación contable es independiente al monto principal del endeudamiento asumido por el rescate carretero”.

La investigadora Zepeda Bustos añade que las principales empresas beneficiarias fueron Tribasa –concesionaria no sólo de carreteras, sino también de puertos marítimos, aeropuertos, ferrocarriles y sistemas de agua potable, entre otros negocios, como la construcción de infraestructura petrolera, de electricidad y gas–, GMD e Ingenieros Civiles Asociados (ICA).

Otro de los rescates de Zedillo fue el de los más de 60 ingenios azucareros rematados en los sexenios de Miguel de la Madrid y Salinas–: entre 1995 y 2000 se les entregaron recursos públicos por 8 mil 938 millones 436.4 mil pesos (2 mil 784 millones 701.1 mil para capitalizar a Financiera Nacional Azucarera –Finasa–, 2 mil 743 millones 300.6 mil como subsidio de Finasa, 2 mil 686 millones de otros subsidios, 477 millones 384.9 mil como apoyo a las exportaciones de excedentes de azúcar, y 247 millones 49.8 mil pesos por apoyos al manejo de inventarios de azúcar nacional, de acuerdo con el análisis “La agenda del azúcar mexicano 1990-2003: origen y causas de la crisis financiera”.

Elaborado por los investigadores Víctor Manuel Castillo Girón y Alma Alicia Aguirre Jiménez, el estudio apunta que “al mismo tiempo que se acentuaban los problemas de las factorías azucareras del país, por los  incrementos en los pasivos, se intensificaban los apoyos económicos y subsidios del gobierno federal hacia la industria azucarera”.

Las privatizaciones

En plena crisis económico-social, Zedillo decidió beneficiar aún más a los ricos. El  poder económico mexicano y extranjero se hizo de áreas estratégicas antes controladas por el gobierno. Por ejemplo, en 1995, el Senado de la República aprobó la iniciativa zedillista para vender los Ferrocarriles Nacionales de México. “Para facilitar la privatización, el sistema ferroviario fue dividido en tres troncales regionales: (1) el Ferrocarril del Noreste, (2) el Ferrocarril del Pacífico Norte, y (3) el Ferrocarril del Sureste y la Terminal Ferroviaria del Valle de México, así como varios ferrocarriles con vías de corta longitud, señala el análisis “Privatizaciones realizadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo”.

Asimismo, agrega que en ese sexenio se concesionaron los puertos y aeropuertos: en marzo de 1996, la SCT inició la privatización ocho de las 18 Administraciones Portuarias Integrales del país, mientras que en el caso de los aeropuertos, “uno de los concesionarios de los aeropuertos es Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), constituido por las empresas españolas Aena, Dragados, Concesiones de Infraestructura, SA, y los mexicanos Pal Aeropuertos, SA, y Promotora Aeronáutica del Pacífico (PAP)”.

En materia de electricidad, apunta que “mediante el sesgo de las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de 1992, a través de la ComisiónmReguladora de Energía, el gobierno de Ernesto Zedillo abrió parcialmente la posibilidad de la inversión privada en el sector, otorgando importantes concesiones a partir de 1995, sobre todo bajo la figura de productor independiente de energía, mecanismo en ascenso por la inconstitucional venta de energía para el servicio público”.

En abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en 2021, que –entre otras cosas– ordena revocar contratos de generación para autoabastecimiento y permisos de compraventa de energía, por ser fraudulentos.

Además del ferrocarril, los puertos y aeropuertos, Zedillo privatizó la distribución de gas (favoreciendo a la española Gas Natural y a la estadunidense Enron); los satélites Morelos I, Morelos II, Solidaridad I, Solidaridad II y el proyecto Satmex 5; concesionó reservas, unidades y plantas mineras; e incentivó “los negocios privados en pesca y acuacultura, que desarticularon la vida comunitaria de los pescadores”, advierte el análisis “Privatizaciones realizadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo”.

En esos mismos años y a la par de esas políticas públicas antisociales, en México se fue ampliando la pobreza y la marginación. Oficialmente, el gobierno zedillista admitió haber generado 4 millones 714 mil 63 nuevos pobres alimentarios, es decir, que carecían “del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes”.

Además, su gobierno propició que 4 millones 330 mil 738 de personas se sumaran a las filas de pobres en capacidades, esto es que presentan insuficiencia de ingresos para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.

Y mandó a la pobreza patrimonial a 5 millones 681 mil 744 de personas, que es la “insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios”.

Y es que datos estadísticos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social –que históricamente fueron manipulados por el gobierno– indican que en 1994 (último año del gobierno de Carlos Salinas), 19 millones 8 mil 88 personas se encontraban en situación de pobreza alimentaria; 26 millones 885 mil 596, en pobreza de capacidades; y 47 millones 18 mil 805, en pobreza patrimonial. Para 2000 (último año del gobierno de Zedillo), 23 millones 722 mil 151 personas estaban en pobreza alimentaria; 31 millones 216 mil 334, en pobreza de capacidades; y 52 millones 700 mil 549, en pobreza patrimonial.

Crisis más severa desde Crack del 29

El 20 de diciembre de 1994 estalló el “efecto tequila”, crisis considerada por el Banco de México como la más grave desde el llamado “jueves negro” o Crack de 1929. Al año siguiente, el doctor en economía y presidente de la República destinaba dinero del pueblo mexicano a recapitalizar bancos privados, mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Ello, a pesar de que el rescate fue aprobado –con la anuencia del panismo– hasta 1998, el 12 de diciembre mientras muchos mexicanos celebraban el Día de la Virgen de Guadalupe. Aquella fecha, el Barzón y otras organizaciones sociales protestaban afuera de la Cámara de Diputados. Carlos Medina Plascencia era entonces el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados (LVII Legislatura, 1997-2000).

Hace unos días, el 20 de octubre pasado –en Madrid, España–, Felipe Calderón confesó que en 1998, cuando era líder de Acción Nacional, dio su aprobación al Fobaproa luego de que se lo pidiera directamente Zedillo. Incluso dijo haber pensado en aquel momento que esa decisión le significaría su “muerte política”. No fue así: ocho años más tarde, en 2006, el PRI le pagó avalando el fraude electoral que lo llevó a la Presidencia.

En su Informe anual 1995, el Banco de México señaló que ese año “la economía mexicana sufrió la crisis más severa ocurrida desde la década de los años treinta. […]. La actividad económica mostró una contracción muy marcada. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el valor del producto interno bruto (PIB) medido a precios constantes de 1980 se redujo 6.9 por ciento. La denominada ‘absorción’ de la economía –representada por la suma de los gastos de consumo e inversión tanto públicos como privados– disminuyó 15.9 por ciento. Por tanto, en 1995 la demanda agregada, medida a precios constantes, se redujo 10.2 por ciento después de haber aumentado 4.9 por ciento el año anterior. Esta contracción sólo pudo ser compensada parcialmente por la expansión de las exportaciones de bienes y servicios, las cuales mostraron acrecentado dinamismo. Durante 1995 el gasto total en consumo se redujo 11.7 por ciento”.

El reporte agregó que “la devaluación del peso mexicano tuvo importantes repercusiones sobre la salud del sistema bancario nacional: aumento sin precedente de la cartera vencida de las instituciones de crédito y descenso de sus niveles de capitalización”.

Por ello, ese año se lanzó el Programa de Capitalización Temporal para rescatar a los bancos donde el coeficiente capital/activos descendió por debajo del mínimo establecido en la normativa (luego de que los créditos bancarios en moneda extranjera incrementaron considerablemente su valor en moneda nacional). El Banxico justificó que “las disposiciones sobre constitución de reservas preventivas implicaron la necesidad de recapitalizar algunas instituciones de crédito. En estas condiciones, el Fobaproa adquirió instrumentos representativos de deuda subordinada emitidos por los bancos comerciales con coeficientes de capital según la regulación (de riesgos crediticios) inferiores al 8 por ciento.

“El 31 de marzo de 1995 se incorporaron al Programa cinco instituciones. Los créditos otorgados al amparo de este programa alcanzaron un máximo de 7 mil 8 millones de pesos  en el mes de mayo […]. En 1995, seis instituciones fueron intervenidas por la CNBV y/o recibieron apoyo de Fobaproa: Banpaís, Banco Obrero, Banco de Oriente, Banco del Centro, Banco Interestatal y Banco Inverlat. Además, Banco Unión y Cremi, instituciones que fueron intervenidas en 1994, recibieron créditos de Fobaproa durante 1995”. Todos habían sido entregados por Salinas a empresarios apenas cinco años antes.

Como si no existiera memoria histórica de lo que significó para millones de personas el manejo de la crisis económica de 1995 (menoscabo o pérdida total de ahorros, desempleo, pérdida de viviendas –porque se dispararon los costos de las hipotecas–, quiebra de micros, pequeñas y medianas empresas), Zedillo sigue dando “clases” de economía y manejo de crisis en defensa del modelo neoliberal.

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