Habitantes del ejido Nuevo Centro de Población Agrícola Ganadero Tlahualilo, en Durango, temen que –por un fallo de un Tribunal Agrario– sean despojados de sus tierras. De esta tensión social que se vive en la región, culpan también a la Procuraduría Agraria. En entrevista para Contralínea, el procurador agrario Víctor Suárez considera que ambas partes en conflicto por la titularidad de las tierras deben seguir la vía de la conciliación; y asegura que la institución busca actualizar el padrón de ejidatarios reconocidos y coadyuvar en el diálogo

Ernestina Ríos se pregunta qué va a pasar con su vida. Ha estado todos sus años en Tlahualilo, Durango, junto a su familia; pero hace ya más de 12 meses vive con la incertidumbre de perderlo todo por una resolución que tomó un Tribunal Agrario. “Tenemos una historia, tenemos hijos, tenemos familias arraigadas ahí; estamos usufructuando las tierras, estamos en posesión de las tierras y eso al Tribunal no le importó. […] Entonces, ¿la vida de nosotros dónde quedó?, ¿la vida interna de nosotros dónde quedó?”, se lamenta.

Con la sentencia 198/2015, emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito, pretenden borrar de un plumazo la historia de una población que se asentó en esas tierras desde 1960, cuando se creó el ejido Nuevo Centro de Población Agrícola Ganadero Tlahualilo a partir de un decreto presidencial el 14 de octubre, acusan las y los habitantes del lugar.

Con la firma presidencial, se dotó de 151 mil 510hectáreas, ahora dentro de la Reserva de la Biósfera de Mapimí, a 1 mil 542 ejidatarios para actividades productivas. De acuerdo con Juan Ríos, habitante del lugar, para 1965 estaba comprobado que ya no había más de 21 ejidatarios, quienes obtuvieron –en la década de 1990– documentos oficiales que acreditaban sus derechos a esas tierras.

Estas 21 personas con derecho ejidal original optaron por trasladar a sus familiares el beneficio de las tierras en el momento en que comenzaron a hacerse adultos mayores. De tal manera que se sumaron 124 personas como ejidatarias a partir de una asamblea en 2005.

No obstante, un grupo que se decía perteneciente al ejido interpuso un amparo contra la decisión de la asamblea, pues, en sus palabras, no se les había tomado en cuenta. Luego de años de disputa legal, el Tribunal Agrario dictaminó que la Procuraduría Agraria repitiera la asamblea, incluyendo a las otras personas. En total, emitió un padrón de 44, de las cuales sólo 11 pertenecían de toda la vida a Tlahualilo, aseguran los entrevistados a Contralínea.

Juan Ríos no se explica este hecho, y señala a la Procuraduría de convertirse en enemiga del ejido. “No sé por qué la Procuraduría Agraria ahora está en contra, diciendo que no existen ejidatarios cuando aquí vivimos, lo probamos con nuestras casas, con nuestras parcelas; yo tengo mi parcela y todas las personas tienen sus parcelas [donde] han trabajado toda la vida”.

Las demás personas en ese padrón “son de La Laguna”, asegura el integrante del ejido. La Laguna es una zona compartida por los estados de Coahuila y Durango, con ciudades y comunidades que también estaban incluidas en el decreto presidencial de 1960, explica a este semanario el representante de la Procuraduría Agraria en Durango, Ignacio Antonio Ruiz Nevárez.

Velar por la conciliación

La Procuraduría Agraria, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal, emitió el 17 diciembre de 2024 una convocatoria para que se llevara a cabo la nueva asamblea que decidiría las y los nuevos integrantes del comisariado ejidal, así como el consejo de vigilancia, pero en la que iban a participar sólo las 44 personas integradas en el padrón.

Por las fechas, que coincidían con vacaciones, a las y los habitantes de Tlahualilo les pareció “un madruguete”. Por ello, la comunidad se organizó para suspender –el 30 de diciembre de 2024– la asamblea, con presión social: ese día tomaron la carretera. La medida se dio “porque para nosotros era permitir el despojo total del ejido”, narra Ernestina Ríos.

Agrega que ya habían presenciado una experiencia similar en los juzgados, cuando –en la pandemia por Covid-19– las y los magistrados emitieron una resolución en la que no se reconocía la capacidad ejidal de las 21 personas que habían vivido toda su vida en el lugar, y que trasladaron el derecho a 124 en 2005.

Durante el proceso de la querella, aseguran los entrevistados, no les dieron oportunidad de defenderse. “Primero que nada, nos quitan la calidad de ejidatarios y, en segundo, pues es en tiempo de pandemia cuando cierran los tribunales, que sólo por cita se atendía, y como nos quita el Tribunal la calidad de ejidatarios, ya no teníamos la personalidad para siquiera ver el expediente, menos para defendernos”, agrega.

Por ello, viajaron a la Ciudad de México para presentar documentación de toda la vida del ejido y los habitantes, que acredita sus derechos como ejidatarios y asambleas que han llevado a cabo con los años. Todo a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero dicen no tener esperanza en que les den razón.

Hace tiempo dejaron una carta en la que se relata la vida “por más de 60 años” del ejido, “realizando actos de aprovechamiento de tierras, parceladas, de uso común en actividades de agostadero, siembra con cultivo de hortalizas de melón y sandía, protección y salvaguarda de áreas naturales protegidas”.

Señalan que ni el Tribunal Unitario Agrario ni otras autoridades han respetado esas resoluciones jurídicas y “pretenden desconocer nuestra historia, uso y disfrute de nuestras tierras, las cuales hemos ocupado hasta la fecha, las cuales se nos pretenden despojar y privar derechos ya adquiridos”. Incluso calificaron de “reducto de mafiosos” y “sepultureros del ejido” a la Procuraduría Agraria –actualmente encabezada por Víctor Suárez– y al Registro Agrario Nacional.

Consultado por el conflicto social en esa región del país, el procurador agrario Víctor Suárez considera que deben seguir la vía de la conciliación ambas partes. Indica a Contralínea que la institución busca, como resultado de pláticas, actualizar el padrón de ejidatarios reconocidos y llevar a cabo la asamblea.

“Se requiere un proceso de conciliación que es lo que estamos llevando a cabo. Una vez que llevemos a cabo ese proceso de conciliación y de confirmación de la verdad jurídica, es que después de eso ya convocaremos a una asamblea de órganos de representación y vigilancia que suponga un acuerdo preexistente para que todos los que tengan derechos, y se sientan excluidos, se incorporen para tener derechos”, asegura el procurador agrario Víctor Suárez.

Por su parte, el representante de la Procuraduría Agraria en Durango, Ignacio Antonio Ruiz Nevárez, precisa que fue la resolución del Tribunal Agrario la que “no consideró” a esas personas como ejidatarias y ejidatarios. Además, menciona que no han llevado a cabo la convocatoria porque no existen las condiciones: ninguna de las partes quiere entablar una conversación con la otra, y existe el riesgo de un enfrentamiento.

De acuerdo con documentos de las propias instituciones involucradas, las y los 21 ejidatarios originales de esas tierras son: Lorenzo Retiz Galaviz, Candelario Ruiz Ruacho, Enrique Ríos Ortiz, Juan Alvarado Rodríguez, Tomás Vega Durán, Salvador Escalera Nieto, Ascención Casarez Guardado, Pablo Vidal Casares Guardado, Gabino Casarez Guardado, Ambrosio Ríos Hernández, Santiago Casarez Guardado, Felipe Alvarado, Ramón Gordillo, Alberto Flores Batres, Agustín Cerda Castañeda, J. Refugio Ríos Ortiz, Ignacio Ledesma García, Macaria Alvarado Rodríguez, José Palomino Cruz, Fortunato Ruiz Rocha y Jesús Palomino Valadez.

Así constata en el oficio 186/96 de la Procuraduría Agraria, emitido en Gómez Palacio, Durango, el 6 de mayo de 1996, firmado por el entonces residente Mario Alberto Saucedo Reyna. Los mismos nombres fueron escritos en un documento de la Comisión Agraria Mixta, Oficina Auxiliar en La Laguna, oficio número 072. Emitido el 16 de junio de 1992 y firmado por el jefe de la oficina, Rodolfo López Estrada. Y también por la Oficina de Derechos Agrarios, autoridades Ejidales y Comunales, con número 1978, el 5 de julio de 1993. Firmado por el ingeniero Gabriel Rangel Meraz.

Miedo al despojo

Ernestina Ruiz expone que, cuando llegó la fecha para hacer la nueva asamblea por parte de la Procuraduría Agraria, las personas que estaban en el padrón, pero que no pertenecían –según ella– al ejido, “llevaban varios camiones con gente, vehículos particulares con gente, para ir a hacer montón”. Debido a que iban a tener mayoría en la elección de los nuevos puestos ejidales, las y los habitantes del lugar temían, y siguen temiendo, que las nuevas personas aprobaran un reglamento interno y reconocieran más ejidatarios, porque “¿a quién iban a reconocer? A nosotros no, [sino] a esas personas que llevaban en camiones”.

Por esa razón, agrega, “nosotros no vamos a permitir que se lleve a cabo esta elección de comisariado”. Ello, hasta que se regule o se comprometan “fuertemente” a reconocerles sus derechos como ejidatarias y ejidatarios.

En este sentido, el señor Juan Ríos recuerda los lineamientos para poder ser electo o electa como comisariado ejidal: “trabajar aquí dentro del ejido, vivir aquí dentro del ejido, mínimo seis meses para poderse proponer para comisariado. ¿Cómo van a venir a poner ellos autoridades? Ellos no tienen ni por qué estar haciendo eso. Tiene que ser convocado por el ejido”, reclama.

Ernestina Ríos dice que están abiertos al diálogo y no rechaza la idea de que pueda haber más personas con derecho a las tierras. De hecho, de haber, la propuesta de las y los habitantes de Tlahualilo es ceder 5 mil hectáreas de terreno para toda aquella gente que demuestre tener derecho a formar parte del ejido.

La cuestión del terreno ha sido abordada por las autoridades. El procurador agrario Víctor Suárez recalca que el ejido fue dotado para más de 1 mil 500 personas, y “hoy no hay más de 200 o 250 para una superficie muy grande [151 mil 510 hectáreas]. Lo que quiere decir que, en un proceso conciliatorio, hay espacio para reconocer como ejidatarios a todo el que tenga derechos, sin excluir a nadie”.

Para el representante de la Procuraduría Agraria en Durango, Ignacio Antonio Ruiz Nevárez, la tierra sí se puede repartir. “Son 44 reconocidos [en el padrón del Tribunal] más esos 124 [de la asamblea]; pero estamos hablando de una gran extensión, aunque es una región desértica o semidesértica, son 152 mil hectáreas y ese ejido fue creado para 1 mil 542 personas con necesidades agrarias. […] Son muy poquitos para la gran cantidad de tierra”.

Fricciones notorias

Más allá de las consideraciones sobre la extensión territorial, los beneficiarios y los acuerdos que se podrían alcanzar, están las fricciones sociales. “Estamos ante un verdadero problema social, porque una parte tiene el reconocimiento de ejidatario y la otra parte tiene la posesión de muchísimos años ahí, entonces, tenemos esa problemática de tipo jurídico-social”, reconoce el representante de la Procuraduría Agraria en Durango, Ignacio Antonio Ruiz Nevárez.

No es un sentir aislado. “Si esto no se resuelve nos va a traer un muy grave conflicto porque ya la verdad […] es mucho ya el hostigamiento que hay dentro del ejido por una persona o varios interesados que cualquier rato no se va a contener la gente o no va a haber una autoridad para que se detenga una situación de violencia, y se va a dar”, expresa la ejidataria Ernestina Ríos.

Además, relata que hubo una ocasión en la que le comentó al Procurador: “esta situación se está poniendo cada vez más grave y va a llegar al grado que va a correr sangre, va a cobrar vidas y usted va a ser el culpable”.

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