El origen de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas se remonta al sexenio de Salinas de Gortari, cuando fueron agentes del Cisen, órgano de espionaje político que se creó en 1989 y años más tarde estuvo implicado en elmagnicidio de Luis Donaldo Colosio. De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, los ahora contratistas de materiales electorales implicados en una trama histórica de corrupción ingresaron al Centro de Investigación y Seguridad Nacional precisamente en 1989. Su red empresarial no sólo carece de capacidades técnicas y operativas, sino que implicaría esquemas de colusión, sobornos, posible defraudación financiera y fiscal, así como lavado de dinero. La investigación federal encontró nexos con el partido Somos, aunque ese instituto político de reciente creación lo negó
Meses después de asumir la Presidencia de la República y tras el fraude electoral de 1988, el priísta Carlos Salinas de Gortari creó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El 13 de febrero de 1989 quedó formalmente constituido ese órgano de espionaje político, dependiente de la Secretaría de Gobernación –entonces encabezada por el temido Fernando Gutiérrez Barrios, quien antes fue titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad–.
Desde su creación, al frente del Cisen quedó Jorge Carrillo Olea, y como su segundo al mando entró Juan Carlos Padilla Aguilar, ahora militante del partido Somos y recientemente apodado por la prensa como “el padrino” de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes a lo largo de casi tres décadas constituyeron una red de empresas “coyotes” ligadas a materiales electorales.
Actualmente, dicha red –integrada por las empresas Formas Finas y Materiales, Comercializadora JVLY, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG, y Formas Finas Fernando Fernández– es investigada por la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Auditoría Superior de la Federación por diversas anomalías. Entre éstas, destacan que carecen de capacidades técnicas y operativas –por lo que podrían ser fachadas–, así como por posibles esquemas de colusión y sobornos –en especial, los detectados en la breve gestión de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei–, probable defraudación financiera y fiscal, así como presunto lavado de dinero.
Antecedentes en el Cisen
De acuerdo con una investigación federal –que la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, presentó en la conferencia presidencial del pasado 5 de noviembre–, Juan Carlos Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del Cisen en 1989, e incorporó como su secretario particular a José Alfredo Hernández Casillas –identificado ahora como el nodo principal en la presunta trama de corrupción en materiales electorales–.
La relación entre ambos –que también se extendía a su hermano Raymundo Hernández Casillas– había iniciado años antes. De acuerdo con la secretaria Buenrostro, los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas empezaron a trabajar en 1983 en la Secretaría de Gobernación: “iniciaron, primero, en el Registro Nacional de Población. Es importante decir que José Alfredo Hernández Casillas era el secretario particular del director general de Renapo [Registro Nacional de Población], que es Juan Carlos Padilla Aguilar”.
La funcionaria federal detalló que “estos personajes se mueven en el siguiente año, en el ‘89, pasan al Cisen. Juan Carlos Padilla Aguilar es el secretario general del Cisen en ese entonces, es el segundo nivel del Cisen; y José Alfredo Hernández Casillas continúa siendo su secretario particular; y Raymundo Hernández Casillas se incorpora al área de Investigaciones”.
En el escalafón del Cisen –órgano que el presidente Andrés Manuel López Obrador desapareció desde el primer día de su gobierno–, el secretario general era el segundo en importancia, sólo por debajo del director. Por ello, desde ese cargo, Padilla Aguilar tenía bajo su mando la estructura interna de la institución, estructurada en 14 áreas. Y entre sus facultades estaban la de nombrar a los delegados estatales del Cisen y la de coordinar la comunicación con la Presidencia de la República y la propia Secretaría de Gobernación. Su mano derecha para esas actividades era José Alfredo, cabecilla de la red empresarial de “coyotaje” electoral.
En ese mismo año, 1989, no sólo entraron al recién creado Centro de Investigación y Seguridad Nacional los hermanos Hernández Casillas; también ingresó Genaro García Luna –exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, preso en Estados Unidos por su sociedad con el Cártel de Sinaloa–. De hecho, Raymundo y García Luna coincidieron en el área de Investigaciones del Cisen.
Este dato es fundamental para entender la formación que posee el segundo al mando de la red empresarial de materiales electorales, que el pasado 6 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como la mafia electoral. Y es que dicha área se encargaba entonces de la recopilación, el procesamiento y el análisis de la llamada “información estratégica, táctica y operativa”, con el objetivo de identificar riesgos y amenazas a la seguridad nacional de México. Es decir, era la división encargada del espionaje político.
Aunado a lo anterior, está la revelación que en su momento hizo el presidente López Obrador de cómo, desde esa área del Cisen, García Luna tuvo como encomienda sacar de la escena del crimen al segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994.
En cuanto a su liga con los negocios electorales, de la información federal se desprende que los hermanos Hernández Casillas iniciaron la constitución de empresas previo a su llegada al Cisen y en el contexto del fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas, que llevó a Salinas de Gortari al poder: en 1988, crearon Cartonera Plástica (L880304FH5).
Para ese momento seguían siendo funcionarios del Renapo –área de la Secretaría de Gobernación encargada de regular, registrar y acreditar la identidad de todas las personas nacionales y extranjeras en el país–, bajo las órdenes de Juan Carlos Padilla Aguilar (ahora militante del partido derechista Somos, donde coincide con exconsejeros electorales como Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés Zurita y Marco Baños).
Más aún, en 1988 ni siquiera existía el IFE, que se creó hasta 1991 para simular que Salinas de Gortari y el PRI estaban comprometidos con respetar el voto y transitar a la democracia; tampoco existían las credenciales para votar, y las elecciones eran organizadas directamente por Gobernación, secretaría para la cual trabajaban los hermanos Hernández Casillas.
En 2006, esa primera empresa que crearon –Cartonera Plástica– fue denunciada por presuntamente haber sobornado a consejeros del Instituto Electoral del Estado de México, que fueron destituidos de sus cargos; también estuvo implicada en el incumplimiento de contratos con el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal (hoy Instituto Electoral de la Ciudad de México) y fue penalizada. Aunado a ello, mantenía vínculos con Servicios, Asesoría y Materiales Electorales, SA de CV: compartía apoderado legal: Artemio Rafael Castillo Ruiz.
El antecedente del fraude de 1988
Estos antecedentes de los hermanos Hernández Casillas no son menores. Las labores más oscuras del Cisen incluyeron temas de carácter electoral, en el contexto de los fraudes de 2006 y 2012. Eso, como el espionaje político, forma parte de su herencia, al ser la evolución de la llamada policía política que operó durante la Guerra Sucia.
De hecho, sus antecedentes institucionales fueron la Dirección Federal de Seguridad, y luego la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (Dgisen, que fue el antecedente directo del Cisen).
Previo a la constitución del Cisen, desde los sótanos de la Secretaría de Gobernación y con asistencia de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, se operó el fraude electoral de 1988, conocido como “caída del sistema” que llevó a la Presidencia a Carlos Salinas de Gortari y generó un gran descontento social en las calles, por haberle arrebatado el triunfo al entonces candidato de la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas.
Sumado a lo anterior, en noviembre 2023, Contralínea reveló un informe de seguridad nacional que ya alertaba los riesgos que implicaba la red de empresas coyotes de los hermanos Hernández Casillas –sin oficinas, empleados ni maquinaria– que han acaparado el mercado de las elecciones a nivel federal y estatal, desde hace más de dos décadas. Dicho informe descubría que la falta de controles puede derivar en fraudes, y con ello amenazar la democracia, pues la papelería y demás materiales electorales se consideran insumos de alta seguridad.
Aunado a ello, se explicaba que esa ausencia de controles podría derivar en los fraudes conocidos en México como “urnas embarazadas” y “carrusel”, que sólo son posibles gracias a una sobreproducción de boletas. No obstante, en la época de Lorenzo Córdova al frente del INE –y luego con Guadalupe Taddei–, la fabricación de urnas, crayolas, boletas, actas, marcador indeleble de huella dactilar y demás materiales electorales fueron dejados arbitrariamente a la iniciativa privada, sin ningún control de calidad pero tampoco de seguridad nacional: sin supervisión de que realmente fabrican el número de boletas que se les pide o si hacen más, ni tampoco el destino de la “papelería desecho”, es decir, no se vigila la destrucción de los excesos.
Tanto el tema de calidad como el tema de volumen, manejo y custodia de los materiales electorales pueden derivar en fraudes: elaboración masiva y descontrolada de boletas y urnas daría paso a una sobre votación; pero también la mala calidad en crayones podría derivar en la suplantación del voto mediante borrado; así como que una mala calidad en la tinta indeleble de huella dactilar podría derivar en que una sola persona votara varias veces en diferentes casillas, ello de la mano con un manejo irregular de los padrones electorales.
Los negocios electorales de los exagentes del Cisen
Anahí del Ángel
Una vez que los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas se separaron de la administración pública, comenzaron a constituir empresas que sirvieron de fachada e intermediarias para la obtención ilícita de contratos en material electoral, informó la secretaria Raquel Buenrostro.
Por ejemplo, en 1999, mediante la empresa Cartonera Plástica –constituida desde 1988– participaron como proveedores de material electoral en el Estado de México. Previo a ello, entró en vigor una reforma política con la que el IFE adquirió total autonomía y dejan de presidirlo el priista Emilio Chuayffet, quien al mismo tiempo se desempeñaba como secretario de Gobernación.
En 2005, un contrato obtenido por los hermanos Hernández Casillas, provoca un escándalo en la entidad mexiquense que, de acuerdo con la secretaria Raquel Buenrostro, el hecho deriva en la renuncia de siete consejeros electorales, aunque las empresas de dichos hermanos continuaron recibiendo contratos. Entre 2012 y 2013, esto empresarios amplian su actividad mediante la constitución de más empresas fachada.
Esa red empresarial incrementó su presencia con más contratos electorales después de la reforma electoral de 2014, impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Dicha modificación otorgó al Consejo General del INEla facultad de designar a los consejeros de los 32 organismos electorales locales (Oples).
Como resultado de esas disposiciones, el 1 de octubre de 2014 el Consejo General nombra a Guadalupe Taddei como presidenta del organismo público local electoral de Sonora, con una votación de 10 a favor y uno en contra. Ello, a pesar de que “dos hombres y una mujer obtuvieron calificaciones superiores tanto en su examen como en su ensayo”.
De acuerdo con la presentación informativa que hizo Raquel Buenrostro, entre 2014 y 2023 se asignaron contratos por más de 2 mil millones de pesos a empresas vinculadas a los Hernández Casillas, quienes operaron en 23 de los 32 Oples.
Entre las principales compañías identificadas se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora JVYL. Esta misma red empresarial continuó obteniendo contratos durante 2024 y 2025, aunque su presencia se redujo a 15 de los 32 organismos electorales locales, con un monto de 646 millones de pesos.
De acuerdo con las cifras presentadas durante la conferencia presidencial del 5 de noviembre, el monto más alto en contratos obtenidos por dos de las empresas de los hermanos Hernández Casillas, corresponde a 2021, con 908 millones de pesos, y 2024, con 582.4 millones de pesos. En otras participaciones donde fueron contratadas sus empresas, entre 2018 y 2016, el monto ascendió a 321.8 millones de pesos y 251.4 millones de pesos.
La secretaria Buenrostro aclaró que la información que hace pública corresponde a cifras que están disponible para todos en la Plataforma Nacional de Transparencia y el Compranet histórico, por lo que dichos contratos y montos podrían aumentar conforme avance la revisión de la ASF.
Explicó que no todos los sujetos obligados publican la totalidad de sus contratos y llamó la atención sobre 2015, año electoral en el que los registros consultados muestran menos contratos.
“Estos números seguramente se van a mover con las investigaciones que está haciendo la Auditoría Superior de la Federación porque, como estamos usando fuentes abiertas, a veces no todos los sujetos obligados suben la información y no todos los contratos están arriba”, señaló. Añadió que los datos presentados constituyen un “piso” y que los montos seguramente se incrementarán.
En su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, pues durante su gestión al frente del máximo organismo electoral se otorgaron contratos que alcanzaron los 908 millones de pesos, la cantidad más alta asignada a las empresas de los hermanos Hernández Casillas, cifra que también podría verse incrementada conforme avancen las indagatorias.
El mismo Córdova Vianello reconoció que sí estuvo al tanto de las irregularidades con esos hermanos contratistas corruptos, pero dijo que a él no le tocaba investigarlos ni denunciarlos.
La jefa del Ejecutivo presentó un audio de una entrevista en la que el exconsejero presidente Códova Vianello reconoce la problemática que existía en la asignación de contratos; sin embargo, durante su gestión continuó la contratación de las mismas empresas.
“Hay un escándalo en los años 2000, en donde estaba involucrada una empresa que se llamaba Cartonera y que involucró a algunos funcionarios electorales locales del Estado de México, y si no me equivoco también en el estado de Guerrero. Eso provocó un escándalo, es cuando se empezó a señalar –estamos hablando hace más de 20 años– que en el mercado electoral […] había una especie de monopolio que implicaba algunas pocas empresas que prácticamente se repartían el mercado, eso es un problema que estaba ahí desde antes”, dijo el exconsejero Córdova.
Ante esta situación, la primera mandataria cuestionó: “¿Y por qué no hizo nada?”. Señaló que, aunque Lorenzo Córdova argumente que no era su responsabilidad, como presidente del INE tenía la facultad de revisar la actuación de los consejeros que él mismo nombró y establecer lineamientos si detectaba irregularidades en los organismos electorales locales, “tú tenías la capacidad de hacer la revisión, si sabías que había problemas con los organismos locales, ¿por qué no se definieron lineamientos?”, criticó.
Cuestionó además que las empresas contratistas fueran creadas por una persona que actualmente forma parte del partido político Somos, al que también pertenece Lorenzo Córdova, en referencia a Juan Carlos Padilla Aguilar.
Sheinbaum aseguró que las omisiones de los exconsejeros del INE permitieron que el esquema mediante el que operaban las empresas señaladas continuara reproduciéndose en la institución, “no pueden decir que ellos no tuvieron nada que ver, ellos constituyeron este esta mafia electoral que se reproducen entre ellos”.
Empresas simulaban competencia para obtener contratos electorales
Las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas se ponían de acuerdo para simular competencia en las licitaciones públicas, como parte de una estrategia para simular el precio más bajo y ganar el contrato, aunque todas tenían los mismos beneficiarios. Después, dispersaban el dinero público entre otras compañías para ocultar quién recibía finalmente los recursos, explicó Raquel Buenrostro.
“Como ellos tienen conocimiento de todas las empresas, simulaban con los precios y se ponían de acuerdo quién iba a ganar con la oferta más baja”, precisó la secretaria.
La revisión de las empresas mediante el Sistema Integral de Gestión Registral permitió identificar que las empresas estaban relacionadas con los Hernández Casillas mediante socios, administradores únicos y representantes legales.
José Alfredo Hernández Casillas heredó en años recientes el control formal de algunas compañías a sus hijos Raymundo Hernández Velázquez y Tatiana Patricia Hernández Velázquez. Entre los nombres identificados figuran Fernando Edgardo Hermosilla Contreras, relacionado familiarmente con Christian Josué, Fernando Fernández Parra y Gerardo Fernández Parra.
De acuerdo con Buenrostro, Raymundo Hernández Casillas participa en cuatro empresas, mientras que Tatiana Patricia Hernández Velázquez, hija de José Alfredo, también aparece en cuatro de ellas.
La funcionaria federal señaló que las investigaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera(UIF) detectaron que las compañías operaban como “empresas fachada”. Obtenían contratos con el INE y recibían los recursos públicos para transferirlos a otras empresas físicas y morales que los dispersarlos para dificultar su rastreo del beneficiario final.
En ese esquema, una compañía recibía el dinero y lo distribuía entre otras diez; éstas, a su vez, lo transferían a más sociedades. La multiplicación de operaciones buscaba ocultar la ruta de los recursos y a las personas que finalmente se beneficiaban, lo que es un claro delito de blanqueo de capitales.
Buenrostro indicó que las empresas no declaraban empleados ni acreditaban capacidad técnica para prestar los servicios contratados. Además, varias compartían domicilios y números telefónicos, características que, junto con la falta de personal, apuntan a que operaban como compañías fantasma.
En las rutas del dinero también se identificaron transferencias a personas de hasta 96 años o jóvenes de sólo 18 años. La funcionaria señaló que podrían tratarse de prestanombres o de casos de robo de identidad, aunque estas posibilidades deben ser investigadas.
El comportamiento de las operaciones, explicó, coincide con patrones de empresas utilizadas para el lavado de dinero y la emisión de facturas falsas. Añadió que el SAT ya había inhabilitado en años anteriores a algunas compañías del grupo por su presunta participación en esquemas de facturación simulada, mientras que la UIF mantiene investigaciones sobre sus movimientos financieros.
Sobre las responsabilidades institucionales, indicó que corresponde a la ASF y a la Contraloría Interna del INE investigar las posibles irregularidades en las contrataciones y determinar las sanciones administrativas. Si se acreditan posibles delitos, deberán presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y deslindar responsabilidades para imponer las sanciones penales correspondientes.
