Tras la democratización y la recuperación estratégica del Poder Judicial –repleto de corrupción–, toca el turno a la transformación de la Fiscalía General de la República. Esto abre la posibilidad de tener realmente una procuración de justicia que no sea obstaculizada por el PJF. Visto así, con la llegada de Ernestina Godoy estamos frente a una nueva etapa en la justicia en México, que ha iniciado con casos como el de la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte; y la revisión del expediente sobre la pensión de Pemex a la excolaboradora del gobierno de Fox y presidenta de MCCI, María Amparo Casar, judicializado desde septiembre pasado
A inicios de diciembre de 2025 se supo de la salida del ahora exfiscal Alejandro Gertz Manero, ampliamente criticado por sectores tanto de la derecha opositora, como de la izquierda y sectores afines al gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó –en su conferencia del 28 de noviembre, y a pregunta de Contralínea sobre agenda de temas prioritarios y sobre la nueva fase que se abría en la Fiscalía General de la República– varios asuntos que serán parte de la agenda de 2026, en materia de procuración de justicia: los temas prioritarios, la transformación de la fiscalía y los temas del gabinete de seguridad.
Al respecto, la presidenta Sheinbaum dijo: “a nosotros nos interesa mucho hacia adelante, o sea, a garantizar que muchas carpetas de investigación que están abiertas puedan llegar, o no, de acuerdo con las pruebas, a órdenes de aprehensión sobre distintos temas que nos van a ayudar a pacificar el país, a que haya menos violencia, de delincuencia organizada y también de delincuencia de cuello blanco”.
La declaración no es menor. Como se estableció mediáticamente, las críticas al ahora exfiscal general de la República por hacer perder siete años en procuración de justicia, en vincular a proceso a políticos con probables actos de corrupción, con las investigaciones –en plural– sobre el caso Ayotzinapa, así como carpetas por lavado de dinero, vínculos con el narcotráfico es apenas la punta del iceberg de la larga lista de carpetas que se encuentran en la FGR. Carpetas que se han engrosado en los últimos 7 años y otras que ya estaban desde antes.
Propios y extraños criticaron al doctor Alejandro Gertz, a quien se le asignará a una embajada. Los análisis han girado en torno a la falta de actuación del fiscal, los casos que no llegaron a buen puerto, la falta de coordinación con el gobierno federal, principalmente. Sin embargo, poco o nada se habló del poder judicial. ¿Qué tiene que ver el Poder Judicial en la actuación de la FGR? Todo. No hay procuración de justicia sin las distintas instancias del mismo.
Pensemos, por ejemplo, en los casos que la fiscalía abrió y en los cuales solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera se bloquearan cuentas de indiciados en carpetas de investigación. Lo que vino por parte del Poder Judicial fue el amparo para desbloquear las cuentas, tanto de integrantes del narcotráfico como de políticos mexicanos.
Aceptando incluso que la integración de carpetas de investigación tenía errores o carecía de pruebas, el Poder Judicial era un hoyo negro en el que se iba cualquier intento de procuración de justicia. ¿Se pudo avanzar en varios casos para alcanzar la justicia en casos como Ayotzinapa, Pegasus, políticos del viejo régimen con probables vínculos con el narcotráfico, o corrupción e incluso lavado de dinero? Desde luego, sin embargo ¿Qué hubiese sucedido si al tocar las puertas del Poder Judicial se desechan las causas judiciales, o no se encuentra culpabilidad o en su defecto, hubiesen operado las redes de poder político del mismo poder judicial que vimos, lo mismo dejó libres a generadores de violencia que liberó cuentas de presuntos implicados en lavado de dinero?
Era estratégico, primero, cambiar al Poder Judicial, limpiarlo mediante la elección del mismo y evitar los tantos vicios de procedimiento, así como otras “chicanadas” judiciales para procurar justicia. Por ello, la relevancia estratégica de la democratización del poder judicial y posteriormente cerrar una etapa en la FGR.
Por otro lado, parte de lo que se conoce como sector judicial es el mismo poder judicial, la FGR, las fiscalías estatales, las corporaciones policiales y de investigación, la UIF, así como los cuerpos forenses. Desde que se planteó la elección al poder judicial, uno de los tópicos relevantes era la revisión de la Ley de Amparo –la cual ya se reformó– y posteriormente, la revisión de la FGR.
Ese punto también lo mencionó en su conferencia la presidenta Sheinbaum: “yo pienso –es una opinión personal– que la Fiscalía requiere también de una transformación para el bien de México, que sea más transparente. Creo que eso le va a corresponder al fiscal o a la fiscal que vaya a llegar, que vaya a nombrar al Senado”.
Ese es el siguiente paso. Una vez aceptada la renuncia del fiscal y después de que Ernestina Godoy, exconsejera Jurídica de la Presidencia, fuese elegida como la primera mujer en presidir la FGR, corresponde plantear la modificación de la misma por varios motivos. Uno de ellos, plantear la necesaria ruptura con la planeación y estructura de la FGR que viene desde tiempos de Enrique Peña Nieto. En aquel entonces, la creación de la FGR contó con lobby de varias organizaciones no gubernamentales, algunas de ellas financiadas por Estados Unidos y, donde el mismo poder económico participó.
Como destacó en su participación en el Senado Ernestina Godoy, hoy el crimen opera con tecnologías sofisticadas, tiene presencia transnacional y cuenta con estructuras financieras complejas. Por lo tanto, se tiene que cambiar la concepción con respecto al crimen y el delito, a la existencia de una macrocriminalidad, delitos de alta complejidad que requieren de una “inteligencia institucional superior”.
En su intervención el 3 de diciembre en el Senado, Godoy destacó: “frente a esta realidad, lo digo con firmeza, una Fiscalía que actúa sola está destinada al fracaso. La autonomía se fortalece con coordinación, con inteligencia y con visión de Estado; es necesaria y se construye día a día, no sólo con las autoridades en materia de seguridad pública, sino también con las fiscalías locales, los organismos protectores de derechos humanos, las Comisiones Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas, entre otras instituciones”.
Por lo tanto, podríamos esperar no sólo una reforma a la misma FGR, sino también a las distintas fiscalías estatales para actualizarlas a la realidad criminal nacional e internacional. Este movimiento en la FGR se suma, al conjunto de reformas en materia de seguridad, en las instituciones de inteligencia que abonan a una interoperabilidad, coordinación y sobre todo, mayor peso de la inteligencia –que no espionaje– para atender la compleja situación en materia de seguridad, uno de los lastres que dejaron los gobiernos prianistas de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto.
Por último, están las prioridades del gabinete de seguridad que mencionó la presidenta Sheinbaum, los cuales ya anunció que se irán presentando en los meses por venir: contrabando de combustible, las factureras, lavado de dinero, corrupción. Varios de estos delitos, probablemente tocará las puertas de Acción Nacional, pues hay varias investigaciones periodísticas que dan cuenta de los presuntos nexos. Una de las últimas fue sobre Ricardo Anaya y la exfuncionaria del SAT María Angélica Martínez Reyes.
Por otra parte, Ernestina Godoy también dio signos de qué les interesa fortalecer: trata de personas, lavado de dinero, ciberdelincuencia, corrupción, tráfico de armas, de fentanilo, drogas sintéticas. Parte de esa agenda, toca desde luego los puntos de interés con Estados Unidos y del acuerdo en materia de seguridad, del cual, no se sabe mucho.
Visto así, se entiende de otra manera, por qué se termina una etapa en la Fiscalía y en 2026 tendremos la posibilidad de ver la coordinación de las instituciones del Estado para una justicia para todos, incluso, la revisión misma de los casos de presunta corrupción en tiempos de la 4T. Y en un año electoral.
